La Asoban emitió una postura con relación a las colocaciones que hace el Instituto de Previsión Social (IPS) en forma de certificados de depósito de ahorro (entre otros mecanismos) en el sistema financiero. Esto tras revelarse que el empresario Aldo “Acero” Zuccolillo recibió 32 millones de dólares de la previsional para depositar en su bando Atlas. La colocación de este monto le estará generando a una de las empresas del dueño del diario ABC Color, unos G. 31 mil millones en concepto de ganancias.

Sin embargo, el empresario critica duramente el crédito de US$ 67 millones otorgado por el IPS a la empresa telefónica Tigo, porque considera que va en contra de sus intereses económicos desconociendo la salud financiera de los fondos jubilatorios.

Al respecto, Asoban lamentó que los medios periodísticos (específicamente el diario La Nación) cuestionan esta colocación del dinero, ya que el IPS coloca sus fondos utilizando la metodología de licitación de fondos en el sistema financiero local, y que esto es “el destino natural”.

En cuanto al préstamo a la telefonía, que es competencia directa de la otra empresa de Zuccolillo (Personal), la asociación de bancos expresó que desde el punto de vista financiero/legal esperan que la operación cumpla con todos los parámetros que IPS tiene para la colocación de los fondos.

“A nuestro entender el IPS debió publicar el reglamento para estas operaciones para que todas las empresas interesadas pudieran tomar conocimiento y visualizar si califican”, reza parte del escrito difundido.

Así también, agrega que es preocupante que desde instancias gubernamentales se fomente lo que se conoce como “banca en la sombra”, consistente en operaciones fuera de las regulaciones financieras.

INCOHERENCIA DE ZUCCOLILLO

Por su parte, José María Agüero Halley, director-gerente general del Grupo Nación de Comunicaciones, contestó la misiva de Asoban mediante una nota, a través de la cual aclara que no se cuestiona la colocación de los fondos de IPS en el sistema financiero; pues siendo una entidad pública tiene un sistema competitivo para hacerlo; cuando se trata de pares como son los bancos y financieras que lo integran.

“Lo que se cuestiona es la actitud del dueño/accionista de un diario; de un banco y de una telefónica que pretende confundir a la opinión pública, para defender su negocio y su mercado, intentando impedir que IPS gestione mejor y más eficientemente sus riesgos en la colocación de fondos jubilatorios”, resaltó.

Agüero sostuvo que desde el medio periodístico no acompañan la postura del gremio, con relación a una banca de sombra. “Somos testigos de los esfuerzos que se han realizado desde el Gobierno Nacional para dotar de mayores atribuciones legales al Banco Central del Paraguay para poder combatir con mejores herramientas toda actividad de intermediación financiera en la sombra”, indicó.

El gerente de La Nación puntualizó que IPS no es un banco ni realiza intermediación financiera; es un ente previsional que debe generar renta, en condiciones de seguridad; garantía y rentabilidad; a través de cualquiera de las formas que la ley le permita.

A CONTINUACIÓN AMBOS ESCRITOS

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Esta mañana se reportó el ataque de una jauría de perros en una vivienda ubicada sobre la calle Nicolás Arguello del barrio Gral. Pablo Rojas de Ciudad del Este.

La víctima de este suceso fue identificada como Vitorina Ferreira, de 72 años, de nacionalidad brasileña, quien sufrió serias lesiones tras ser mordida por varios canes.

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Según el informe, unos seis perros de la raza Bulldog atacaron a la mujer cuando la misma había cruzado cerca del lugar donde se encontraban alimentándose.

Posteriormente, fue socorrida por bomberos voluntarios y trasladada de urgencia hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este para recibir atención médica.

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El Dr. Federico Schrodel, director del citado centro asistencial, confirmó al canal C9N que la anciana sufrió heridas desgarrantes a causa de las mordidas, a tal punto de perder gran parte de la piel.

Asimismo, precisó que, a raíz del estado en que llegó, la mujer fue ingresada a quirófano para ser sometida a una cirugía de urgencia. Luego de su intervención, se tendrá un mejor panorama sobre su condición, añadió.

La agente fiscal Reinalda Palacios, de Pedro Juan Caballero, representó al Ministerio Público en el  juicio oral en la causa por doble feminicidio que resultó en la condena de Pablino Giménez Ledesma y su hijo José David Giménez Romero, hallados culpables por la muerte de Patrocinia Romero y Noelia Giménez Romero, madre e hija.

Pablino Giménez fue sentenciado a cumplir una pena de 29 años y 6 meses, y su hijo cómplice a 10 años de privación de libertad.

El hecho fue descubierto en el mes de noviembre del 2021, en el asentamiento “Soberanía” del barrio Defensores del Chaco de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Según los antecedentes del hecho, Pablino asesinó a su esposa e hija con la ayuda de su hijo José en el mes de agosto del 2021, pero fue no fue hasta noviembre cuando fueron encontrados los cuerpos en el interior de la vivienda.

En ese entonces, el padre confesó que mató a su esposa e hija “por mandato de Dios”, ya que ambas estaban “endemoniadas” y para cometer el atroz hecho, pidió ayuda a su hijo, quien sujetó del brazo a su propia madre para que la pudiera matar.

“Por orden de Jesús sacrifiqué a mi hija porque tenía muchos espíritus malignos. Reprendí al demonio y le tapé la boca “, había dicho Pablino a los medios de prensa.

Ambos cumplirán su pena en la penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Ana Aguirre, presidenta, Mirna Soto y Marcelina Quintana, como miembros.

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El documento promovido por la Fiscalía General del Estado es contra la resolución del Senado por la cual se derogan los documentos que aprobaron los desafueros de los legisladores Erico Galeano, Rafael Filizzola y Hernán Rivas.

El argumento que sustenta la acción de constitucionalidad es que, con la resolución aludida se desvirtuó el debido proceso paralizándolos, cuando en su momento ya se otorgaron los desafueros.

Esta interrupción tiene efecto constitucional en el artículo 137 de la Carta Magna, donde, se estipula que “carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuesto a lo establecido en esta Constitución”.

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Otro artículo mencionado es el 248, donde se establece que el funcionario solo puede realizar los actos estrictamente legislador, con prohibición absoluta de lo no admitido.

Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos integran la Sala Constitucional de la Corte que deberá expedirse sobre esta acción.

Respecto a Celeste Amarilla, el escrito menciona que el Senado se excedió en sus atribuciones al rechazar el oficio que comunicaba la situación judicial de la legisladora y al no examinar el mérito sumario como lo indica el artículo 191 de la Constitución.