Cuatro meses y un día después de la desaparición de los jóvenes en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el fiscal general, Jesús Murillo, y el director de la agencia de investigación criminal, Tomás Zerón, ofrecieron una rueda de prensa para presentar las conclusiones del caso.

Pese a que solo uno de los restos encontrados en el basurero ha sido identificado, Murillo explicó que las pruebas científicas y periciales dan sustento a los testimonios de los autores materiales detenidos.

Entre ellos el de Felipe Rodríguez, alias el “Cepillo”, el último capturado, quien dirigió supuestamente la operación de asesinato e incineración de los 43 jóvenes, ordenando quemar todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos móviles.

El fiscal confirmó así que gracias a 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos “ha quedado acreditado” de modo “contundente” que los jóvenes fueron privados de la libertad por policías de Iguala y asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan por los criminales.

Aunque “cerrar el caso no es la palabra adecuada”, los elementos de la averiguación “son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron”, dijo Murillo, quien insistió en que hay muchos más indicios concluyentes “que en otros muchos casos”.

“Hay cuatro confesiones de autores materiales”, “confesiones de los policías que los trasladaron a ese lugar y se los entregaron a estas gentes” y, además, han sido identificados “plenamente” cuatro de los estudiantes.

Uno por un laboratorio de Austria que ha analizado algunos de los restos encontrados y los otros tres porque los asesinos los ubicaron en el lugar de los hechos, citando sus apodos, ya que fueron interrogados antes de matarlos al pensar que podían ser infiltrados del cártel rival de Los Rojos.

“En ninguno de los casos de los estudiantes hemos podido determinar si son parte de algún grupo delictivo”, explicó el fiscal, quien añadió que “la mayoría de ellos eran jóvenes que tenían deseos de ser maestros y de estudiar” y son “las víctimas más dolorosas de este proceso”.

Murillo aseguró que los normalistas “fueron muertos en las circunstancias descritas” por los detenidos, unos por asfixia en la camioneta antes de llegar al basurero -entre 15 y 18- y los otros a tiros, cuyos casquillos fueron encontrados en el terreno.

Las pruebas periciales, aseguró el fiscal, han confirmado que los jóvenes fueron quemados en una hoguera que alcanzó los 1.600 grados, gracias a la combustión de neumáticos y a la orografía del terreno, que alcanza los 40 metros de profundidad.

Esta perfecta combustión de más de 12 horas en un lugar que se asemejaba a un horno hizo que la mayoría de los restos que se encontraron en bolsas junto al río y en el lugar de la hoguera quedaran tan dañados que no se les puede extraer material genético para su identificación.

De estos restos, 17 fueron enviados a un laboratorio de Austria “porque eran los que mayor posibilidad tenían de ser identificados”.

Los forenses lograron la identificación solo de uno de los estudiantes, Alexander Mora, bajo métodos rutinarios, por lo que los otros 16 restos van ser sometidos a una técnica más prometedora, cuyos resultados tardarán “un buen tiempo”.

Murillo explicó que el caso tampoco está cerrado del todo porque aún hay seis órdenes de captura pendientes, entre ellas la del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, considerado una de las piezas “fundamentales” de lo ocurrido.

En total, hay 99 detenidos, entre ellos el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerados autores intelectuales de los hechos que desencadenaron la tragedia y miembros de Guerreros Unidos.

Según testigos, Abarca ordenó la noche del 26 de septiembre pasado atacar a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para evitar que arruinaran un acto de su esposa.

En el tiroteo murieron seis personas, incluidos tres normalistas, y 43 alumnos más fueron detenidos y entregados a Guerreros Unidos, según los testimonios citados por la Fiscalía.

Horas después, los padres de los desaparecidos ofrecieron hoy una conferencia de prensa en la que insistieron en que no hay pruebas científicas que confirmen que sus hijos fueron asesinados e incinerados como asegura la Fiscalía, a la que acusan de pretender cerrar el caso por la cercanía de las elecciones.

“No vamos a permitir que cierren las investigaciones con la sola declaración de los asesinos”, dijo el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz, y añadió que los padres van a mantener su lucha “hasta que se nos demuestre de manera científica” lo ocurrido.

Por su parte, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, dijo que el 2 y 3 de febrero viajará a Ginebra para denunciar al Gobierno ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, en el marco de la evaluación a México en la materia, y aseguró que en el caso ya se ve una “tendencia a la impunidad”.

Cirujanos estadounidenses han practicado el segundo trasplante de riñón de cerdo en la historia, en esta ocasión, a una mujer que padecía una combinación de insuficiencia cardíaca y renal. La complejidad de su caso requirió dos intervenciones en un lapso de 8 días, y primero se le colocó una bomba cardíaca artificial para reforzar su corazón debilitado.

Lisa Pisano, de 54 años y residente en Nueva Jersey, es la primera mujer en recibir un riñón de cerdo en Estados Unidos y también es la segunda persona viva a la que se ha sustituido su órgano urinario defectuoso por uno de origen animal.

El riñón se obtuvo de un cerdo modificado genéticamente, que sirvió también como donante del timo, un órgano del sistema inmunitario que los médicos consideraron imprescindible trasplantar para evitar que el organismo humano rechace el nuevo órgano.

“Estaba al final del camino”, comentó Pisano a AP. “Aproveché la oportunidad. En el peor de los casos, si no funcionara para mí, quizás funcionaría para otro y podría ayudar a la siguiente persona”, agregó.

La paciente muestra una mejora, ya que su riñón porcino comenzó a producir orina inmediatamente en el quirófano del Instituto Langone de Trasplantes de la Universidad de Nueva York, donde recibe el tratamiento.

Otro centro médico estadounidense, el Hospital General de Massachusetts, dio de alta a comienzos de abril a la primera persona que recibió un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente. El médico Tatsuo Kawai dijo que el paciente de 62 años había experimentado un susto de rechazo temprano en marzo, pero se recuperó y va bien cinco semanas después del trasplante.

La Policía brasileña investiga si hay alguna implicación en la muerte del policía militar Clédio Vilela Cardoso, de 53 años, quien, tras su muerte, fue devorado por perros en una finca de Pirenópolis, en la periferia del Distrito Federal.

Sus huesos fueron encontrados el domingo pasado por amigos que lo extrañaban en las misas de la iglesia. Los restos yacían en el suelo fuera de la casa junto a una mesa y una silla.

Según el jefe de policía Tibério Martins, la policía inicialmente creyó que Clédio estaba enfermo, ya que no había sangre aparente ni signos de violencia en el lugar. Sin embargo, la Policía está a la espera de los resultados del peritaje para determinar si hubo algún traumatismo y la participación de un delincuente.

“Los tejidos del cuerpo ya no se pueden analizar, pero la policía todavía puede comprobar los huesos para ver si hay algún traumatismo, fractura o signos de violencia externa. Si hay evidencia de que hubo actuación de terceros, la policía investigará para determinar detalladamente este hecho”, dijo el investigador.

Clédio ingresó en la Policía Militar en 2000 y, según el jefe de policía, actualmente estaba en reserva. Perdió a su hijo en 2019. Vivía solo en una finca en la zona rural de Pirenópolis y fue visto por última vez por un vecino el 8 de abril. El hombre había criado a seis perros, que llevaban dos semanas sin comer, por lo que se presume que los canes devoraron, por hambre, el cuerpo del hombre fallecido.

🔞🇧🇷 | Policía Militar brasileño fallece y su cuerpo es devorado por sus propios perros en la periferia del Distrito Federal.

Clédio Vilela Cardoso, de 53 años, vivía sólo en una granja, había criado a seis perros que llevaban dos semanas sin comer, la policía presume que los… pic.twitter.com/HRVV1QASG7

— ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) April 24, 2024

Fuente: AFP

Este tipo de sanción ha sido practicada sistemáticamente durante la era del chavismo, apuntando a dirigentes con amplia popularidad como Machado, quien ganó las primarias de la oposición y es favorita en las encuestas, pero quedó inelegible para los comicios del 28 de julio en los que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato.

Las sanciones fueron anunciadas por un período de 15 años para los alcaldes Elías Sayegh del municipio El Hatillo del Área Metropolitana de Caracas, y José Antonio Fernández López del municipio Los Salias del estado Miranda (centro).

También fueron inhabilitados por 15 años los exdiputados Tomás Guanipa y Carlos Ocariz, excalde del municipio Sucre (2008-2017), mientras que la sanción fue de 12 meses para el exparlamentario Juan Carlos Caldera. Todos copartidarios del dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, otro inhabilitado por la Contraloría, en 2017.

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Las resoluciones donde están asentadas las inhabilitaciones tienen fecha del 16 de abril de 2024, según el documento publicado por la Contraloría en su sitio oficial.

Capriles, Ocariz, Guanipa y Caldera forman parte del partido Primero Justicia (PJ), cuyo control fue otorgado al disidente José Brito, señalado como colaboracionista del gobierno, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tachado de ser afín al chavismo gobernante.

Los cinco inhabilitados son “potenciales candidatos a cargos regionales y parlamentarios”, indicó Eugenio Martínez, experto en temas electorales, en un mensaje en X.

En 2025 deben celebrarse elecciones a alcaldes y gobernadores en Venezuela.