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Abuso sexual, explotación laboral, tortura: 47 mil criadas/os piden atención

El último caso de la menor de 15 años que fue obligada a tomar soda cáustica destapó nuevamente la polémica sobre el criadazgo, una realidad arraigada desde hace tiempo en nuestro país y que no da señales de desaparecer.


Invisible. Es el término preferentemente utilizado para referirse al criadazgo, una práctica extendida y socialmente aceptada desde hace décadas, pero que en los últimos tiempos se ha visto expuesta debido a los casos de maltratos y abusos contra menores de edad por parte de sus “tutores”.

Mayormente son las niñas las principales afectadas por esta situación, aunque de igual manera existen casos de niños que también sufren como “criaditos” dentro de alguna familia extraña a la suya.

El criadazgo se da generalmente cuando un menor es entregado a otra familia de mayores recursos económicos para recibir todos los beneficios y comodidades que requiere, como educación, salud, alimentación, etc., a cambio de encargarse de las labores domésticas o ayudar con el cuidado de algún niño pequeño.

El aislamiento, la prohibición de relacionarse con otros vecinos, la pérdida del vínculo familiar y la identidad personal además de la ausencia de salario, son algunas de las problemáticas que acarrea consigo el criadazgo.

Bajo esta figura, existe un alto riesgo para las denominadas “criaditas” ya que se crean las condiciones para la explotación laboral en forma de servidumbre, además de maltratos y abusos, señala un artículo sobre trata de personas elaborado por el Centro de Estudios en Derechos de la Niñez, la Adolescencia, los Derechos Humanos y la Juventud (Ceniju) publicado en el informe Derechos Humanos en Paraguay 2016 de la Codehupy.

Según la Codehupy, el criadazgo está incluido en la lista de las peores formas de trabajo infantil. La promesa que reciben muchas madres de que sus hijas serán cuidadas y educadas correctamente, en ocasiones termina convirtiéndose en una falsa expectativa además de propiciar una situación de vulnerabilidad para el menor.

EDAD DE INICIO EN EL CRIADAZGO

Aníbal Cabrera es Director Ejecutivo de Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), una coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, vigilancia y protección de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en Paraguay.

Él señala que en esta práctica, normalmente la edad de inicio coincide con la etapa de escolarización. “Entre 6 o 7 años es la edad en la que tienen que ir a la escuela y a partir de ahí son entregados a los padrinos, a alguien de confianza o, en todo caso, a un conocido”.

En la mayoría de los episodios, los menores son dejados a familias de mayor posición económica que puedan hacerse cargo de sus necesidades. Cabrera refiere que este fenómeno está asociado a condiciones de pobreza y pobreza extrema, en familias de zonas rurales y suburbanas que tienen varios hijos.

ANTECEDENTES MÁS RECIENTES

Algunos de los casos que generaron mayor conmoción en la ciudadanía y están directamente vinculados con el criadazgo son:

*El caso de Carolina Marín, una joven de 14 años que vivía como “criadita” en una casa en la localidad de Vaquería y murió debido a los golpes que le propinó el dueño de la casa donde trabajaba, un militar retirado.

*El caso de una adolescente de 15 años de Pedro Juan Caballero que era abusada por el patrón y cuya esposa le hizo tragar de manera forzada soda cáustica, además de cortarle el cabello y raparle las cejas.

Varios medios internacionales se hicieron eco de estos y otros casos anteriores, desnudando la triste realidad del criadazgo en Paraguay que se ha convertido en una práctica común dentro de nuestra cultura, pese a los esfuerzos por erradicarla.

CARGA LABORAL PARA LOS NIÑOS

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Artículo 58 señala que “el adolescente trabajador que haya cumplido 14 años y hasta cumplir los 16 años no podrá trabajar más de 4 horas diarias ni 24 horas semanales”, así como que “tampoco será empleado durante la noche en un intervalo de 10 horas, que comprenderá entre las 20:00 a las 06:00”. Sobre este punto, Aníbal Cabrera expresa que normalmente los niños en situación de criadazgo son utilizados como empleados domésticos en una condición de semi esclavitud sin ser enviados a la escuela, incumpliendo aquella promesa inicial de que iban a recibir educación primaria.

Según una publicación del diario La Nación de Argentina, muchos de los niños que viven bajo este régimen no tienen la oportunidad de asistir a la escuela porque están obligados a cumplir con extensos y fatigosos horarios de trabajo.

Mabel Benegas, responsable de Políticas Públicas de Global Infancia, había señalado en una nota para la BBC: “Conocemos numerosos casos de niños que trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Muchos no tienen períodos de descanso y de recreación. Entonces, cuando van a la escuela ya están cansados o no tienen tiempo para las tareas escolares y terminan abandonando”.

ABUSO SEXUAL: UNA AMENAZA LATENTE

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) afirma que, bajo la figura de la “crianza”, niñas y adolescentes están expuestas a la explotación laboral, abusos y maltratos, además de ser vulnerables a todo tipo de violencia, sea física, emocional, sexual o laboral.

Aparte de esto, existe un alto riesgo de que las niñas lleguen a caer en redes de trata de personas. Una investigación de las Naciones Unidas vincula las situaciones de criadazgo con la trata con fines de explotación sexual. “Varias mujeres latinoamericanas que han sido rescatadas de España y Europa pudieron demostrar que, de cada 10 víctimas de trata, al menos 6 fueron previamente ‘criaditas’, es toda una cadena que se va dando desde que son niñas”, comentó.

ESTADÍSTICAS

En Paraguay, unos 47.000 niños se encuentran en situación de criadazgo, según datos publicados por Global Infancia tras un estudio realizado hace algunos años.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que a nivel mundial existen 15,5 millones de niños involucrados en el trabajo doméstico remunerado o no remunerado en el hogar de un tercero o empleador.

Una publicación realizada por el periódico español El Mundo afirma que el 73,4% de las criadas y criados procede de poblaciones del interior del país, de los cuales el 86,7% asiste a escuelas públicas. Esta cifra refleja la preocupante situación de un gran número de niños que, ante la falta de recursos económicos, no tienen otra opción que ser enviados para vivir en casas ajenas, sufriendo el desarraigo lejos de su familia.

Los menores que viven bajo criadazgo son cedidos casi siempre sin que exista un trato legal o documentación de por medio, no pudiendo considerarse como una forma de adopción. La fiscal Teresa Martínez de la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas asegura que ese es un error frecuente, ya que el proceso debe realizarse con la intervención de una autoridad judicial para que un niño puede ser desplazado de una familia a otra.

Aníbal Cabrera refiere que uno de los principales problemas es la falta de claridad de los datos referidos a trabajo infantil y criadazgo. “Hacer una encuesta o un censo tiene un alto costo y la inversión que hace Paraguay es muy baja”. asegura.

A su vez, señala nuestro país ha firmado convenios o tratados en varias oportunidades, los cuales deben convertirse en instrumentos de políticas públicas, pero que a veces no existe un presupuesto para el efecto. “Cómo vamos a aplicar efectivamente una política pública si no hay un presupuesto asignado”, comenta.

Para ilustrar la situación, dio el siguiente ejemplo: “Si decimos que hay 2 millones de niños en situación de pobreza, después de tener ese dato ¿qué hacemos para que esa cifra disminuya?. Normalmente ese dato se queda ahí, no hacemos nada”, lamenta Cabrera.

LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE CRIADAZGO

En los últimos años, Paraguay ha avanzado en la adopción de normas que permitan erradicar el criadazgo, incluyendo algunos convenios internacionales que sancionan el trabajo infantil además de iniciativas que se han presentado en el Congreso.

La fiscal Teresa Martínez de la Unidad Especializada en la Lucha Contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público aseguró que en la práctica, el criadazgo es una concepción social y no precisamente una definición jurídica, por lo tanto, no existe una tipificación específica que hable sobre eso.

“Cuando nos dicen criadazgo no se trata de un delito, tenemos que analizar si ese criadazgo se configura o no como trata de personas”, comenta.

La trata de personas se define como la captación de personas y el traslado con el propósito de su explotación. La agente del Ministerio Público señala que cuando se habla de niños que están en una familia que no es la suya y están en el servicio doméstico, casi siempre son casos de trata.

Para esta clase de casos, la expectativa de pena es de 8 años en el tipo penal base, pero con los agravantes puede llegar a los 20 años. Si la víctima es un niño, la pena va directamente hasta 20 años. Si hay una lesión o se produce un maltrato en el proceso de explotación, puede llegar a 15 años, comentó la fiscal Martínez.

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA ERRADICAR EL CRIADAZGO?

Pese a los esfuerzos realizados tanto por el Gobierno como por organizaciones civiles que trabajan en función de proteger y defender a los niños y niñas en Paraguay, el criadazgo sigue siendo un mal arraigado en nuestra sociedad que no da señales de acabarse.

Para Aníbal Cabrera, lo primero que debemos tener en cuenta como sociedad para erradicar el criadazgo es ver qué hay en nuestro entorno y cuestionarnos la normalización de esta práctica. “Actualmente creemos que son normales algunas cosas que ocurren, por ejemplo, ver a un niño en el semáforo vendiendo limones o pidiendo dinero. Hace 15 años nos llamaba la atención, pero hoy es parte del paisaje, ya está normalizado”, asegura.

Como segundo punto, insta a que nos preguntemos ¿dónde sería ideal que esté ese niño o niña?. “Hay gente que dice que el criadazgo funciona, pero el término ideal es preguntarnos en el lugar del niño dónde quisiera estar”.

Denunciar una situación de abuso o explotación que se enmarque como criadazgo es el tercer aspecto que recomienda Cabrera, dado que muchos casos no son denunciados por lo que él define como el “no te metas”, una cuestión que quedó de la época de la dictadura.

Las denuncias de cualquier situación que involucre a un menor pueden ser realizadas llamando al número 147 Fono Ayuda de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).

 

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En Guahory no aceptarán 'donación' de EPP, aseguran

La Federación Nacional Campesina (FNC) aseguró que los labriegos de la colonia Guahory, departamento de Caaguazú, no aceptarán los víveres que deberá entregar la familia del menor Franz Wiebe para que los criminales del norte lo liberen.


Teodolina Villalba, dirigente de la Federación Nacional Campesina, en conversación telefónica con la 650 AM se refirió al planteamiento realizado por los criminales a la familia Wiebe para liberar al secuestrado. Los malvivientes exigen que se entreguen víveres a dos comunidades pobres, en Concepción y Caaguazú.

La representante de los labriegos manifestó que repudian la extorsión de los secuestradores. “De ninguna manera los compañeros de Guahory aceptarán los alimentos. La posición de todos es de no aceptar”, ratificó.

Además de dicha localidad, los integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) solicitaron que entreguen los alimentos en Antebi Cue, por valor de 50.000 dólares, mismo monto que debe desembolsarse en Guahory, totalizando la suma de 100.000 dólares.

Franz Wiebe lleva 177 días secuestrado por los malvivientes, quienes amenazan con fusilamientos, en caso de no responder a la exigencia.

Este mismo modus operandi había empleado la banda con la familia de Arlan Fick. En abril de 2014, los padres y hermanas del joven repartieron víveres a pobladores de los asentamientos Nueva Fortuna, Núcleo 5 y Núcleo 6, en el departamento de Concepción.

 

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SEAM interviene plantación de arroz por supuestas irregularidades

La Secretaría del Ambiente (SEAM), intervino la excavación de suelo para toma de bombeo hacia una plantación de arroz por varias irregularidades.


La actividad agrícola que se estaba llevando a cabo en la ribera del río Yhaguy en Juan de Mena, departamento Cordillera, tuvo que ser suspendida por las infracciones a la Ley Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental y a la Ley 3239/07 De los Recursos Hídricos.

Luego de las denuncias realizadas por los pobladores de la zona, los profesionales de la SEAM se constituyeron al sitio, y pudieron constatar un movimiento de suelo y abertura de la ribera del río, siendo límites de abertura en el momento de verificación de una anchura aproximado de 16 metros con una profundidad de 2,5 metros, el cual conecta a un punto de bombeo por medio de un canal que ingresa del mencionado río, dicho punto de bombeo cuenta con una excavación de 900 metros cuadrados con una profundidad de 2,5 metros.

El lugar también cuenta con un canal de riego con las dimensiones de largo 6.000 metros, ancho 25 metros y profundidad 2,5 metros.

Según lo que comentó el encargado, se encuentran realizando los trabajos correspondientes para a habilitación de 1.900 hectáreas para la implementación del cultivo de arroz, contando con un reservorio de 350 hectáreas con 2,5 metros de altura.

PROCESO PARA UNA LICENCIA AMBIENTAL

En conversación con la redacción de HOY, el director de Recursos Hídricos de la SEAM David Fariña, explicó que generalmente los propietarios de los establecimientos piden una evaluación de la actividad agrícola que van a realizar, y plantean cuantos metros cúbicos de agua se va a necesitar en cada temporada de cultivo, por lo que la SEAM analiza la situación y otorga una licencia para desviar el agua del río, siempre y cuando no genere un daño ambiental.

En el caso de que no cuenten con la mencionada licencia, se someterán a un proceso jurídico en donde se realiza un sumario administrativo, y de confirmarse una infracción a las normas ambientales se paga una multa.

 

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Estafa a turista en Encarnación desata alerta en la zona

Una turista argentina denunció un posible caso de estafa después de realizar compras en el Circuito Comercial de Encarnación, la turista adquirió aparatos electrónicos por valor de 6.000 pesos sin embargo se percató que le habían debitado 10.800 pesos de su tarjeta.


La ciudadana argentina identificada como Patricia Cristina Rivas dio aviso a la comisaría segunda del barrio Buena Vista de Encarnación del supuesto caso de estafa, los agentes pudieron dialogar con el gerente del local Bariloche Electrónica, quien responsabilizó al funcionario por un aparente error, la denunciante llegó a un acuerdo amistoso con el gerente y le fue devuelto el dinero debitado en su totalidad según el Comisario Atilio Bazan.

La mujer había exigido aparentemente la factura al trabajador y este se negó a mostrarle, ese hecho fue lo que generó la duda de la turista quien posteriormente verificó su saldo y se percató que le habían debitado 4.800 pesos más de lo que debería haber abonado.

El comisario manifestó que se trata del primer caso en su jurisdicción pero que estarán alertas ante posibles intentos de fraudes a los turistas que realizan compras en locales comerciales de la ciudad que en su mayoría son ciudadanos argentinos.

 

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Fiscalía investigará denuncias sobre errores en planillas

La Fiscalía conformó un equipo de trabajo para investigar la veracidad de las denuncias por supuestas irregularidades en las firmas de las planillas para la enmienda constitucional.


Mediante una resolución, el Ministerio Público dispuso que conformen este equipo de trabajo los fiscales Ángel Ramírez y Rodolfo Centurión.

Ambos agentes indagarán sobre la supuesta producción de documentos no auténticos, denunciada por una ciudadana chilena, e investigar aquellas denuncias que guarden relación a supuestas irregularidades en las firmas de planillas para la enmienda constitucional, entregadas al Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Los intervinientes ya remitieron un oficio al TSJE, donde se solicita “previo análisis de las situaciones irregulares, así como de las inconsistencias detectadas en los archivos públicos, que eventualmente se vayan verificando durante el trabajo técnico-administrativo de verificación de los datos personales de cada ciudadano, los mismos sean remitidos al equipo fiscal de trabajo”.

Así también, a través de la resolución, se notificó a la Dirección de Denuncias Penales y a la Oficina de Denuncias Penales de la Sede 1, a fin de que se proceda al registro pertinente.