Una publicación realizada por el diario ABC Color menciona que los funcionarios públicos que sean beneficiados con alguna de las becas ofrecidas en el marco del programa Nacional de Becas Don Carlos Antonio López (BECAL) supuestamente podrán viajar a otro país para cursar sus estudios cobrando normalmente su salario mensual y, a la vez, el subsidio que otorga BECAL.

Esta información surgió en base a una modificación a la Ley de la Función Pública realizada en diciembre del año pasado. Anteriormente, se establecía que el funcionario podría contar con un permiso especial, sin goce de sueldo, en el caso de usufructuar una beca de estudios o capacitación.

El coordinador del Programa BECAL, Federico Mora, en charla con nuestra redacción aclaró que la modificación de los artículos 54 y 56 de la Ley 1626/00 de la Función Pública posibilitan que el permiso sea con goce de sueldo, debiendo el funcionario reintegrarse por un tiempo mínimo a la duración del permiso usufructuado.

A su vez, el programa BECAL contempla dentro de sus bases y condiciones lo siguiente:

“En caso en que el becario cuente con el financiamiento de otros programas y/o becas u otros similares, incluyendo el permiso con goce de sueldo como funcionario del Estado, el programa complementará ese beneficio hasta el tope establecido al país/ciudad correspondiente en el Anexo de la presente Guía de Bases y Condiciones. En caso de superar el monto máximo establecido, el beneficio no será otorgado por Becal”.

Sobre este punto, Mora expresó: “Lo que hacemos en BECAL es complementar lo que recibe el funcionario como salario en el marco de los beneficios que otorga la beca”.

Por lo tanto, el monto que cobra mensualmente el beneficiario no es una suma del sueldo y la manutención de 1.500 dólares brindada por BECAL, sino un complemento para alcanzar el tope establecido por el programa.

El poder Ejecutivo promulgó la Ley 5766/2016, que modifica los artículos 54 y 56 de la Ley 1626/00 “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, mediante la cual “se concederá permiso especial solo a los servidores públicos de carrera para usufructuar becas de capacitación o especialización profesional de postgrado en universidades o centros de formación terciaria de nivel equivalente en el exterior, por un plazo de hasta tres años prorrogables hasta un año más, o para realizar varias capacitaciones que en duración total no superen el mismo tiempo”.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.