Nacionales

Acusan a mujer por lavado de US$ 600 millones

La Fiscalía presentó hoy cargos contra Sady Elizabeth Caríssimo Báez por su supuesta participación en una red de blanqueo de capitales que envió 600 millones de dólares de forma irregular al extranjero.

Fuente: EFE

En el caso están imputadas otras 21 personas, la mayoría de las cuales están prófugas, según informó el Ministerio Público.

La Fiscalía mantiene que los encausados se dedicaban a blanquear capitales, ocultando el origen del dinero, mediante firmas "fantasma" desde las que enviaban fondos al extranjero.

La Casa de Cambios Forex S.A. supuestamente fue el nexo principal entre los bancos y esas empresas.

Caríssimo Báez fue presidenta desde 2010 a 2012 de una de las compañías presuntamente implicadas, Strong S.A., que mandó al exterior más de 292 millones de dólares a través de cuentas en los bancos Regional, Sudameris y BBVA para supuestos pagos para proveedores de mercancías, según la Fiscalía.

Sin embargo, las importaciones sumaron menos del 1% de esa cantidad, de acuerdo con la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay.

Caríssimo Báez está acusada de lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.

 

Nacionales

Amplían querella por muerte de menores en centro de Itauguá

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) presentó hoy una querella criminal contra dos exguardias y dos exresponsables de un centro de menores de Paraguay por su supuesta responsabilidad en la muerte de dos adolescentes durante un motín.

Fuente: EFE

Además la ministra de Justicia, Sheila Abed, dio a conocer en una entrevista radial que “hay muchas denuncias de abusos sexuales” dentro del Centro Educativo Itauguá, a unos 30 kilómetros de Asunción, y aseguró que están investigando “a fondo” la situación del reformatorio.

Los hechos denunciados en la querella presentada este martes ocurrieron el pasado 21 de abril, cuando los internos iniciaron una revuelta y quemaron varios colchones en los dos pabellones del Centro Educativo Itauguá.

Los guardias del centro intervinieron con apoyo de policías de la comisaría, momento en el que hubo un intento de fuga, al que reaccionaron efectuando disparos con balines de metal, que alcanzaron a dos adolescentes de 17 y 15 años, quienes fallecieron horas después en un hospital de Itauguá.

Los querellados por la CDIA, que actúa en nombre de las familias de los fallecidos, son los exguardias Juan Carlos Saucedo e Ignacio Franco; el exdirector interino Julio Cesar Bogado; y el exjefe de seguridad Fidelino Falacón.

La Fiscalía imputó en mayo por homicidio doloso a Saucedo y Franco, quienes los internos identificaron como autores de los disparos durante una audiencia preliminar.

La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), una organización no gubernamental que firma la querella junto a la CDIA, dijo en un comunicado que la acción busca sancionar a los responsables de las muertes y obtener reparación para las familias, así como la aplicación de medidas para que no se repitan situaciones similares.

Tra la muerte de los adolescentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, instó al Gobierno de Paraguay a investigar el caso y sancionar a los responsables.

En agosto, durante otro motín en el mismo centro, dos adolescentes murieron electrocutados cuando intentaban fugarse al trepar por una de las vallas electrificados.

Tras el motín se procedió al traslado de algunos menores a otros lugares del país con objeto de frenar la violencia y reducir el número de internos en ese centro, que tiene en la superpoblación su mayor problema.

En 2001 un incendio ocurrido en el mismo reformatorio causó la muerte a doce menores y resultaron heridos otros 40 adolescentes, lo que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a condenar al Estado paraguayo por la violación de derechos de estas personas.

La ministra Abed destacó que el reformatorio de Itauguá es el que más preocupación causa al Gobierno, “más aún tratándose de menores”.

La funcionaria recordó que el pasado domingo nombraron al quinto director nuevo del centro en un año tras detectar la condiciones “infrahumanas” de la alimentación a los internos.

 

Nacionales

Brutal agresión en colegio: suspenden a los autores

El colegio Nihon Gakko decidió suspender a los autores de la brutal agresión que sufrió un menor durante un partido de fútbol. La institución aclaró que el estudiante inició la pelea, contradiciendo la versión de la hermana del mismo.

Hermelinda Alvarenga de Ortega, directora pedagógica del colegio Nihon Gakko, de Fernando de la Mora, dijo a radio Ñanduti que los dos menores que golpearon brutalmente a su compañero dentro de la institución fueron suspendidos.

Comentó que dicha decisión se tomó en la reunión del consejo directivo del colegio. Indicó que ambos estudiantes no poseen antecedentes por lo que la regla establece dicha sanción, por lo que no serán echados. “Los jóvenes y los padres de familia son muy buenos”, aclaró.

Relató que el episodio del enfrentamiento ocurrió el lunes durante un partido de fútbol, cuando “hubo una falta, se cayó el chico que luego fue agredido”.

Señaló que en ese momento el afectado reaccionó ante la infracción de su compañero. Al instante, “dos alumnos se bajaron de la grada, y uno de los compañeros le agredió al joven”, indicó.

Alvarenga aseguró que inmediatamente dieron las primeras atenciones al menor agredido, luego convocaron a otros dos alumnos y se labró acta. Además se convocó a los familiares de los implicados en la gresca.

PROFESORES DEFENDIERON A AGRESORES

Por otro lado, la hermana con quien vive el afectado aseguró esta mañana que su hermano estaba sentado en una de las gradas tomando un descanso después del partido en el que su equipo resultó ganador.

Posteriormente, dos alumnos del equipo contrario se acercaron a él y comenzaron a cuestionarlo por su manera de jugar en la cancha. Seguidamente, le empujaron, le propinaron un golpe de puño en el ojo y lo echaron al suelo.

“En ese ínterin llegó el profesor de Educación Física y le agarró de la cintura mientras sus compañeros le seguían pegando, le patearon la cabeza, el cuello, y todo el cuerpo”, expresó la mujer.

Aseguró que los maestros protegieron a los agresores y que no tomaron ninguna medida disciplinaria para sancionarlos por la brutal golpiza. “El profesor me dijo, siempre el maleducado termina perdiendo y vaya profesor que tiene este colegio”, aseguró.

 

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Indígenas piden ayuda al Senado para frenar tala ilegal

Líderes indígenas ayoreo totobiegosode, único pueblo originario de Paraguay que aún tiene miembros no contactados, pidieron hoy al Senado paraguayo que frene la tala ilegal que según ellos la empresa brasileña Yaguarete Pora está llevando a cabo en los bosques de su territorio ancestral.

Fuente: EFE

Los portavoces de la comunidad llegados a Asunción instaron hoy a la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado a que presione al Ejecutivo para que detenga la deforestación por parte de la empresa ganadera, a la que acusan de destruir más de 40.000 hectáreas en connivencia con miembros del poder público, según denuncian.

"La deforestación continúa sin parar y genera malestar en nuestra comunidad, estamos preocupados por cómo afectará a los nuestros que están en el monte", dijo a Efe Tagüide Picanerai, uno de los líderes.

Los ayoreo, cuyo territorio tradicional abarca desde el sur de Bolivia hasta el sur del Chaco paraguayo, son el último pueblo indígena en América que queda fuera de la Amazonía con miembros que no han estado aún en contacto con personas externas a su comunidad.

La empresa brasileña destruyó 600 hectáreas de bosque en poco más de dos semanas en su territorio el mes pasado, según denuncian las organizaciones no gubernamentales Gente, Ambiente y Territorio (GAT) y Payipie Ichadie Totobiegosode, que supervisan la situación de los ayoreo con fotografías aéreas y de satélite.

Estudios geográficos, jurídicos y antropológicos demuestran que el territorio histórico de los ayoreo ocupa unas 550.000 hectáreas, que ellos reclaman al Estado desde 1993, cuando los primeros grupos comenzaron a abandonar su entorno natural huyendo de la tala ilegal, según dijo a Efe su abogado, Julio Duarte.

La empresa lleva talando desde hace más de un año sin tener la licencia ambiental en regla, ya que esta fue suspendida por la Justicia tras recibir la demanda de los ayoreo, según el letrado.

En enero pasado la estatal Secretaría del Ambiente (SEAM) renovó la licencia ambiental a Yaguarete Pora, a pesar de que existía una resolución anterior que condicionaba su renovación a que la empresa presentara un nuevo estudio de impacto ambiental, algo que nunca se produjo, dijo Duarte.

"Urge que la SEAM retire la licencia ambiental a Yaguareté Pora y urge que el Estado compre las tierras para el pueblo ayoreo totobiegosode, que es su hábitat natural", dijo hoy el senador de Avanza País, Miguel López Perito.

López Perito calificó de ilegal el proceso de deforestación en la zona y sostuvo que la empresa Yaguarete Pora "cuenta con protección del propio Poder Ejecutivo".

El senador dijo que la SEAM no ha respondido al pedido de información remitido desde la Cámara Alta sobre por qué se concedió esa licencia cuando se está produciendo el mencionado impacto ambiental.

La Secretaría del Ambiente tampoco ha respondido a numerosas peticiones de Efe para hablar sobre el caso.

Duarte destacó que han presentado el caso ante el Comité de Discriminación Racial de las Naciones Unidas y el Relator Especial sobre derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

"Hemos solicitado la intervención de Naciones Unidas a fin de que se requiera al Estado paraguayo la efectiva protección de los derechos de los totobiegosode, en particular relacionado con el territorio que ellos reclaman, cuya restitución reivindican hace más de 20 años ante instituciones del Estado paraguayo", explicó.

Duarte aseveró que, aunque los indígenas no renuncian a las 550.000 hectáreas originales, quieren garantizar unas 200.000 hectáreas para preservar su modo de vida, idioma, cultura y el hábitat natural.

 

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Caso Camila: remueven al juez que liberó varias veces a motochorros

Alberto Sosa Vera fue removido del cargo de juez penal de Garantías de la ciudad de Luque, luego de haber dado la libertad a dos motochorros en varias oportunidades. El caso se hizo conocido después de que los malvivientes hayan disparado a la universitaria Camila Cabriza.

Este martes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por unanimidad, resolvió remover del cargo al Juez Penal de Garantías de la ciudad de Luque, abogado Alberto Sosa Vera, por haberse comprobado que “incurrió en la causal de mal desempeño de funciones”.

El JEM, durante el enjuiciamiento, probó que el mismo luego de haber otorgado medidas sustitutivas a la prisión preventiva a un imputado de nombre Julio Aponte, lo benefició con las mismas medidas, pese a habérselo declarado en rebeldía por no presentarse a la audiencia fijada.

Además se comprobó que Sosa resolvió la extinción de la acción y el sobreseimiento definitivo del mismo y no revocó la suspensión condicional del procedimiento, por el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas al imputado, pues al beneficiado posteriormente se le sindicó la comisión de otros hechos punibles, en cuya causa le fuera decretada la prisión preventiva.

También Sosa dispuso medidas socioeducativas así como el arresto domiciliario, a favor de otro imputado de nombre Enrique Javier Marecos, dos días después de haber decretado la prisión preventiva del mismo sujeto pero en otra causa.

CASO CABRIZA

Las irregularidades salieron a luz luego del atentado que sufrió la universitaria Camila Cabriza en la ciudad de Luque. La mujer fue baleada en la cabeza cuando salía de su domicilio. Los acusados son Aponte y Marecos.

Afortunadamente la mujer pudo salir viva del incidente. Familiares y amigos calificaron la recuperación de la joven de “milagrosa”.