Ferreiro aseguró que no puede ser tomada como amenaza a la paz pública “a las manifestaciones ciudadanas”. El fiscal Cristhian Bernal imputó al estudiante chileno Patricio Flores, bajo esa tipificación, por participar de la manifestación de estudiantes secundarios el pasado 2 de octubre.

“Es un amedrentamiento innecesario, ilegal, autoritario, retrógrado”, sostuvo el senador hablando en 1080 AM. Aseguró que la amenaza a la paz pública debe ser algo que ponga en serio riesgo a los organismos de seguridad.

Ayer la Comisión Directiva del Senado recibió a Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado; Francisco De Vargas, ministro del Interior; Luis Rojas, titular de la Senad y Francisco Alvarenga, comandante de la Policía Nacional. Estos brindaron explicaciones sobre los últimos casos que involucran a las fuerzas de seguridad como a la Justicia.

“La amenaza a la paz pública no es cualquier manifestación pública, cualquier cosa (…) al hacer eso (al permitir esa tipificación), el fiscal general merece un juicio político”, afirmó el senador.

Entre los temas abordados en la reunión ayer figura las investigaciones del asesinato al periodista Pablo Medina y su asistente, Antonia Almada. Además, los citados explicaron sobre la actuación de policías y fiscales tras la manifestación del pasado 2 de octubre, de jóvenes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios de Paraguay (Fenaes), que ocuparon el recinto del Ministerio de Educación y Cultura en reclamo de reivindicaciones sobre educación pública.

FUNCIONARIADO, PRINCIPAL ORGANIZACIÓN DELICTIVA

De estar “pervertida”, calificó el senador Ferreiro, a la situación de los organismos de seguridad y de justicia.

Refirió que “la principal organización delictiva es el funcionariado”, porque es la encargada de manejar la justicia y la seguridad pero opera a favor del crimen organizado.

Criticó las manifestaciones del titular de la Senad, Luis Rojas, quien dijo en varias oportunidades que no basta con una denuncia pública de parlamentarios para iniciar una investigación fiscal seria a los señalados de estar implicados en el narcotráfico.

“Está tan pervertido todo que vienen y te dicen que la denuncia que no está en papel, firmada y sellada, no será investigada”, sostuvo. Explicó que este tipo de denuncias se perfilan “en lo que se llama la noticia crimini”.

“Si un vendedor de diario le dice a un policía: ‘allá se está haciendo tal delito’, ellos tienen que montar una guardia para investigar, ellos (las autoridades), sin embargo, hacen todo lo posible para no investigarlo”, ejemplificó.

El director de Migraciones, Jorge Kronawetter recibió en su despacho a representantes del Consulado de Brasil en nuestro país, ocasión en la que conversaron sobre la situación de los migrantes brasileños radicados en Paraguay, haciendo énfasis en los estudiantes que se encuentran, principalmente, en las ciudades fronterizas de los Departamentos de Amambay y Alto Paraná.

Las autoridades ratificaron su intención de cooperar en el intercambio de información y en el desarrollo de los procesos concernientes a la documentación de ciudadanos brasileños en el territorio nacional, incluyendo la promoción de las jornadas de regularización migratoria emprendidas por la DNM para facilitar los trámites de radicación de extranjeros.

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Estuvieron presentes Joao Carlos Beato Storti, ministro – consejero y cónsul general adjunto de la República Federativa de Brasil; Raquel Fernández Dutra Rosa, cónsul adjunta; y Raquel Oliveira, delegada consular.

Se estima que el 90% de los estudiantes de Medicina que cursan la carrera en universidades privadas paraguayas son brasileños, quienes aprovechan las facilidades para la matriculación y el menor costo en comparación con el vecino país.

La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo e inicialmente expresaba que los dispositivos sean costeados por los procesados, sin embargo, ese punto fue modificado en Diputados donde se determinó que es el Estado debe ser el encargado en financiarlo.

Ese mismo punto fue motivo de debate desde el 2017, año en el que fue promulgada la ley, pero no era posible aplicarla.

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Las tobilleras serán implementadas con la finalidad de mejorar el sistema de control para aquellos que cuentan con prisión domiciliaria. Está destinado para que sea utilizado de manera general, no solo con feminicidas.

Según el ministro del Interior, Enrique Riera, existen los recursos para un plan piloto para el uso de las tobilleras, por lo que, había destacado la importancia de avanzar con la reglamentación.

La inversión inicial para el plan piloto es de de USD 3 millones e implicaría la compra de un mínimo de 100 y un máximo de 3.000 dispositivos.

“Hasta el momento se reporta una PPL fallecida de nombre Pedro Javier Cabañas Florenciano”, informó el Ministerio de Justicia.

La cartera estatal indicó además que la situación en la penitenciaría de está controlada y agentes penitenciarios proceden en este momento a una requisa en los diferentes pabellones.

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Disparos al interior del penal de Pedro Juan Caballero movilizó a policías y militares de la ciudad, encendiendo la alerta de las autoridades.

Los primeros estruendos se oyeron alrededor de las 15:20 de este miércoles, y siguieron por varios minutos en un escenario de tensión.

🚨 AHORA | Reportan un violento enfrentamiento entre miembros del Clan Rotela y el PCC en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero.

📌 Informes indican que habría dos fallecidos. Ya fueron enviados refuerzos policiales y antimotines en el lugar.

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— Universo 970 AM (@Universo970py) April 24, 2024