Santiago Peña, integrante del directorio del Banco Central del Paraguay, sostuvo que la industria del dinero electrónico evoluciona rápidamente.

Expresó que el negocio de los giros ha sido una solución para muchas familias, ya que encontraron mucha facilidad a la hora de enviar dinero a zonas remotas.

Actualmente, las transferencias solo pueden hacerse entre usuarios de una misma compañía. El BCP apunta que esto cambie en el futuro y se dé paso a la interoperatividad entre distintas compañías

La banca matriz emitió este año una norma, que establece claramente que los participantes deben avanzar hacia un esquema que permita enviar dinero de una telefónica a otra.

Es decir, por ejemplo, que un usuario de Personal puede girar un monto equis a otro usuario de Tigo y viceversa.

Peña recordó que el Banco Central puede intervenir este negocio, en caso que existan prácticas monopólicas.

-REGLAMENTACIÓN PARA EL PAGO ELECTRÓNICO-

La resolución del BPC limita a 40 jornales (G. 2.806.240) los giros vía celular y el dinero en la billetera electrónica.

Las operaciones que excedan este monto deberán ser realizadas a través de las cuentas bancarias.

El límite para retirar una transferencia electrónica es de 72 horas; caso contrario, deberá ser remitida nuevamente al remitente o titular.

Según información publicada por medios argentinos, el ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo de la provincia de Río Negro, Federico Lutz, indicó en que, “el presidente de Paraguay llega con un grupo de funcionarios de incumbencia en la materia, para continuar con las conversaciones. Nosotros los invitamos, producto de una oferta de tecnología específica referida a radares”.

Cabe recordar que meses atrás, se llevó a cabo un encuentro bilateral entre el ministro de Defensa, Óscar González y su par argentino, Luis Petri, en el marco del plan de radarización del espacio aéreo paraguayo.

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En ese sentido, ambos ministros coinciden en el plan de “lucha transnacional contra el crimen organizado”.

La intención del gobierno paraguayo es adquirir nuevos radares 3D para la cobertura total del territorio nacional, más la modernización de la flota de intercepción con la compra de los Super Tucano.

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El presidente Peña, viajó a la ciudad argentina de Bariloche, para participar del Foro Empresarial Llao Llao, que contará además con la presencia de los mandatarios de la región.

El informe de la Presidencia de la República indica que primeramente el mandatario presenciará algunas de las disertaciones previstas en el marco del Foro, y luego asistirá a una recepción ofrecida por los organizadores.

La agente fiscal Vivian Coronel imputó a dos mujeres que presuntamente mantenían en régimen de servidumbre y de trabajo forzado a una adolescente de 15 años. Las mismas están identificadas como Olga Bogado Cubas (33) y Rufina Salinas Acuña (54), quienes enfrentan cargos por el hecho punible de trata de personas.

La primera se encuentra detenida con orden de prisión preventiva, mientras que la segunda está prófuga de la justicia con una orden de captura en su contra y requerimiento de rebeldía.

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Según la investigación fiscal, Rufina Salinas se hizo pasar por madre superiora de una falsa congregación denominada “Nuestra Señora de Caacupé” para presuntamente captar a una adolescente de 15 años que aspiraba a ser religiosa.

Inicialmente, Salinas llevó a la adolescente al lugar donde supuestamente operaba la congregación, ubicada en el kilómetro 14 de Acaray, a unos 2.000 metros de la Ruta PY02, en el distrito de Minga Guazú. Allí, la víctima permaneció durante ocho días antes de ser trasladada el a otro sitio llamado “Casa de la Reina de la Paz”, situado en las calles Florida y Laureles del barrio Molino de la ciudad de Luque, supuestamente para recibir formación como novicia religiosa.

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Sin embargo, en lugar de eso, la menor fue sometida a servidumbre y trabajo forzado por Olga Bogado Cubas, quien presuntamente la maltrataba física y psicológicamente. Presumiblemente le abofeteaba, le golpeaba en la nuca y le obligaba a besar el suelo hasta cien veces.

La fiscal Vivian Coronel solicitó además una reserva expresa para ampliar la imputación en caso de identificar nuevos participantes o cómplices.

Los técnicos verificaron aspectos financieros y bancabilidad del proyecto para ajustar el proceso de licitación a los lineamientos del nuevo Decreto Reglamentario N.º 1467/2024 “de la Ley de Participación Pública Privada (PPP)”.

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El análisis cuenta con el apoyo del consultor español Andrés Rebollo, reconocido experto en proyectos de Participación Público Privada con experiencia de más de 20 años en este campo, que también aportó sus ideas durante el encuentro.

El proyecto contempla la ampliación y mejoramiento de la Ruta PY01, desde Cuatro Mojones hasta la ciudad de Quiindy.

Hasta el momento, cinco consorcios viales ya precalificaron para participar de la licitación: Desarrollo Vial al Sur (Sacyr Concesiones S.L. y Ocho A S.A.); Rutas del Mercosur (Tecnoedil S.A., Alya Constructora S.A., Construpar S.A. y Semisa Infraestructura S.A.); AG – Tocsa (AG Construções e Serviços S.A. y Tocsa S.A.); Rutas del Sur (Cointer Concesiones S.L., Azvi S.A.U. y Constructora Heiseke S.A.); y Rutas del Sur (Acciona Concesiones S.L., Rovella Carranza S.A. y Concret Mix S.A.), involucrando así a un total de 14 firmas, entre ellas de Brasil y España.