La prevención del abuso sexual y del embarazo adolescente centrarán este lunes una reunión entre el Ministerio de Educación, el de Salud Pública y la estatal Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que contará con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

La reunión servirá como preparación para el lanzamiento del Marco Estratégico Regional de Prevención y Reducción del Embarazo Adolescente No Intencional, que se presentará en Paraguay el próximo 6 de junio, con presencia de autoridades del Cono Sur.

El ministerio recordó que cada día dan a luz dos niñas menores de 15 años en Paraguay, el país de la región con el segundo índice más alto de embarazo adolescente no intencional, según la fuente.

Además, los servicios de salud amigable e integral del Ministerio de Salud Pública (MSP) para personas de entre 10 y 19 años atienden cada semana un promedio de diez casos de violencia.

“Estas cifras visualizan la falta de acceso de las niñas y adolescentes a bienes y servicios que les permitan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y, además, constituyen una barrera para que las niñas ejerzan su derecho a la educación, a un desarrollo saludable y logren una transición exitosa hacia la vida adulta”, señaló el Ministerio.

El ente aseguró que el embarazo y la maternidad en la adolescencia son, en la gran mayoría de los casos, producto de la inequidad y la desigualdad, que puede ser social, territorial, étnica, cultural, económica, de género, o educativa, entre otras.

Agregó que, si bien la salida del sistema educativo es anterior al embarazo en la mayoría de los casos registrados en el Cono Sur, es necesario profundizar los esfuerzos para mantener o reinsertar a las adolescentes en riesgo de abandono escolar, y facilitar la continuidad escolar de las adolescentes embarazadas y madres.

En cuanto al área de salud adolescente, la estrategia del MSP para el periodo 2016-2021 comprende varios ejes, como la extensión a todo el país de los servicios amigables, con calidad, seguridad y calidez en la atención, o la introducción de métodos anticonceptivos como bienes de la canasta básica familiar.

Además, cuenta con guías para la atención sanitaria de niños, niñas y adolescentes, que respeten sus derechos, como su autonomía, su salud sexual y reproductiva, su derecho a ser escuchados, su derecho de participación, y el principio del interés superior del niño.

Los embarazos infantiles -en menores de 15 años- registraron un aumento del 62 % en la última década en Paraguay, según datos del UNFPA.

El UNFPA también advierte que el embarazo en niñas menores de 15 años, debido a su escaso desarrollo físico, conlleva graves riesgos para su salud, como abortos espontáneos, partos prematuros, hijos con bajo peso al nacer, mayor necesidad de cesárea o muerte durante el parto.

En Paraguay, la figura del aborto está prohibida en todos los casos, por lo que el riesgo físico y psicológico en niñas y adolescentes embarazadas es un problema para el país suramericano, donde el 17 % de las muertes maternas se produce en adolescentes.

En 2015, el relator de la ONU sobre el derecho a la salud, Dainius Puras, pidió a Paraguay que despenalice el aborto en los casos de violación y abuso sexual, con especial atención a los embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad.

La Cámara de Senadores convocó para este martes a una audiencia pública, con representantes tanto del sector público como privado, para analizar los alcances del proyecto de ley “Que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”.

Durante el evento, los senadores e invitados especiales expresaron sus posiciones respecto a esta propuesta legislativa, que plantea una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

El senador Enrique Salyn Buzarquis afirmó que, más que prohibir la actividad, se debe establecer un marco regulatorio más efectivo para impedir el robo de energía eléctrica. “Sería un trágico error castigar a las empresas legales”. En otro momento, habló sobre el impacto positivo mediante los ingresos obtenidos por las empresas legalmente constituidas, que abonan un precio diferencial por la energía suministrada.

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Uno de los que se expresó en contra del proyecto es el senador Eduardo Nakayama, quien considera imprudente la aprobación de una propuesta que impediría obtener más recursos para el país y promover el aumento de inversiones. “Tiene que haber un análisis previo”.

Por su parte, el senador José Oviedo explicó que no se puede prohibir la tenencia de criptomonedas, lo cual es uno de los errores conceptuales planteados en el documento. A su vez, adelantó que prepara otro proyecto que buscará regular el uso intensivo de energía eléctrica en el país.

Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, dijo que se debe analizar si es que los empresarios del rubro de criptominería quieren realizar una inversión a largo plazo y si quieren darle un valor social. “Es intolerable en un país como el nuestro el robo de energía, el que lo hace tiene que tener una sanción criminal”, añadió.

Asimismo, resaltó que desde el gobierno se apunta a promover una política tarifaria para esta y cualquier tipo de industria, además de fijar un marco normativo que permita determinar cuál es el tipo de inversión para promover el desarrollo del país. A su criterio, no será oportuno tomar una determinación tan radical como esta, por lo que insta a que se haga un análisis minucioso sobre los beneficios que podría traer la criptominería.

Víctor Arévalos, técnico especialista en máquinas mineradoras, aseguró que la suspensión de la criptominería podría poner en riesgo la inversión y generación de fuentes de trabajo, además del potencial de innovación que este sector puede aportar al país. “Las medidas propuestas podrían perjudicar a las empresas que intentan cumplir con las regulaciones, afectando a toda la industria detrás de ella”.

Ricardo Prieto, de la Cámara Paraguaya de Blockchain, sostuvo que un proyecto como este prácticamente “podría destruir todo lo que ha construido en este rubro”, tanto en Paraguay como a nivel mundial, por lo que lo considera como “un contrasentido”. Desde el gremio buscan aportar conocimiento y desarrollar el sistema de este nuevo modelo de negocios, agregó.

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Los representantes de la ANDE volvieron a hacer énfasis en la sustracción ilegal de energía, que genera pérdidas millonarias. En ese sentido, destacaron que las empresas legalmente constituidas y registradas permiten obtener un importante flujo de caja a la institución, por lo que el debate debe centrarse en el combate a la actividad ilegal.

Derlis Gregor, investigador en tecnología, aseguró que la suspensión de actividades de criptominería supondría pérdidas para las empresas y también para la propia ANDE, además de sobrevenir en disputas legales y demandas por incumplimiento. Concentrar los esfuerzos para combatir la ilegalidad sería mucho más efectivo, a su parecer, además de establecer un marco regulatorio para las nuevas granjas de criptominería.

“Es muy vergonzoso y lo digo como un legislador más y alguien que milita en el movimiento Honor Colorado. No podemos agredir a los trabajadores de prensa que están haciendo su trabajo”, declaró el senador Basilio Núñez, ante la consulta de su parecer sobre lo acontecido.

El referente del oficialismo y de HC, señaló que, a poco de recordarse el Día del Periodista, solamente puede calificar este hecho como lamentable y expresar su solidaridad con las comunicadoras agredidas.

“A Yamil le considero un amigo del movimiento, pero no tenemos que involucrar ni al movimiento ni al partido, es una cuestión personal y seguramente los diputados lo van a tratar mañana”, opinó Núñez.

Por su parte, Yamil Esgaib emitió un comunicado en el que sostiene que, su intención no fue ni será la de agredir a una mujer, sin embargo, aseguró ser víctima de hostigamientos y agresiones.

“Las imágenes registradas durante el incidente son prueba evidente del acoso y las agresiones verbales dirigidas tanto a mi hija como a mí”, afirmó.

Lejos de arrepentirse o pedir disculpas, el diputado Esgaib espera que el incidente “sirva” para reafirmar la importancia del respeto mutuo y para recordar la necesidad de la integridad periodística en el ejercicio de las funciones.

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Se trata del remolcador “Belén B” y una barcaza portacontenedores denominada “PAR 13001″ (la más grande, hoy día, en operación), cuyas incorporaciones representan la mayor inversión de la historia del sector naviero local, de unos USD 13 millones.

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Autorizadas en fecha 6 de marzo por la ministra Claudia Centurión mediante resolución ministerial N.º 206/2024, la firma Paranave S.A. de esta manera pone en operación sus dos nuevas unidades importadas de Malasia y que están pensadas para el transporte de contenedores de carga seca y refrigerada. Además, cuentan con tecnología de punta y cumplen estrictamente con las últimas reglamentaciones que rigen para la navegación internacional.

El director de la Marina Mercante, Patricio Ortega, informó que hoy día, la flota paraguaya cuenta con más de 2.500 unidades, por lo que es considerada la más grande en la modalidad de transporte de contenedores que actualmente navega la Hidrovía Paraguay – Paraná. “Paraguay y su comercio internacional dependen del 80% con la modalidad fluvial para la importación y exportación de productos, hecho que hace muy significativo el aporte de estas unidades”, subrayó.

El remolcador Belén B cuenta con una eslora (longitud) de 34 metros, una manga (ancho) de 10,5 metros y una potencia de 3.600 HP, mientras que PAR 13001 posee una eslora de 106 metros y una manga de 30 metros y cuenta con una capacidad de transporte de hasta 748 TEUs (unidad de medida expresada en contenedores) o unas 13.000 toneladas.

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