Rogelio Zoria, Domingo Zachelaridi y Hugo Rojas fueron sentenciados a 12 años de cárcel; Edison Torres a 10 años, Guido Aguilar a siete años y medio, y Néstor Villasboa a seis años, este último en calidad de cómplice.

En el juicio oral y público quedó demostrado que los uniformados actuaron con total agresividad y que persiguieron a Verónica Lugo desde Itá hasta su domicilio en Villa Elisa, según informó la periodista de Radio UNO, Noelia González.

El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por Óscar Rodríguez e integrado por Julio Granada y Leticia de Gásperi. Rodríguez calificó el caso como un “perro sin cadena”, concluyendo que los efectivos policiales tuvieron toda la intención de matar a la mujer.

“Estoy conforme con el tribunal, después de tantos años por fin de hizo justicia”, expresó Lugo quien comentó que durante estos años recibió terapia psicológica para superar el trauma y contó que ya se siente mejor.

Por su parte, el abogado Wilson Marinoni, también dijo estar satisfecho con la condena y sostuvo que espera que los policías puedan actuar en defensa y ya no en contra de la sociedad.

Los antecedentes indican que el caso se registró en el año 2008, cuando Verónica Lugo había estacionado su vehículo a un costado de la ruta, para realizar sus necesidad fisiológicas. Posteriormente, notó que una camioneta con las luces apagadas se aproximaba lentamente por lo que decidió subir de inmediato a su automóvil.

Seguidamente, los efectivos policiales utilizando la violencia, le exigieron que descienda del rodado. Sin embargo, por el susto decidió huir del lugar, tras lo cual se inició una persecución en la cual una de las balas impactó en Verónica.

Aún herida, la víctima logró llegar a su casa donde ingresó pidiendo auxilio. Cuando sus familiares intentaron ayudarla un policía la volvió a disparar en la espalda en presencia de sus parientes. Por fortuna, la mujer sobrevivió.

El fiscal Luis Trinidad Colmán imputó a Oscar Adrián Posteguillo Rojas (30), directivo de una firma de automotores, por el supuesto delito contra la autonomía sexual (acoso sexual) en perjuicio de una empleada de la firma.

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La denuncia fue radicada por la víctima que  señaló que los acosos se produjeron de manera sistemática desde dos meses antes de la presentación de la acción penal, en el interior de la firma denominada “HVN Automotores” de Ciudad del Este.

El imputado, quien por el período de 2 años se desempeñó como jefe de la víctima en el sector administrativo, y además es hermano del dueño de la empresa en cuestión, habría acosado sexualmente a la empleada en reiteradas ocasiones, pese a que era casado y sabiendo que la víctima también estaba en pareja.

En la carpeta de investigación fiscal obra la declaración testimonial pormenorizada de la víctima y otros compañeros de trabajo. Además de los informes y tratamientos psicológicos recibidos por la afectada como consecuencia de los hechos de acoso sexual.

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El fiscal solicitó la aplicación de medidas alternativas para el imputado, quien deberá cumplir con ciertas reglas de conducta, como fijar y mantener un domicilio determinado para todos los efectos legales, permanecer a disposición del Juzgado de Garantías y de la Fiscalía, la obligación de no ausentarse del país y la prestación de una caución real adecuada por el propio imputado o por otra persona solvente.

Un hombre resultó herido mientras estaba sentado frente a su vivienda. Se trata de Éver Walter Mereles Almirón, de 44 años, quien acusó una herida de bala perdida en la espalda.

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La víctima relató a los agentes policiales que se encontraba frente a su domicilio compartiendo una ronda de tragos con sus amigos, cuando en momento dado, sintió el impacto del arma de fuego, sin saber de dónde provino la bala.

En medio del susto y sin saber qué sucedió, rápidamente el hombre fue auxiliado por sus cercanos hasta el Centro de Salud local, para que reciba atención médica. El caso se informó a la fiscal de turno, María del Carmen Meza, para los procedimientos de rigor.

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Uno de los asuntos más conflictivos del sector público es el sistema de transporte, explotado por empresas privadas, pero sin que por ello desaparezca la condición de servicio público.

“Lo más apremiante es no ir a esperar un montón de tiempo y que no venga. Eso se traduce en la frecuencia, hoy le llamamos regulada, ese es el problema central sobre la mesa”, explicó el viceministro Emiliano Fernández, en una entrevista con radio Universo 970 AM -Nación Media.

En cuanto al argumento de los empresarios sobre la falta de pago del subsidio, el viceministro aseguró que el Gobierno está el día. Sin embargo, aclaró que el transporte público no es un negocio privado y que, cuando se asume un compromiso, no se puede condicionar el cumplimiento.

Otro de los pendientes es la renovación de flota, que, según Fernández, es uno de los procesos que tiene que suceder.

La misión de la nueva administración apunta a un sistema de transporte público amigable que hoy no existe y que le está fallando a la gente, a criterio del propio Fernández.

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Sobre este último punto, indicó que será el Estado el que ponga las reglas de juego y que los transportistas se unirán a eso.

FÓRMULA QUE PERMITA SUBSIDIO DIRECTO AL PASAJERO

Consultado sobre la posibilidad de aplicar un subsidio de forma directa al pasajero, a través del billetaje electrónico, contestó que hay muchas estrategias por plantear en ese sentido, pero a juzgar por su respuesta, nada en el corto plazo.

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