Los familiares de Leguizamón presentaron ante la CIDH una denuncia por violación del derecho a la vida, a la libertad de expresión y a las garantías y protección judiciales, que fue aceptada por ese ente de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó hoy el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP).

El caso, considerado el primer asesinato de un periodista en Paraguay en democracia, permanece impune más de 25 años después de los hechos y no se ha concluido una investigación que esclarezca el asesinato, por lo que la CIDH considera que existen indicios de violaciones a los derechos humanos de Leguizamón y de su familia.

La CIDH estudiará a fondo el caso y la posible responsabilidad del Estado en el asesinato del periodista, según un comunicado del SPP.

Los demandantes apuntan a que “existen indicios que apuntan a la responsabilidad intelectual por parte de empresarios locales y del presidente de la República de la época, Andrés Rodríguez (fallecido en 1997)” en el asesinato de Leguizamón.

Además, agregan que la investigación de los hechos “no fue conducida con la debida diligencia”, los familiares no pudieron participar en el proceso penal por razones de seguridad y a la fecha el crimen permanece “en la total impunidad”.

El Estado paraguayo, por su parte, alega que los hechos denunciados no son violaciones de los derechos humanos y que ningún agente del Estado se encuentra acusado de estar involucrado en el asesinato del periodista.

También niega que las autoridades realizaran acciones para impedir el trabajo de Leguizamón y puntualiza que ha investigado el homicidio de oficio y procesado a los sospechosos “hasta los límites de su jurisdicción”.

Si la CIDH considera que el Estado paraguayo cometió violaciones de derechos humanos en el caso de Leguizamón, recomendará al Gobierno de Paraguay que aplique medidas de no impunidad, reparatorias (indemnizaciones o reconocimiento público de responsabilidades), de no repetición y políticas públicas de protección a los periodistas.

En caso de que el Estado no cumpla con estas medidas, la causa se derivará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), encargada de dictar sentencias que condenan o absuelven a los Estados y que son de obligado cumplimiento.

Un total de 17 periodistas han sido asesinados en Paraguay desde 1991, el 40 % de ellos entre febrero de 2013 y junio de 2015, destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su último informe, publicado a mediados de abril.

La SIP advirtió del peligro del trabajo de los periodistas paraguayos en las zonas fronterizas con Brasil y Argentina, donde las organizaciones ligadas al narcotráfico “han permeado las instituciones políticas”.

El próximo miércoles se celebrará en el Congreso paraguayo una audiencia pública para discutir un anteproyecto de ley sobre la libertad de expresión y la protección a periodistas y trabajadores de la prensa.

La parte delantera de una camioneta donde se encuentra el motor, ardió en llamas esta mañana, pero gracias a la rápida acción del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, se logró sofocar las llamas antes de que el rodado sea consumido completamente por el fuego.

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De acuerdo al informe policial, se trata de una camioneta de la Marca Ford modelo Escape de clor negro, chapa UAE 592, propiedad de María Elena Barrios (47), de nacionalidad argentina, domiciliada en el barrio San Roque de Ciudad del Este.

La afectada manifestó a los intervinientes que minutos antes del incidente dejó su vehículo estacionado, poco después el guardia del recinto le avisó que su rodado se incendiaba.

Rápidamente se dio aviso a los bomberos voluntarios que lograron evitar que el fuego consuma por completo el automóvil.

Por el momento se desconoce cómo se originó el incendio, por lo que se procederá a la revisión para encontrar la causa.

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En entrevista con el canal GEN, Pavón señaló que las criptomonedas fueron ganando terreno en el mundo como una forma de dinero ante la decisión de muchas personas de “huir” de las interferencias gubernamentales. “La gente quiere tener una moneda digital que le permita hacer transacciones sin que tenga que ser interferido por cosas que tengan que ver con los gobiernos”.

Respecto a la instalación de granjas de criptominería en nuestro país, sostuvo que no se puede permitir que las mismas operen sin un rigor reglamentario o normativo, como sucede ahora mismo en Paraguay, ya que ello da pie a la comisión de delitos.

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El robo de energía eléctrica es justamente uno de los puntos sobre los que hizo énfasis. “Nos conviene instalar estas criptominerías dentro del marco normativo para que puedan pagar impuestos bajos, en relación a los dividendos que van consiguiendo”, afirmó.

Asimismo, el economista aseguró que, contrario a lo que algunos afirman, la criptominería sí promueve la generación de empleos, lo cual puede observarse en otros países donde este rubro mueve un importante mercado. “Lo que no se ve es el efecto multiplicador que puede generar”.

En ese orden de cosas, Pavón se muestra a favor de establecer una reglamentación o ley para regular la criptominería, aunque se opone al proyecto presentado en el Congreso que apunta a la prohibición temporal de dicha actividad.

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A su criterio, la minería de criptomonedas seguirá creciendo en Paraguay entre tanto se establezca un marco jurídico para su operatividad, por lo que plantea reglas claras para el sector. “Podemos ser un ejemplo a nivel mundial”.

A la par, hizo énfasis en la necesidad de que la ANDE promueva la legalización de quienes poseen conexiones clandestinas para la criptominería, a fin de generar mayores ganancias al Estado, aprovechando la capacidad energética de nuestro país.

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🗣️"No podemos permitir que las criptominerías se establezcan sin un rigor", @victorzpavon, abogado y economista.

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— Universo 970 AM (@Universo970py) April 25, 2024

“No vamos a cambiar la tarifa aprobada (la del 2023). El presidente Lula es intransigente en esto”, fue la respuesta contundente del titular de Minas y Energías de Brasil, Alexandre Silveira ayer 24 de abril, ante la consulta de medios de ese país.

Las consultas se hicieron luego de la reunión que Silveira mantuvo con Lula y el director brasileño de Itaipú Enio Verri en el Palacio de Planalto, donde conversaron sobre la situación financiera de la binacional, que tiene pendiente la fijación de la tarifa y la revisión del Anexo C.

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Pese a que descartó subir la tarifa que desde el 2023 se encuentra en USD 16.71 KW, Silveira aclaró que se estudian otras posibilidades para “satisfacer los intereses de Paraguay”, que pretende un precio más alto, el de 22.60, que se pagó durante varios años.

Según publica el medio Folha de Sao Paulo, una de las cartas sobre la mesa es la discusión del Costo Unitario de los Servicios Eléctricos, cuya definición permitiría compensar en parte las necesidades paraguayas en materia de inversión.

Desde la Cancillería Nacional de nuestro país informaron que esta semana o a más tardar la siguiente, se daría a conocer la tarifa consensuada de Itaipú. Muchos especulan que será este viernes. Sin embargo, estas nuevas declaraciones de los altos mandos de decisión en el Brasil hacen dudar de un acuerdo.

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