La comunidad, ubicada a 55 kilómetros de la carretera que conecta Pozo Colorado (Chaco paraguayo) y Concepción (norte), carece de vías de acceso, por lo que sus integrantes deben atravesar caminos privados de las fincas ganaderas de los alrededores para entrar o salir de su aldea, explicó Tierraviva en un comunicado.

La situación se ha agravado con las recientes inundaciones en la zona, que han provocado el desborde de varios riachuelos y han dejado aislada a la comunidad “en angustia y desconsuelo”, según la ONG.

“Tenemos 24.000 hectáreas de tierra, sin embargo estamos muriendo en aislamiento”, declaró el líder de la comunidad, Rosalino Moreira, que viajó a Asunción para exponer la situación de su comunidad a diversas autoridades, pero no logró que le recibieran.

Moreira afirmó que los problemas en su comunidad se están agudizando, ante la desesperación por la falta de alimentos y el brote de enfermedades que requieren intervención inmediata.

Sin embargo, las autoridades paraguayas “han puesto todo tipo de excusas para la omisión de auxilio” a la comunidad, según Tierraviva, y los pobladores se han visto obligados a presentar amparos judiciales para conseguir atención en casos de emergencia.

En la última ocasión, solicitaron el traslado de un adolescente de 13 años que padece tuberculosis y meningitis, y que se encuentra internado en un hospital a 30 kilómetros de Asunción, en estado de coma.

En este caso, las autoridades intervinieron para trasladar al joven, pero no regresaron para realizar controles al resto de los pobladores, pese al elevado riesgo de contagio de estas enfermedades.

“La comunidad Buena Vista necesita de una intervención estatal urgente e integral, un abordaje interdisciplinario, con planificación y ejecución perdurable en el tiempo, de modo que sea posible una restauración de las condiciones de vida de las personas y la promoción de un desarrollo pleno de la comunidad”, concluye Tierraviva.

La organización responsabiliza de estas condiciones al Estado paraguayo, y advierte de que tomará las medidas judiciales que correspondan para obtener una respuesta inmediata de las autoridades.

Las comunidades indígenas son, junto con las personas privadas de su libertad y los niños, uno de los grupos que mayor riesgo enfrenta de contraer tuberculosis en el país, según el Ministerio de Salud Pública.

La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales.

José Ocampos, actual titular de Capasa, explicó que el pasado jueves realizaron un inesperado arqueo en caja para constatar en físico un dinero que figuraba en el balance.

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Grande fue la sorpresa cuando exigieron a los responsables del área de Tesorería la llave de la caja fuerte y estos manifestaron que no la tenían en la oficina, sino en sus casas, por lo que, se retiraron para ir a buscarla.

Ante la llamativa demora de los funcionarios, se convocó a una escribana pública, auditoria, un cerrajero y a la propia Policía.

Ocampos comentó a la radio 1020 AM que, finalmente, en horas de la tardecita su pudo abrir la caja y descubrieron la inexistencia de 325 millones de guaraníes, solo encontraron 23.500 guaraníes. El hecho fue denunciado inmediatamente ante el Ministerio Público.

“Una sola persona era el encargado directo. Como se trata de un delito de acción penal pública, fruto de esto las investigaciones van a llegar a lo que todos presumimos y sabemos, que una sola persona no pudo ser participe de todo esto, confiamos en que todo se va a dilucidar”, expresó el titular de Capasa quien, además, agregó que hoy se devolvió el 60% del dinero.

Unos 200 millones de guaraníes fueron devueltos por un abogado, representante del encargado de Tesorería. Según expresó José Ocampos, se comprometieron, a través de una escritura pública, a devolver el resto del dinero la próxima semana.

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El agente fiscal Giovanni Grisetti, de la Sede 1 de Asunción, a cargo de la investigación, informó que el hombre hallado muerto, el pasado domingo 14 de abril; fue identificado como Luis Estigarribia Duarte, de 29 años.

El mismo es oriundo de la localidad Mbaracayú (Departamento de Alto Paraná), según reportes de la Policía Nacional.

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La representación fiscal, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a sus familiares y proceder a la entrega del cuerpo que permanece en la Morgue Judicial.

La vocera del Gobierno, Paula Carro, informó acerca de la primera reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) e indicó que el plan Hambre Cero es la máxima prioridad del presidente de la República.

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Adelantó que el proyecto pretende ser implementado en muchos distritos del país tras el receso de invierno, es decir, a partir de julio aproximadamente.

Actualmente, están ajustando todos los detalles para que pueda ser ejecutado tal como indica el plan en las instituciones públicas de los 22 municipios seleccionados por ser los más vulnerables del país.

En la reunión de hoy del CONAE, el Ejecutivo pidió acelerar la reglamentación de la Ley 7.264/24, que crea el programa “Hambre Cero en las Escuelas” y para la semana que viene está prevista una nueva reunión donde serán invitados los gobernadores.

La vocera Carro reiteró que los programas ejecutados con recursos del fondo ahora derogado no quedarán desfinanciados. Entre ellos se encuentran el de Arancel Cero, el fondo de Salud y recursos para proyectos de investigación y educación.

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