Concretamente el senador Wiens habló de la Universidad Sudamericana, una de las dos (la otra es Universidad Serrana) que mediante un proyecto de ley impulsado por el citado senador, buscan ser eliminadas por medio de la derogación de la normativa que las crearon.

La universidad Sudamericana ofrece la carrera de Medicina de manera irregular, según indicó en Cardinal AM el legislador.

“Esta universidad ya tuvo una intervención del Consejo Nacional de Educación Superior hace meses, pero mediante un amparo judicial, hizo que sea imposible que se le intervenga. Evidentemente tiene padrinos políticos muy fuertes” , expresó Wiens.

Afirmó que es muy peligroso que universidades ofrezcan carreras “tan delicadas” como Medicina sin ningún tipo de rigurosidad. “Rayan lo ridículo, lo absurdo, y hasta si se quiere criminal, esta clase de universidades que no reúnen los requisitos legales”, sostuvo.

“Ante la inacción de muchas autoridades en el ramo, vemos que la única salida va a ser la derogación de la ley que creó esta clase de universidades y darle un corte definitivo a esa clase de situaciones”, enfatizó Wiens.

Señaló que de todos los sectores políticos vienen los “padrinazgos” de estas instituciones que fueron creadas al solo efecto de “recaudar”, agregó.

Afirmó que la mitad de todos los universitarios del país están siendo estafados. “No podemos seguir estafando a tanta gente joven paraguaya. Hoy se habla de que existen 200.000 jóvenes estudiando una carrera universitaria y posiblemente por lo menos cerca de la mitad son estafados”, dijo el senador.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.