Pedro Villalba, gerente de Administración de Finanzas de la Admi­nistración Nacio­nal de Navegación y Puer­tos (ANNP), en entrevista con la 970 AM comentó que en el año 2011 durante la administración de Vidal Francia Zaracho se había firmado un contrato con la agroganadera Sanja Pytã S.A. para arrendar el puerto de Concepción por un plazo de 5 años.

Posteriormente cuando la actual administración asumió en el año 2013, se realizaron varias verificaciones junto con una auditoría interna mediante la cual se pudo comprobar el estado de abandono y dejadez en el mencionado puerto, así como el incumplimiento del contrato por parte de la firma Sanja Pytã, la cual figura a nombre de Eduardo Raúl Vierci Bertón, sobrino de Antonio J. Vierci.

En las imágenes publicadas por el diario La Nación se puede comprobar el estado de abandono de los silos del puerto de Concepción, así como de las oficinas administrativas y el muelle que estaba totalmente destruido. “Era prácticamente una terminal portuaria abandonada”, expresó Villalba.

Una auditoría interna de la ANNP que data de enero del 2014 reveló que no se efectuaron las inversiones previstas en el contrato de arrendamiento, motivo por el cual el directorio de la institución decidió rescindir el contrato con la empresa Sanja Pytâ, recordó el gerente de Administración de Finanzas de la ANNP.

“Se había planteado un juicio de desalojo a la anterior empresa, el mismo duró casi un año. Finalmente, la resolución del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 9no Turno resolvió favorablemente a favor de la ANNP, esto había ocurrido en el año 2015. A partir de ahí se volvió a tener posesión y dominio de la terminal portuaria”, manifestó.

Villalba aclaró que todas las cuestiones que tienen que ver con arrendamientos en las que las instituciones públicas como la Admi­nistración Nacio­nal de Navegación y Puer­tos, el Instituto de Previsión Social (IPS) y otras de similar naturaleza que tienen propiedades y deben explotarlas en función a su carta orgánica o a su misión, no se rigen bajo la ley de Contrataciones Públicas. En tal sentido, sostuvo que en el caso de la ANNP, su ley orgánica claramente establece que es una institución autárquica y está sujeta a las disposiciones del derecho privado.

A partir de esto parte la premisa de que la ANNP se rige automáticamente por las disposiciones del Código Civil Paraguayo en su Art. 2.230, con lo cual se justifica el modelo de operación que adopta la ANNP -expresó-, lo cual también está amparado en el decreto 12.297/08 que regula las tasas de prestaciones de servicios portuarios y establece que dicha institución “queda facultada para suscribir convenios de alianza comercial y de operativa estratégica con empresas del sector privado, que le permitan mejores condiciones para la prestación de servicios portuarios”.

El gerente de Administración de Finanzas de la ANNP manifestó que tanto la concesión a la firma Sanja Pytâ S.A. como al consorcio Baden S.A. fueron realizadas bajo la misma modalidad de “Alianza Operacional Estratégica”, con la única diferencia de que en administraciones anteriores esto se hacía directamente. A partir de esta nueva administración que asumió en el año 2013 se ha decido realizar la adjudicación bajo la figura del concurso público, por lo que se ha elaborado un pliego de bases y condiciones para las empresas oferentes, de manera a buscar la transparencia y publicidad para permitir la libre concurrencia.

Recordó que todo el proceso de concesión fue publicado en un diario de gran circulación de la capital. En tal sentido, participaron 10 empresas en el primer llamado y 3 empresas en el segundo.

Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.

El hecho ocurrió el pasado viernes 19 de abril poco después del mediodía en el barrio 6 de enero de la ciudad de Itauguá, donde la denunciada Dirma Crechi, atropelló al perro de la familia Medina, dejándolo a su “suerte”.

La familia del animal indica que la mujer ni siquiera se bajó del vehículo y que solo dijo que se le avise sobre los gastos. Inicialmente accedió a pagar la radiografía y la operación del perro, pero tal cosa no ocurrió hasta el momento.

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La misma se acercó hasta el domicilio de la familia afectada e hizo firmar un documento donde constaba que se hacía responsable de los gastos, pero sin entregar el dinero. Esta situación se dejó constancia en una denuncia radicada contra la mujer en la Comisaría 6 Central de Itauguá.

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“Mi mamá firmó pensando que le iba a dar el dinero para la operación, pero no fue así. Literalmente nos estafó”, comentó la denunciante, Sheyla Medina, propietaria del perro.

Dirma Crechi es la exesposa del futbolista paraguayo, Blas Riveros, quien había presentado una acción legal contra la misma por denuncia falsa.

El tema volvió al tapete tras el anuncio en Colombia que señala el interés del Departamento de Estado de EEUU, de extraditar a tres sicarios del exjefe antimafia paraguayo.

Si Ramón Emilio y Felipe Pérez Hoyos y Margareth Chacón son pasibles de ser extraditados, la presunción es que en el gobierno estadounidense existen elementos en contra de los mismos, y por extensión de evidencias, que podrían revelar la autoría moral del magnicidio.

Medios colombianos comenzaron a abrir debate en torno a si es o no factible que la DEA negocie con los sicarios de Pecci sobre la base de la recompensa que ofrece el gobierno estadounidense para develar al autor moral del crimen.

El sistema judicial norteamericano también contempla la figura del principio de oportunidad, que no es otra cosa que lograr que miembros de un complot criminal revelen al principal autor, a cambio de reducción de penas y compensación económica.

El Estado colombiano ha resuelto el cien por ciento de responsabilidades de la autoría material del asesinato. Y logró las condenas, en consecuencia. Sin embargo, la Fiscalía de ese país, expresó que la pesquisa no desveló al autor moral, y que esa parte corresponde a la justicia paraguaya, a partir de la convicción de que la orden de eliminar a Pecci, no surgió en Colombia, sino en Paraguay.

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