La abogada Yolanda Vázquez Bogado denunció ante el fiscal Marcelo Saldívar que en la zona este del país el esquema era comandado por el líder regional Alfredo “Freddy” Chamorro Monzón, aspirante colorado a la gobernación de Alto Paraná, además de Dejesús Ramírez, Carlos Fleitas y Samuel Bernal, quienes supuestamente se encargaban de engañar a las víctimas para abonar entre 250 a 2000 dólares a fin de ingresar al “grupo de emprendedores”.

La denunciante mencionó que en mayo pasado entregó 2.000 dólares a Ramírez con la promesa de recibir 170 dólares cada lunes durante 52 semanas sin hacer nada; que totalizaría 8.840 dólares en un año. Sin embargo, ni siquiera cobró por una semana debido a que el esquema colapsó al quedar sin fondos.

De acuerdo a Vanguardia, la afectada sostuvo que su colega Chamorro Monzón le había asegurado el éxito del negocio; pero después le dijo que la inversión era de alto riesgo y que si pretendía cobrar debía ingresar a otras personas en el esquema.

“Chamorro viajó con nuestra plata (de las víctimas) a San Pablo (Brasil) para reunirse con Danilo Santana (creador de D9) y nos dijo que van a reestructurar la empresa para seguir con los cobros. Pero nunca cobramos”, expresó.

Por su parte, el abogado Chamorro Monzón sostuvo que también fue víctima del esquema, ya que invirtió sumas millonarias en el negocio fallido. El precandidato a gobernador desmintió que haya inducido a otras personas a ingresar en “D9”, al tiempo de anunciar que también presentarán con otros afectados una denuncia penal contra los responsables del esquema con la intención de recuperar el dinero.

El letrado dijo que no descarta la posibilidad de presentar una querella criminal por presuntas difamación, calumnia e injuria contra su colega Vázquez Bogado por involucrarle en la masiva estafa.

“D9” es un esquema de estafa creado en 2016 por el conocido embaucador brasileño Danilo Santana, quien anteriormente ya había fundado otras empresas de red piramidal como “ONE THOR”, “IFREEX”, entre otras, para estafar a sus víctimas con la promesa de tener generosas ganancias -que superan 300 % de rentabilidad- a través de inversiones.

La investigación de la muerte de los militares que arrastrados por el raudal hasta el arroyo Lambaré el pasado 2 de noviembre, está prácticamente varada por errores de la propia justicia, según denuncian familiares de la Fuerza Pública.

Durante una entrevista en la radio Universo 970/Nación Media, la representante de los familiares, Nelly Cortesí, lamentó que hasta el momento no hay ningún castigo a los supuestos responsables de la desaparición de los sargentos.

El próximo 2 de mayo se cumplen 6 meses que los sargentos Alexis Sosa y Domingo Ríos, quienes circulaban en una camioneta rumbo al domicilio de un general, fueron arrastrados por el raudal. El vehículo terminó en el arroyo Lambaré, debido a que, la desembocadura no contaba con una valla de protección.

Ese hecho fue motivo para que, en diciembre, el jefe comunal sea imputado por homicidio culposo e intervención peligrosa en el tránsito terrestre.

Cortesí explicó que desde ese diciembre, la justicia envió 4 notificaciones para avanzar con la imputación del intendente, pero todas fueron comunicadas con “error”, las cuales frenaron el proceso.

“Notificar mal en cuatro ocasiones ya está de más, me parece que es una falta de respeto a la memoria de los militares fallecidos. No hay avances en la investigación, lastimosamente la justicia no está actuando como debería”, expresó Cortesí.

La imputada está identificada como Érika Melgarejo González (28), quien se encuentra privada de libertad y enfrenta cargos por los delitos de producción de riesgos comunes y amenaza de hecho punible.

El hecho ocurrió en una residencia donde funciona un consultorio odontológico ubicado en el kilómetro 5,5 del referido barrio de la capital del Alto Paraná, propiedad de la Dra. Myrian Vanesa Cabral González.

Según la investigación, la presunta autora llegó al lugar con un recipiente en mano que contenía combustible, tras cerciorarse de que nadie estaba dentro del local, derramó el líquido inflamable y le prendió fuego. Todo el movimiento de la sospechosa quedó registrado en la filmación del circuito cerrado del local.

La dueña del lugar, quien pudo observar a través de las grabaciones lo que estaba ocurriendo, acudió rápidamente hasta el sitio, donde fue agredida por la atacante, quien además la amenazó. La afectada alertó a los agentes policiales de la jurisdicción, quienes fueron al sitio y procedieron a la aprehensión de Melgarejo.

El asunto tendría como trasfondo una venganza contra los padres de la doctora Cabral, quienes tiempo atrás le habían alquilado una habitación a Melgarejo -que funciona al costado de la clínica odontológica- y luego la desalojaron por algunos problemas.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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