Tras lo ocurrido en Argentina, cuyo Congreso dio media sanción a un proyecto de ley que aborto legal, seguro y gratuito, en Paraguay también comenzó a hablarse sobre la posibilidad de que se debata sobre este conflictivo punto.

Para la senadora de izquierda, Esperanza Martínez (Frente Guasu), es necesario dar una respuesta a las mujeres que actualmente abortan de manera clandestina. Si bien aclaró que no está a favor del aborto, sí considera que las mujeres deben tener la opción de poder realizárselo de manera segura y de recibir educación sexual para una mejor planificación reproductiva.

La legisladora, quien también es doctora, indicó que todas las mujeres desean que las otras decidan por sí mismas lo que consideren mejor. “Hay situaciones de abortos y de salud reproductiva que ameritan dar una respuesta. Cuando se niega, se hace clandestinamente y este tipo de aborto figura en la tercera causa de muerte materna en nuestro país”, dijo.

Sostuvo que en nuestra sociedad hay una fuerte hipocresía social, porque nadie se hace responsable cuando se muere una mujer cuando se hace un aborto clandestinamente. Y agregó que existen profesionales médicos que sí practican a un alto costo a las personas de la alta sociedad.

Así también aclaró que la ley no es obligatoria para todas las mujeres. “Nadie las va a obligar a abortar, las que no quieren hacerlo, no se harán. No es una ley que diga que todas las embarazadas abortarán. Las que no quieren serán respetadas y amparadas por la Ley”, esgrimió.

A su vez, la senadora de derecha, Blanca Ovelar (ANR), preguntó por qué no se enfoca a la promoción de la vida y de la responsabilidad del hombre que es padre. ”Ahí hay cuestiones de educación, cuestiones de abandono, de permisividad, de iniciación sexual muy prematura, ausencia de un marco de principios y valores”, expresó.

Reconoció que el debate llegará tarde o temprano a nuestro país, y que espera que se llegue a un acuerdo, tomando como premisa la bioética, ya que no está de acuerdo con “reclamar como un derecho poder matar a tu descendencia y encima exigir que sea en los hospitales donde se lucha por preservar la vida y encima gratis”.

“Resulta que ahora, la modernidad significa, aceptar el fracaso de las instituciones de socialización, dar por hecho la vida de relación sin normas ni restricciones éticas, y ocultar esa dolorosa realidad con ribetes de legalidad! ¿Derecho? ¿Paridad? ¿Equidad?”, cuestionó.

Silvio Corbeta, fiscal de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos, formuló acusación y solicitó juicio oral y público para Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube.

Roa fue acusado por cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

En cuanto al empresario Koube, la acusación es por lavado de dinero, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

El documento consta de 117 páginas y queda a cargo del Juzgado Penal de Garantías, que, una vez recibidas todas las pruebas, deberá fijar fecha para el inicio del juzgamiento.

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El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Según la pesquisa, Koube entregó el yate al exministro de Emergencia Nacional como para de una coima para ganar al menos 10 licitaciones entre los años 2018 y 2021 por una suma que ronda los G. 16.000.000.000.

El empresario y el exministro abdista se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos, la obtención de una embarcación AZ 42, valuada en USD 450.000 y sumas de dinero.

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La Senad conformó un equipo destinado a la intervención de cultivos ilícitos de marihuana en un sector rural de Bella Vista Norte, en el cual se encontraban varios centros de producción de la droga compuestos por campamentos en los que se trabajaba el procesamiento de unas cuatro hectáreas de la hierba. En la acción fueron eliminadas alrededor de 15 toneladas del producto ilícito.

Los intervinientes fijaron la destrucción de cinco campamentos ubicados en un establecimiento rural, para posteriormente destinar esfuerzos a la erradicación de cuatro hectáreas de la droga.

El operativo no solo le limitó a la anulación de la superficie plantada sino también a la eliminación de 1.500 kilos de la droga puesta al secado y 1.940 kilos listos para el empaquetado.

En total el operativo supervisado por el fiscal Celso Morales sacó de circulación más de 15.000 kilos de marihuana.

Las Oficinas Regionales se encuentran trabajando coordinadamente en la localización y posterior desmantelamiento de los centros de procesamiento de cargas ilícitas. Oficinas como Bella Vista Norte y Pedro Juan Caballero planean dar fuerza a nuevas incursiones que se irán acompañando con investigaciones paralelas.

El fiscal Manuel Rojas Rodríguez imputó a tres hombres que fueron detenidos con más de 2.000 kilos de marihuana prensada durante un allanamiento realizado este martes por la noche en la capital del Alto Paraná y a la vez requirió la prisión preventiva de todos ellos.

Los presuntos narcotraficantes están identificados como Francisco Javier Martínez González (54), Kevin Gabriel Fernández Britos (20) y Blas Antonio Fernández Britos (44), quienes enfrentan cargos por los hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes y se encuentran privados de libertad, a cargo de la Justicia.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Jardín del Este del kilómetro 8 Acaray de Ciudad del Este, a las 20:00 horas aproximadamente, y estuvo encabezado por el fiscal Rojas Rodríguez, quien contó con el acompañamiento de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Durante el operativo, los intervinientes incautaron 2.076,800 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en 744 panes y 45 paquetes grandes. Asimismo, se requisaron un aparato celular y varios documentos, apareciendo los citados ciudadanos como los presuntos responsables de las sustancias incautadas, que estarían destinadas para su distribución y comercialización en la triple frontera.

Tanto los detenidos como el cargamento de drogas fueron remitidos hasta la base de la SENAD Regional, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

Basándose en los elementos de sospecha, el fiscal resolvió imputar a los tres hombres y solicitó al Juzgado la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar a fin de garantizar la sujeción de los imputados al proceso.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico solicitó tres meses de plazo para la conclusión de la investigación y la presentación del requerimiento conclusivo.

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