Acerca del secuestro del colono Peter Harden, ocurrido ayer en la estancia Santa Clara del distrito de Tacuatí, en el departamento de San Pedro, el fiscal general dijo que la investigación penal está a cargo del fiscal antisecuestros Joel Cazal.

“Desde nuestra función como institución de persecución penal de los hechos punibles, debemos apoyar la tarea de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el EPP, y lo estamos haciendo. Solamente el trabajo coordinado dará resultados positivos”, aseguró Javier Díaz Verón.

El representante indicó que el Ministerio Público tiene el resultado de 100% en materia de condenas (por secuestro), pero los operativos son un déficit y es una realidad que no se puede esconder. Ojalá podamos recuperar con vida a todos los secuestrados”, expresó.

La Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas, Antiterrorismo y Antisecuestro -durante el periodo de gestión 2011-2016 del fiscal general Javier Díaz Verón-, investigó 60 causas, y unas 106 personas recibieron castigo carcelario legal.

El doctor Rubén Román, jefe médico del Hospital Regional de Encarnación, confirmó que hace unos días recibieron a un menor de edad con quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo.

Se trata de un niño de 10 años oriundo de la localidad de San Pedro del Paraná, en el departamento de Itapúa, que sufrió un accidente hogareño en la cocina.

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“Aparentemente estaba cocinando huevo frito y en un momento le salpicó (el aceite)”, confirmó el galeno a la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Las zonas que resultaron más afectadas son el rostro, el torso y el brazo izquierdo, esto luego de que se le haya derramado encima el líquido hirviendo.

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El pequeño paciente recibió los primeros auxilios y la curación para sus quemaduras, además de analgésicos para aliviar el dolor. De momento, permanece estable y fuera de peligro.

Román indicó que el menor sería dado de alta en unos días y que podría quedar con algunas cicatrices, aunque existen bajas probabilidades de que tenga otra secuela.

La propuesta tuvo origen en la Cámara de Senadores y luego del visto bueno de la Cámara de Diputados, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Legisladores que se manifestaron a favor de la propuesta señalaron que la sanción marcará un hito, pues será el primer convenio tributario de este tipo entre Paraguay y un país miembro de la Unión Europea, lo que contribuirá al comercio entre los países.

El diputado colorado Juan Manuel Añazco, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, recomendó la aprobación de la iniciativa, teniendo en cuenta que este convenio facilitará la recepción y la promoción de las inversiones extranjeras.

“El presente convenio tiene por objeto evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta; y de esa manera facilitar el comercio transfronterizo y la inversión”, manifestó el legislador.

El fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

Un Tribunal condenó hoy a la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, a 4 años de pena privativa de libertad y a su esposo José Costa Perdomo, a 3 años 9 meses de cárcel, por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000.

Los encausados formaban parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del Covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo del 2020.

El Colegiado dispuso que Samudio y su marido deban presentar en el lapso de un mes, una fianza de 400 millones de guaraníes cada uno en el marco de la aplicación de las medidas alternativas a la prisión. En principio de la causa, la caución era de 50 millones de guaraníes, y fue aumentada a la suma actual ante un eventual peligro de fuga.