La misiva lleva la firma de Monseñor Francisco Javier Pistilli Scorzara, responsable de la Diócesis de la Santísima Encarnación. Señala que el religioso en cuestión es muy apreciado por los fieles y el clero, y que en su ministerio manifestó mucha dedicación al bien común, en especial en el sector rural y campesino.

El padre Aurelio Martínez es actualmente párroco de San Juan Bautista de Yatytay (a 120 km de la capital de Itapúa) y sus declaraciones fueron filmadas durante un encuentro de campesinos en Pirapey, realizado en el marco de la protesta que ese sector sostuvo por 23 días.

“Como Obispo de la Diócesis de la Santísima Encarnación debo decir que el mismo actuó por iniciativa privada, sin mandato del Obispo y que sus declaraciones no pueden ser interpretadas como la opinión de la Iglesia”, expresa el documento.

Agrega que los curas rezan por todos, incluso por los gobernantes, y que en consecuencia “la oración no debe ser orientada a proyectos electorales particulares ni contener propuestas personales respecto de los gobiernos”.

Enfatiza que todo sacerdote recibió el ministerio “para evangelizar, para cuidar del rebaño de Cristo, para edificar la Iglesia y promover el bien común”. “La situación campesina no es ajena a nuestras preocupaciones, es parte de nuestras oraciones constantes. La Pastoral Social de nuestra Diócesis, desde la reflexión y la acción, busca acompañar, iluminar y ayudar a la vida de nuestros hermanos campesinos. Puede que sea poco aun lo que hacemos, nunca es suficiente, pero estamos creciendo”, añade en otro momento.

El obispo encarnaceno termina pidiendo a todos ” un ánimo sereno y un profundo respeto de las personas y de la paz social”. “Sigamos construyendo nuestra Patria promoviendo el bienestar y la justicia, arraigados en la misericordia de unos con otros”, reza en la parte final del comunicado.

VIDEO DEL ESCÁNDALO

En la sesión de ayer, el diputado colorado Walter Harms denunció al sacerdote Aurelio Martínez por “desviarse” del camino religioso y solicitar la renuncia del presidente de la República, Horacio Cartes. El cura, por su parte, pidió declarar la guerra pero sin derramar la sangre de ningún paraguayo.

El parlamentario mostró un video a sus colegas, donde se observa al cura pidiendo a gritos que renuncie el presidente Horacio Cartes sin que exista un derramamiento de sangre. “Me pidió la gente que haga público esto porque no corresponde”, sostuvo Harms.

El colorado reconoció que todos los ciudadanos tienen derecho a criticar, peticionar y no estar de acuerdo con las políticas de Gobierno, pero apuntó que los integrantes de la Iglesia Católica están para otra cosa. “Pedimos a los sacerdotes que no desvíen su camino”, expresó.

El legislador pidió a los sacerdotes que quieran inmiscuirse en la vida partidaria que dejen la sotana y bajen al “fango de la política”. “Que dejen la vida que prometieron, consagrar a Dios y predicar su palabra y se dediquen a la política”, afirmó.

“QUE RENUNCIE”

“Pido en este momento que el pueblo paraguayo declare la renuncia de Horacio Cartes”, expresó Martínez ante un grupo de campesinos, según el video. Confesó ante los presentes que decidió dejar su púlpito para exigir la dimisión de Cartes, ya que “en la iglesia muchos no escucharán”. Agregó que “hay que declarar la guerra pero sin derramar sangre”, hasta que renuncie el jefe de Estado.

“Ya no tiene nada que hacer en la Presidencia (por HC), tiene que darse cuenta y renunciar, sin que se derrame la sangre de ningún paraguayo. Muchos dicen que los sacerdotes no deben hablar así pero hay que decir las cosas malas, por eso vine con ustedes para aportar mi grano de arena”, señaló en otro momento.

El sacerdote Aurelio Martínez conversó con HOY y manifestó que ya recibió el apoyo de varios diputados, luego de la acusación que hizo en su contra Walter Harms. Precisó que uno de los que se puso a su disposición fue el congresista Olimpio Rojas.

Indicó que se mantiene en la postura que Horacio Cartes debe dar un paso al costado. “Para el 90 % de los paraguayos ya no hace nada, para el campesinado no da respuesta. En mi zona se siente, escuchó todos los días el clamor de mi gente”, declaró a nuestra redacción.

Afirmó que Harms es una “herencia de Stroessner (Alfredo)” y que poco o nada sabe de la realidad del departamento de Itapúa. Aclaró que el pedido realizado no fue en nombre de la Iglesia paraguaya sino a título personal. También enfatizó que no simpatiza con el Frente Guasu y que tampoco piensa dejar el sacerdocio como lo hizo Fernando Lugo.

“Estoy a favor del pueblo, ojalá todos los sacerdotes sigan mi ejemplo. Esto no es política, es defender al pueblo, el papa Francisco pidió ‘tener olor a las ovejas’ y eso yo hago”, sentenció. Martínez ejerce el ministerio desde hace nueve años, de los cuales tres pasó en Ciudad del Este, once en San Pedro del Paraná y los últimos cinco años en Yatytay.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.