En sesión ordinaria, los diputados nacionales analizaron el pedido de quite de los fueros del contralor Óscar Velázquez y la subcontralora, Nancy Torreblanca, que fue solicitado por el juez Alcides Corbeta para llevar adelante las investigaciones por el caso de la “secretaria de oro”.

Durante el debate, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja expuso su dictamen a favor del desafuero de los encargados de la Contraloría.

El diputado colorado Óscar Tuma indicó que la inmunidad del cual gozan los citados pueden ser objeto de la remoción a través del juicio político. Adelantó que iba a abstenerse a votar.

El congresista Bernardo Villalba pidió a sus colegas que voten a favor, y argumentó que no está mal quitar la inmunidad al Contralor para no quedar como que lo protegen.

Por otra parte, el liberal Victor Ríos dijo que le preocupa la situación que se está analizando. “Vamos a quitarles los fueros, que nos los tiene, para que no hablen mal de nosotros”, argumentó.

Lamentó que los fiscales y jueces no leen la Constitución Nacional, porque allí se aclara que el Contralor tiene el mismo rango de los magistrados judiciales, quienes únicamente no pueden ser juzgados por las opiniones vertidas durante sus funciones.

“Esta irresponsabilidad nos somete a esta situación, todos sabemos que esto no constituye y tenemos que disimular que lo desaforamos para no quedar mal. Esto no debe repetirse mientras no se cambie el texto constitucional”, lanzó.

Los diputados Ramón Romero Roa y Amado Florentín apelaron a la voluntad política para acompañar la solicitud de la justicia.

Finalmente, los parlamentarios aprobaron el quite de los fueros del contralor general Óscar Velázquez y de la subcontralora, Nancy Torreblanca.

Óscar Velázquez nunca dio explicaciones a la prensa luego de que llegaran a los medios los siderales montos que se pagaba en la institución a su secretaria “VIP”, Liz Paola Duarte.

También, Nancy Torreblanca, fue parte del revuelo, cuando se publicó sobre supuestos pagos a sus empleados particulares con dinero de la institución estatal, haciéndolos pasar como funcionarios.

En concepto de cesión de energía, la deuda de Argentina con Paraguay asciende a 123 millones de dólares, mientras que, la deuda por gasto de funcionamiento es de 85 millones de dólares, lo que en total suma 208 millones de dólares.

“Estamos teniendo un desembolso bastante bajo. En enero, 12 millones de dólares, febrero de 8 millones y en marzo de 6 millones”, confirmó el director paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez, en una entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media.

Lo correspondiente a abril se espera para los próximos días. Mientras tanto, los gastos se van cubriendo con lo que consume la ANDE de energía, que, en porcentaje se encuentra en segundo lugar detrás de Itaipú.

Respecto al acuerdo Cartes-Macri, que establece los mecanismos financieros para el funcionamiento de la entidad, el documento nunca fue aprobado por el Congreso argentino, pero el actual presidente Javier Milei se comprometió a impulsarlo.

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Al margen de lo que se resuelva, Paraguay necesita que Argentina aumente el desembolso mensual, ya que, pese a los bajos pagos, continúan retirando energía con normalidad, pero a un precio totalmente subsidiado, pues el Ministerio de Economía de Argentina no está pagando la diferencia.

Se maneja la información, según el director paraguayo, que para mediados de año mejoraría la situación en general en la margen izquierda.

REPERCUSIÓN

Con este déficit, Yacyretá no puede asumir nuevos compromisos, pues a duras penas cumple con los que ya tiene. También arrastra atrasos con sus proveedores, no obstante, realiza pequeños desembolsos mensuales.

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El fiscal Luis Trinidad Colmán imputó a Oscar Adrián Posteguillo Rojas (30), directivo de una firma de automotores, por el supuesto delito contra la autonomía sexual (acoso sexual) en perjuicio de una empleada de la firma.

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La denuncia fue radicada por la víctima que  señaló que los acosos se produjeron de manera sistemática desde dos meses antes de la presentación de la acción penal, en el interior de la firma denominada “HVN Automotores” de Ciudad del Este.

El imputado, quien por el período de 2 años se desempeñó como jefe de la víctima en el sector administrativo, y además es hermano del dueño de la empresa en cuestión, habría acosado sexualmente a la empleada en reiteradas ocasiones, pese a que era casado y sabiendo que la víctima también estaba en pareja.

En la carpeta de investigación fiscal obra la declaración testimonial pormenorizada de la víctima y otros compañeros de trabajo. Además de los informes y tratamientos psicológicos recibidos por la afectada como consecuencia de los hechos de acoso sexual.

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El fiscal solicitó la aplicación de medidas alternativas para el imputado, quien deberá cumplir con ciertas reglas de conducta, como fijar y mantener un domicilio determinado para todos los efectos legales, permanecer a disposición del Juzgado de Garantías y de la Fiscalía, la obligación de no ausentarse del país y la prestación de una caución real adecuada por el propio imputado o por otra persona solvente.

Un hombre resultó herido mientras estaba sentado frente a su vivienda. Se trata de Éver Walter Mereles Almirón, de 44 años, quien acusó una herida de bala perdida en la espalda.

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La víctima relató a los agentes policiales que se encontraba frente a su domicilio compartiendo una ronda de tragos con sus amigos, cuando en momento dado, sintió el impacto del arma de fuego, sin saber de dónde provino la bala.

En medio del susto y sin saber qué sucedió, rápidamente el hombre fue auxiliado por sus cercanos hasta el Centro de Salud local, para que reciba atención médica. El caso se informó a la fiscal de turno, María del Carmen Meza, para los procedimientos de rigor.

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