“Los gastos sociales de Itaipú no son ilegales”, sostuvo el titular de la hidroeléctrica en conversación con la 780 AM. De esta forma hizo alusión los cuestionamientos de parlamentarios, quienes insisten que la Nota Reversal N° 1, suscripta en el mes de marzo del año 2005 entre los gobiernos de Paraguay y Brasil que hace alusión a la responsabilidad social y ambiental de la Itaipú Binacional, tiene que pasar por los congresos de los países para su uso.

Dichos recursos socioambientales de la Itaipú son destinados a la construcción de viviendas en una parte del predio del RC4 Zeballos Cué, para familias afectadas por las inundaciones. Spalding dijo extrañarle que a once años de la nota, el tema sea cuestionado cuando que en anteriores gobiernos se usaban los gastos para pago de salarios. Uno de los aludidos por el director fue el senador de Avanza País, Miguel López Perito, exjefe de Gabinete de la era Fernando Lugo.

“Sabemos que el objetivo es parar la obra del barrio San Francisco, no lo pudieron hacer a través de una ley que declaraba como espacio verde, entonces ahora la línea es atacar todo lo que sea la responsabilidad social y ambiental de la Itaipú. Los mismos personajes que en su momento ocuparon cargos ejecutivos en gobiernos anteriores, donde le pedían a la Itaipú alquilar autos, fondos para hacer responsabilidad social, hoy salen y cuestionan la legalidad de esos fondos. Eso es muy hipócrita y mezquino, no vamos a caer en esa trampa, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y que todo sea transparente”, expresó.

“La postura que dio no coincide con la misma postura que tenía cuando era ministro de gobierno. Hoy esos mismos fondos que ellos dicen son ilegales usaron para pagar salarios en el 2010, muy simpático es eso. Seamos coherentes, acá hay muchas necesidades, hay mucha gente que necesita contar con los fondos sociales para tener mejor expectativa de vida y no tenemos que jugar con esto”, sentenció.

Un dictamen de la asesoría jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que dicho convenio entre Paraguay y Brasil no reúne todos los requisitos que un acuerdo internacional debe poseer, como ser la mención del momento a partir del cual entrará en vigencia y que debe ser sometido previamente al proceso de aprobación parlamentaria.

Algunos miembros del Senado, sin embargo, sostienen que el documento no tiene validez, porque no fue aprobado por el Poder Legislativo. En ese contexto, la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores convocó al canciller Eladio Loizaga y a altos funcionarios de la Binacional para informar sobre la implementación de los proyectos que se encaran en ambos conceptos.

Una de las acciones desarrolladas por el Gobierno en ese marco (uso de gastos socioambientales) es la construcción de viviendas unifamiliares en el barrio San Francisco que presenta una alentador avance ya que, de las 112 viviendas previstas para este tipo de vivienda, 55 de ellas están en proceso de construcción, de las cuales 20 están con terminación de techo y revoque. Más de siete frentes de trabajo actúan de manera simultánea en zona de obra.

Paralelamente, la empresa contratista, encargada de la construcción de los 888 departamentos (78 monobloques), inició también la construcción del sellado de hormigón, de la primera platea, para el edificio multifamiliar. Para la construcción de monobloques están trabajando hombres y mujeres. Cabe resaltar que la mano de obra contratada es de la zona de Zeballos Cué y Chacarita.

En zona de obras, también ya se cuenta con la lumínica necesaria para realizar trabajos en tres turnos, cuando llegue el momento. Igualmente, está con avance significativo la construcción del tanque enterrado para reservorio de agua y el inicio de obras para la construcción del desagüe pluvial del futuro barrio.

Los magistrados Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Darío Báez dieron lugar al pedido de la defensa del exlegislador y declararon la extinción de la acción.

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La decisión fue tomada teniendo en cuenta la devolución del monto por el cual el exlegislador de Ybycuí fue imputado y la reparación social.

Cabe recordar que Rivas fue procesado por estafa al Estado. Según las denuncias, colocó a tres de sus caseros como funcionarios de la Cámara de Diputados desde junio del 2016 hasta febrero del 2017, por un monto de G. 45 millones.

Según informan, el exdiputado devolvió en total G 47.000.000, una suma superior por la cual fue procesado en cuanto a intereses.

En el marco de la causa, Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco, caseros del diputado Tomás Rivas, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad con suspensión de ejecución de la condena y deberán reparar los daños causados al Estado paraguayo.

Los primeros estruendos se oyeron alrededor de las 15:20 de este miércoles, y siguieron por varios minutos en un escenario de tensión. Autoridades del reclusorio pidieron refuerzos ante lo que inicialmente se tiene como conato de motín.

La población penal de la penitenciaria de Pedro Juan Caballero está confirmada por una variada gama de miembros de agrupaciones criminales locales y extranjeras, principalmente brasileñas.

Tras el operativo Veneratio que desarticuló al clan Rotela de la cárcel de Tacumbu, hubo menester de una redistribución de reos en distintas cárceles del país. Fue así que el penal de la capital amambaiense recibió a elementos del clan Rotela, lo cual no dejo de instalar el temor de que se generen choques entre esa banda y elementos del del Primer Comando Capital, con fuerte presencia en la frontera.

Este estado de tensión que se reporta ahora desde la cárcel de Pedro Juan Caballero,, surge tras un anuncio hecho está mañana por autoridades penitenciaria de que se aborto está madrugada una fuga masiva del penal de Ciudad del Este. Allí detectaron un túnel por el que, según estimaciones, pudieron haber huiro alrededor de 400 reos del PCC que están internados en el área donde se construía el “agujero de escape”.

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La fiscal Cinthia Leiva Cardozo imputó por los hechos punibles de robo agravado con resultado de muerte o lesión grave a Roy Deyby Castillo Sánchez, de 38 años.

El hombre se encuentra acusado por el homicidio de María Dalina Galeano Galeano (18), quien falleció luego de ser baleada durante un asalto domiciliario ocurrido el pasado 2 de abril en la zona del Km 9 Acaray - fracción San Isidro de Ciudad del Este.

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En aquella ocasión, Castillo y otros dos cómplices habrían ingresado a la vivienda de la víctima con fines de robo. Durante un forcejeo, María Dalila recibió un disparo a la altura del pecho que acabó provocándole la muerte.

Por su parte, su hermano Blas Fernando Noguera (21) sufrió una herida cortante en la cabeza y un impacto de bala en el muslo izquierdo, aunque logró salir con vida del atraco.

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La fiscal del caso solicitó la aplicación de la prisión preventiva para Roy Castillo, quien actualmente se encuentra detenido. El mismo había abandonado la cárcel apenas hace tres meses, donde permaneció preso durante 17 años.

Los demás integrantes de la banda criminal que perpetró el asalto, identificados como Arsenio Sotelo Galeano, Mateo Gabriel Melgarejo Marín, Wilfrido Damián Fariña Peralta y Fernando David Guerrero Guerrero, aún siguen prófugos.