Almada, en contacto con la 1020 AM, expresó que Alegre tendrá que demostrar que fue el empresario José Ortíz el que dio la orden a los policías de atacar el PLRA, como lo había sostenido en una conferencia de prensa.

Almada explicó que ya fueron presentados los elementos probatorios que indican que Efraín Alegre mintió en sus declaraciones y que presentó una denuncia falsa sin elementos concretos. Calificó de “falso y temerario” lo manifestado por el titular del PLRA que atribuye a su cliente la comisión de un hecho punible y le otorga una función que es propia del Estado.

La segunda parte de la querella, según explicó Almada, es sobre las declaraciones de Alegre en la que sindica a José Ortíz como el que dio la orden al comisario Tomás Paredes Palma para ingresar al PLRA y que eso derivó en la muerte de Rodrigo Quintana.

“Eso afecta al honor y la reputación del señor José Ortíz. Él no dispuso ninguna orden para que se ingrese. Él no puede disponer. Jamás estuvo en comunicación con Paredes Palma”, dijo Almada, quien agregó que presentaron una acción penal “seria, contundente y fuerte” contra Alegre.

Dijo que en siete días el presidente del PLRA no presentó pruebas concretas sobre sus declaraciones que fueron expresadas, según manifestó el abogado, en forma “irresponsable, torpe y sin ningún fundamento”.

Almada sostuvo que la querella contra Alegre consta de 45 hojas con hechos reales, situaciones, testigos y documentos que van a sustentar la acción judicial. “Alegre mintió. Asusta que un candidato a presidente de la República que quiera guiar el destino del país mienta con tanta ligereza y con tanta irresponsabilidad”, explicó.

La querella fue presentada a través del sistema informático del Poder Judicial y el juez de la causa es Héctor Capurro.

De ahora en más, el juez deberá llamar a una audiencia de conciliación entre las partes y, de no haber solución, se irá a juicio. Alegre se expone a una pena privativa de libertad de un año que puede ser compurgada con el pago de una multa.

Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.

El hecho ocurrió el pasado viernes 19 de abril poco después del mediodía en el barrio 6 de enero de la ciudad de Itauguá, donde la denunciada Dirma Crechi, atropelló al perro de la familia Segovia, dejándolo a su “suerte”.

La familia del animal indica que la mujer ni siquiera se bajó del vehículo y que solo dijo que se le avise sobre los gastos. Inicialmente accedió a pagar la radiografía y la operación del perro, pero tal cosa no ocurrió hasta el momento.

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La misma se acercó hasta el domicilio de la familia afectada e hizo firmar un documento donde constaba que se hacía responsable de los gastos, pero sin entregar el dinero. Esta situación se dejó constancia en una denuncia radicada contra la mujer en la Comisaría 6 Central de Itauguá.

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“Mi mamá firmó pensando que le iba a dar el dinero para la operación, pero no fue así. Literalmente nos estafó”, comentó la denunciante, Sheyla Medina, propietaria del perro.

Dirma Crechi es la exesposa del futbolista paraguayo, Blas Riveros, quien había presentado una acción legal contra la misma por denuncia falsa.

El tema volvió al tapete tras el anuncio en Colombia que señala el interés del Departamento de Estado de EEUU, de extraditar a tres sicarios del exjefe antimafia paraguayo.

Si Ramón Emilio y Felipe Pérez Hoyos y Margareth Chacón, son pasibles de ser extraditados, la presunción es que en el gobierno estadounidense existe elementos en contra de los mismos, y por extensión de evidencias que podrían revelar la autoría moral del magnicidio.

Medios colombianos comenzaron a abrir debate en torno a si es o no factible que la DEA negocie con los sicarios de Pecci, sobre la base de la recompensa que ofrece el gobierno estadunidense para develar al autor moral del crimen.

El sistema judicial norteamericano también contempla la figura de la delación premiada, que no es otra cosa que lograr que miembros de un complot criminal revele al principal autor, a cambio de reducción de penas y compensación económica.

El Estado colombiano ha resuelto el cien por ciento de responsabilidades de la autoría material del asesinato. Y logró las condenas, en consecuencia. Sin embargo la Fiscalía de ese país, expresó que la pesquisa no desveló al autor moral, y que esa parte corresponde a la justicia paraguaya, a partir de la convicción existente de que la orden de eliminar a Pecci, no surgió en Colombia, sino en Paraguay.

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