En la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción de ayer se dio entrada a la solicitud de informe del concejal Carlos Arregui (PDP) en la que pide el detalle de la cantidad de funcionarios nombrados, contratados y jornaleros de la dependencia comunal, además de las resoluciones que avalan el ingreso de cada uno de ellos.

Según datos proveídos por el edil, la Junta Municipal tenía 240 funcionarios en el 2002 y en el 2007 la nómina subió a 440. Sin embargo, en el 2017, el número trepó a 1.600, lo que daría un crecimiento de 263% en tan solo una década.

El pedido de informe fue en base a denuncias de funcionarios que, por temor a represalias, solicitan que se sincere la nómina ya que existen casos de planillerismo en la entidad. Los reportes indican que el crecimiento en la cantidad de trabajadores se da por un esquema basado en el clientelismo político y la prebenda, una situación que también fue denunciada por el concejal Sebastián Villarejo (PPQ).

“Los funcionarios que están haciendo la denuncia están cansados de ser manoseados y humillados. Entran paracaidistas que ni siquiera vienen al trabajo. No quieren hacer pública (su denuncia) porque entienden que pueden ser echados. Esto se hace por la ciudadanía, por los funcionarios que trabajan, que están mojando la camiseta”, indicó Arregui.

Explicó que la situación es peor a medida que va acercándose la fecha de las elecciones, teniendo en cuenta de que los favores políticos se pagan con puestos de trabajo.

En 15 días, la Dirección de Recursos Humanos de la Junta Municipal deberá dar el informe detallado sobre la situación laboral de sus funcionarios.

El senador de Honor Colorado habló de la mesa de diálogo que ya había establecido el Poder Ejecutivo en torno al sistema del transporte público, y celebró que el gobernador de Central, Rodrigo Estigarribia, se sume a las conversaciones.

Además, habló de la propuesta que tienen en mente. “Que el subsidio sea directo al pasajero, que en la tarjeta del pasajero esté el dinero por el cual él va a viajar todos los días, entonces no vamos a tener pasajeros fantasmas”, explicó Núñez.

Al respecto, confirmó que existe un anteproyecto de ley y que, esta idea será una de las que le presentará al presidente Santiago Peña.

Respecto a la posibilidad de incluir el subsidio por kilometraje, Núñez indicó que desconfía de ese sistema y que tiene el temor de que se convierta en “kilometraje fantasma”.

EN DESARROLLO.

En entrevista con la radio 650 AM, el juez Darío Báez señaló que la causa contra Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, “era muy simple”.

“Ambos terminaron condenados, con 4 años la señora Patricia y el señor José con 3 años y 9 meses, por el famoso caso de agua tónica de Petropar. Muy pocas veces tenemos tanta claridad desde el principio. El Ministerio Público creyó conveniente y presentó todo el argumento que existía, pero ya desde el principio era demasiado evidente que estas compras nunca se hicieron. Desde el principio era muy claro que nunca se realizaron estas compras y únicamente se utilizaron documentaciones para cumplir con lo que hace a las carpetas. Finalmente, es una compra disimulada con documentos”, señaló.

La condena se dio en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. Ese dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada con el único fin de cubrir una deuda que tenía el esposo de la titular de Petropar.

“Todo el tiempo estamos teniendo juicios de corrupción pública, pero este es mucho más ofensivo porque en ese momento de desesperación de cada paraguayo prácticamente, aprovecharon estas personas para poder pagar sus propias deudas”, cuestionó el magistrado.

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Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

La constitución de esta región en zona roja, de alta movilidad de agrupaciones narco, empujó al gobierno a definir una mayor presencia, permanente, en el departamento que está siendo azotado por una guerra de pandillas que disputan territorios para producción de marihuana, y de pistas clandestinas para trasporte de cocaína.

La idea general de la nueva estrategia de seguridad para Canindeyu, contempla el uso de unidades especializadas en combate, inteligencia y el uso de nuevas tecnologías de control y detección de actividades irregulares.

La gran extensión del departamento, amplias zonas boscosas, lo convirtieron en escenario ideal para operaciones de grupos criminales. Entre estos resaltan que existen seis bandas, dos de las cuales: la liderada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho, y la otra comandada por Benicio Silva, alias Silva hu, son las que disputan por la hegemonía.

En el caso del fugitivo Acosta, ahora se sabe que cuenta con el apoyo de una banda de sicarios, supuestamente liderada por Selva Portillo Rodas, alias ña Selva.

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