Las mujeres, antiguas alumnas del colegio Doctor Fernández de la Mora, donde cursaron estudios con Amarilla desde los 12 hasta los 18 años, se concentraron en la Plaza de la Democracia (centro) para después emprender una marcha hacía el Congreso.

“Al Gobierno le pedimos que pelee por su vida, por el derecho a su vida. Que no se le mate, porqué solo Dios puede quitar la vida”, dijo a Efe Raquel Valdez, excompañera de estudio y amiga de Amarilla.

El Gobierno no tiene relaciones diplomáticas con China, por lo que es a través del consulado argentino como presta asistencia a Amarilla, cuya fecha de ejecución está prevista para el 20 de marzo.

Tanto sus amigas del colegio como su familia sostienen que Amarilla, a quien las autoridades chinas arrestaron con 3,6 kilos de cocaína, fue víctima de una red de trata de personas que la obligó a llevar esa mercancía desde Brasil, donde había ido con la promesa de un empleo.

“Ella fue engañada o cometió un delito bajo amenaza”, dijo a Efe su prima Mariela Santander.

Por su parte, Valdez instó al Gobierno a hacer todo lo posible para que la condena a muerte sea revocada por una pena de prisión en Paraguay para que Amarilla, de 33 años y técnica de administración de empresas, pueda ver a su hijo, de 5 años.

“No pedimos su libertad porque somos conscientes de que se equivocó, pero no por eso debe de pagar con su vida. Que le den 25 o los años que sean, pero que pueda volver a su hijo”, declaró.

Las autoridades chinas impusieron una condena a muerte a Rosalía por tráfico de drogas, que podría ser conmutada por una pena de entre 15 y 18 años de prisión si se demostrara su inocencia.

El defensor público asignado a Rosalía consiguió una medida sustitutiva que permitió postergar su ejecución durante dos años.

La ONG Amnistía Internacional, junto con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), lanzó la semana pasada una campaña de recogida de firmas para impedir su ejecución.

“Ahora va iniciarse la segunda fase de la registración; en septiembre van a venir los aviones y en diciembre están previstos los primeros vuelos”, informó el gobernador Bergen, en entrevista con medios.

“Desde el año pasado estamos con una empresa, con ex dueños de Aerolíneas Amazonas, que se vendió después a Paranair. Ellos ahora quieren formar una línea aérea nacional en Paraguay, y esto incluye también los vuelos hacia el Chaco”, puntualizó.

El gobernador destacó que los empresarios contarán con aviones con capacidad para 76 pasajeros y que los vuelos tendrán como destino a varios puntos del país.

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“Ellos traerán algunos aviones con capacidad para 76 pasajeros, y van a realizar vuelos de Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y al Chaco – a Loma Plata y Mariscal Estigarribia- y el plan es realizar viajes cuatro veces por semana al Chaco”, remarcó en la entrevista difundida por el portal estatal IP.

AEROPUERTOS EN EL CHACO

El jefe departamental también afirmó que los aeropuertos de Mariscal Estigarribia y Loma Plata cumplen con los requisitos para operar con aviones.

“El aeropuerto de Mariscal Estigarribia es grande y no tiene ningún inconveniente; en tanto que el de Loma Plata tiene torre de control, tiene combustible, luces y todo lo que se necesita. Aunque la pista es de tierra, pero es seco y cualquier modelo de aviones puede aterrizar sin inconvenientes”, subrayó.

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Destacó igualmente que ya se iniciaron los trámites con la Dinac, para la concesión del permiso para los vuelos comerciales.

“Ya contactamos con directivos y dueña del aeródromo de Loma Plata, ya se firmó la carta de interés y se está trabajando con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) para los trámites de permiso, para la concesión de los vuelos comerciales”, informó.

La investigación de la muerte de los militares que arrastrados por el raudal hasta el arroyo Lambaré el pasado 2 de noviembre, está prácticamente varada por errores de la propia justicia, según denuncian familiares de la Fuerza Pública.

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Durante una entrevista en la radio Universo 970/Nación Media, la representante de los familiares, Nelly Cortesí, lamentó que hasta el momento no hay ningún castigo a los supuestos responsables de la desaparición de los sargentos.

El próximo 2 de mayo se cumplen 6 meses que los sargentos Alexis Sosa y Domingo Ríos, quienes circulaban en una camioneta rumbo al domicilio de un general, fueron arrastrados por el raudal. El vehículo terminó en el arroyo Lambaré, debido a que, la desembocadura no contaba con una valla de protección.

Ese hecho fue motivo para que, en diciembre, el jefe comunal sea imputado por homicidio culposo e intervención peligrosa en el tránsito terrestre.

Cortesí explicó que desde ese diciembre, la justicia envió 4 notificaciones para avanzar con la imputación del intendente, pero todas fueron comunicadas con “error”, las cuales frenaron el proceso.

“Notificar mal en cuatro ocasiones ya está de más, me parece que es una falta de respeto a la memoria de los militares fallecidos. No hay avances en la investigación, lastimosamente la justicia no está actuando como debería”, expresó Cortesí.

La imputada está identificada como Érika Melgarejo González (28), quien se encuentra privada de libertad y enfrenta cargos por los delitos de producción de riesgos comunes y amenaza de hecho punible.

El hecho ocurrió en una residencia donde funciona un consultorio odontológico ubicado en el kilómetro 5,5 del referido barrio de la capital del Alto Paraná, propiedad de la Dra. Myrian Vanesa Cabral González.

Según la investigación, la presunta autora llegó al lugar con un recipiente en mano que contenía combustible, tras cerciorarse de que nadie estaba dentro del local, derramó el líquido inflamable y le prendió fuego. Todo el movimiento de la sospechosa quedó registrado en la filmación del circuito cerrado del local.

La dueña del lugar, quien pudo observar a través de las grabaciones lo que estaba ocurriendo, acudió rápidamente hasta el sitio, donde fue agredida por la atacante, quien además la amenazó. La afectada alertó a los agentes policiales de la jurisdicción, quienes fueron al sitio y procedieron a la aprehensión de Melgarejo.

El asunto tendría como trasfondo una venganza contra los padres de la doctora Cabral, quienes tiempo atrás le habían alquilado una habitación a Melgarejo -que funciona al costado de la clínica odontológica- y luego la desalojaron por algunos problemas.