Martina Paredes, hermana de dos de los labriegos fallecidos, manifestó a Efe su temor a que el resultado del proceso esté decidido de antemano y sea una condena para los acusados.

“Nos daba miedo que esta sentencia estuviera ya cantada, que ya se supiera de inicio lo que iba a pasar con los compañeros acusados, y el juicio no sirviera. Y mientras, no sabemos quién mató a nuestra gente, ni uno solo está procesado”, dijo.

Paredes hizo estas declaraciones después de que el juez suspendiera hasta el próximo lunes el juicio contra doce de estos campesinos, iniciado ayer.

Todos ellos se reparten cargos que oscilan entre tentativa de homicidio, invasión de inmueble ajeno, coacción grave y asociación criminal.

La última de las acusadas, menor de edad en el momento de los hechos, será juzgada el próximo 2 de noviembre con arreglo al sistema penal adolescente.

El juez Ramón Trinidad Zelaya, presidente del tribunal a cargo de la causa contra los doce adultos, suspendió el proceso hasta el próximo lunes a pedido del nuevo defensor de once de los acusados, después de que estos renunciaran ayer a los abogados de su defensa.

El nuevo abogado pidió más tiempo para estudiar la causa, pero Zelaya argumentó que no se concedería un plazo mayor a tres días, dado que “la prensa y la gente quieren conocer ya la sentencia”.

Paredes consideró “ridículo” que para el juez sea más importante “la prensa y la gente” que los afectados por la sentencia.

La campesina está apoyada por otros familiares de las víctimas y de los acusados que se han desplazado a Asunción desde el departamento de Canindeyú para seguir el proceso.

También les acompañan personalidades del mundo de la cultura en Paraguay, defensores de los derechos humanos y observadores internacionales que asisten al juicio.

“Queremos ser como ustedes, que también luchan por la justicia”, expresó Paredes a Nora Cortiñas, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo, que viajó a Paraguay para acompañar el proceso.

Después de cada sesión del juicio, los familiares y miembros de la sociedad civil se reúnen en las gradas de la plaza aledaña al Palacio de Justicia, en la que se ha instalado una pantalla gigante para que se pueda seguir el proceso también desde el exterior.

En estas reuniones intercambian sus impresiones sobre el avance del proceso, las declaraciones de jueces, abogados y fiscales, y las posibles acciones a adoptar.

Perla Álvarez, activista campesina, presentadora de televisión y miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, explicó a sus compañeros en esta reunión posterior al juicio que se debe “acompañar tanto el proceso judicial como la ocupación de las tierras de Marina Kue”.

Se trata del lugar donde ocurrió la masacre, un terreno en disputa que fue reocupado por familias campesinas hace un mes.

“Pedimos que se investigue la muerte de los campesinos en Curuguaty, y las torturas que sufrieron muchos de nuestros compañeros. Y reclamamos la nulidad de este juicio”, aseguró.

Opinó además que “el caso de Curuguaty marca una tendencia” a nivel regional que apunta a una “mayor opresión y represión de los campesinos”.

Más de 300 policías acudieron a Curuguaty, departamento de Canindeyú (norte), el 15 de junio de 2012 a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras que reclamaban para la reforma agraria en ese distrito.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo, cuyo origen aún es desconocido y en el que perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar varios heridos.

No hay ni un solo imputado por la muerte de los once campesinos en la masacre.

El Poder Ejecutivo promulgó esta ley, bajo el objetivo de allanar el camino para que la Universidad Rural del Paraguay se convierta en una realidad tangible que beneficiará a las generaciones presentes y futuras”

El Ministerio del Ambiente destacó que la creación de la Universidad Rural del Paraguay marca un hito importante, no solo por el impulso que brindará a la educación en áreas como la agricultura y la ganadería, sino también por el compromiso firme con el desarrollo sostenible que esta iniciativa representa.

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“Felicitamos a la Asociación Rural del Paraguay por liderar esta iniciativa. La educación es la base sobre la cual construiremos un país más fuerte y resiliente. Esta universidad no solo formará profesionales altamente capacitados en el ámbito productivo, sino que también será una institución que brindará herramientas y conocimiento a los estudiantes”, manifestó el titular del Mades, Rolando De Barros Barreto.

La Universidad Rural del Paraguay será un centro de aprendizaje y centro de investigación científica y tecnológica. “Con orgullo, celebramos la sanción de la ley que da vida a esta universidad”, resaltó el ministro.

El Plan Regulador sobre el cual se está trabajando tiene como límites al Norte, el Corredor Botánico y la avenida Primer Presidente; mientras que al Sur estarían las calles Presidente Franco, Artigas y el río Paraguay.

Proponen que con la franja costera, Asunción sea una ciudad de uso mixto, no una ciudad exclusivamente residencial o exclusivamente comercial, industrial.

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“Hoy día en el urbanismo está demostrado que solamente funcionan las ciudades que son de uso mixto. O sea, uno tiene vivienda, pero también tiene comercios, tiene oficinas y con prioridades en ciertas áreas. Pero, en síntesis, en la suma total, es una ciudad de uso mixto”, sostuvo el proyectista, arquitecto Javier Corvalán.

Puntualizó que lo que el plan define es cuál va a ser el área que se puede ocupar y cuáles son los límites constructivos que tiene que tener en cuenta un proyectista o un desarrollador, para poder desarrollar y hablar en concreto, en términos arquitectónicos, de cómo va a ser esa vivienda, ese comercio, ese lugar recreativo, el programa que esté en cuestión.

Por su parte el intendente Rodríguez resaltó que con el Plan Maestro lo que se quiere es lograr la zonificación de toda esa área, para saber qué es lo que se puede construir y en qué espacios.

Los nuevos agentes penitenciarios culminan así la primera etapa de un entrenamiento intensivo de 6 semanas, enfocada en la adquisición de conocimientos en orden y disciplina, fundamentales para el manejo de la población penal, en el marco del Nuevo Modelo Penitenciario.

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La segunda etapa corresponde a la adquisición de conocimientos teóricos del manejo jurídico, la gestión documental y judicial, y el respeto a los derechos humanos, en cuanto al tratamiento y bienestar de las personas privadas de libertad. En estos pilares se fundamenta el nuevo modelo penitenciario.

El plan de estudios está diseñado para abordar desafíos del sistema penitenciario actual y también desechar la corrupción y las viejas prácticas de complicidad con los clanes criminales.

Los nuevos egresados se dirigirán inmediatamente a la penitenciaría de Minga Guazú, a realizar un entrenamiento in situ y para familiarizarse con la infraestructura del penal a los efectos de tener un conocimiento acabado de los módulos de máxima seguridad y convencionales con que cuenta el nuevo penal.

El acto estará presidido por el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, y asistirán autoridades nacionales, departamentales, castrenses, familiares de los egresados e invitados especiales.