El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, sostuvo a la 650 AM que solicitaron un informe a los fiscales Alfredo Mieres, de Caaguazú, y Alfirio González, de Coronel Oviedo, quienes intervinieron en el caso del desalojo de Guahory.

“Estamos abiertos a hacer un análisis del trabajo realizado por los fiscales porque los mismos actuaron por una denuncia de invasión de inmuebles. Todos los denunciantes presentaron sus títulos de propiedad”, comentó.

En cuanto al supuesto exceso de desalojo, explicó que no existió dicha situación porque ante la denuncia de invasión de inmueble fueron a corroborar si existía eso. Luego, se notificó a las personas que un día se realizaría el desalojo, pero cuando llegó la fecha “ninguna persona se encontraba en el lugar y la Fiscalía cerró su acta; en tanto que la propiedad quedó a cargo del dueño”.

La Fiscalía emitió ayer un comunicado donde indicaba que la denuncia de invasión de inmueble ajeno, desacato de orden judicial, amenaza de hecho punible, apología del delito y coacción grave, fue presentada por los colonos brasileños mediante el patrocinio de los abogados Rubén Darío Soto Narváez y Nelson David Macoritto, el pasado 30 de diciembre del 2015.

El Ministerio Público informó que los denunciantes anexaron los títulos de propiedad que fueron contrastados con las documentaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), lo cual confirmó la veracidad de los documentos.

En fecha 8 de marzo del año en curso, una comitiva fiscal-policial y de las Direcciones de DD.HH del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, junto a los agentes fiscales designados, se constituyó hasta la colonia Guahory del distrito de Tembiaporâ dando cumplimiento a la Fase 1, el cual consiste en verificar la existencia del lugar que supuestamente está siendo invadido.

Los representantes del Ministerio Público regresaron al lugar con la intención de realizar una verificación in situ pero los campesinos impidieron que accedan al predio, por lo que solicitaron que acerquen los títulos de propiedad o documentos que pudieran servir para acreditar su titularidad, a modo de adjuntarlos a la carpeta fiscal y analizar los papeles. Esto en el marco de la Fase 2.

En vista de que los labriegos no presentaron documentación alguna durante el plazo establecido, se dio inicio a la Fase 3 que se refiere al allanamiento en sí, que debía ejecutarse el 17 de marzo de este año, pero como coincidía con la marcha de la Federación Nacional Campesina fue postergada hasta el 15 de septiembre; fecha en que los fiscales acudieron al predio junto con agentes de la Policía Nacional.

Inmediatamente, la comitiva ingresó a la zona en compañía de los representantes de los campesinos, identificados como Gustavo Bernal y Carlile Britez. En el lugar también se encontraba el intendente del distrito de Tembiaporâ Sotero Cáceres Fernández, acompañado por el concejal Hugo F. Valdez, los sacerdotes Ignacio Espínola y Felipe Osorio.

Se encontraron 57 viviendas precarias, las cuales no estaban habitadas, y no se encontró a ninguna persona en el interior de los inmuebles en cuestión. A raíz de la situación y la existencia de un peligro inminente de que las personas que se encontraban frente de la propiedad en la vía pública ingresen nuevamente al inmueble, se solicitó al Jefe de Servicio General Comisario General Luis Cantero la permanencia de una dotación suficiente de efectivos policiales en el lugar como trabajo preventivo y la restauración del orden en la zona.

Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.