Por La Nación.

Aguilar fue denunciada en enero del 2016 por la bancada de senadores del PLRA ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones. También, en el 2014 fue denunciada ante el JEM por ausencias injustificadas en audiencias preliminares.

En junio del 2015, Claudio Ronald Romero, esposo de la fiscala Brígida Aguilar, fue procesado por los delitos de producción mediata de documento público de contenido falso, uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

Según la fiscala Nidia Fernández, el mismo tenía matrícula de abogado N° 13.790, aunque no tenía el título profesional. Es más, la Universidad Nacional de Asunción informó que el mismo no figuraba en sus registros como abogado. Conforme con la fiscala, el mismo actuó en calidad de abogado en nada menos que 61 juicios, de acuerdo con el informe remitido por la Corte Suprema. El mismo prestó juramento como abogado el 22 de marzo del 2006 ante el ministro de la Corte, Miguel Óscar Bajac.

El juez Gustavo Amarilla le había concedido las medidas alternativas a la prisión. Tiene prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio, comparecencia mensual del 1 al 5 de cada mes, a más de la fianza personal de su abogado Federico Valdez por G. 70.000.000 a ser sustituidos por fianza real.

Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Diabetes, anunció que se descentraliza la entrega de medicamentos, permitiendo a los pacientes recibir atención especializada en hospitales de su comunidad.

Este nuevo enfoque posibilita que los diagnosticados con diabetes reciban su tratamiento y medicación, entre ellos las insulinas, en los centros hospitalarios más cercanos a su hogar, eliminando la necesidad de desplazarse hasta la Capital, al Centro de Salud N° 9.

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Esta medida no solo facilita el acceso al tratamiento, sino que también reduce la carga y el tiempo de viaje para los pacientes y sus familias impactando así positivamente en su calidad de vida.

Además, informó que se ha puesto en marcha un servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp (0962) 320-536, donde los pacientes pueden realizar consultas y recibir orientación personalizada acerca de los servicios de salud más cercanos donde pueden acudir para recibir su tratamiento y medicación correspondiente.

Así también, la página del Programa Nacional de Diabetes usando el acceso ¿Dónde puedo consultar? www.mspbs.gov.py

Estos canales de comunicación proporcionan una vía rápida y efectiva para resolver dudas y obtener información útil sobre el cuidado y manejo de la enfermedad, destacó la cartera sanitaria.

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El fiscal Luis Albertini, junto con sus colegas Francisco Martínez y Ever Wiliams, resolvió formular imputación contra el intendente de Jesús de Tavarangue, Víctor Bernardo Garay Olmedo.

El mismo fue procesado por el hecho punible de lesión de confianza, a raíz de una denuncia por supuesta malversación de fondos en el año 2020 con los llamados “fondos especiales”.

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El daño patrimonial a la municipalidad asciende a más de G. 835 millones, refirió Albertini. “Existen obras que tendrían que haber sido llamadas a licitación, sin embargo, se hicieron adjudicaciones directas”, precisó.

En igual sentido, la Fiscalía detectó irregularidades en lo que respecta a pagos de honorarios y expedición de cheques por sumas millonarias, los cuales no poseen documentación respaldatoria que avale su destino final.

Así también, se detectaron desembolsos por continuaciones de obras que no cuentan con órdenes de pago y que, por si fuera poco, tampoco presentan ningún avance en los trabajos, refirió.

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Albertini precisó que, de momento, aún no se hizo el análisis sobre el uso de recursos de FONACIDE y royalties, por lo que el perjuicio patrimonial podría ser aún mayor.

Cabe recordar que Garay ya había sido imputado en diciembre del año pasado por producción de documentos falsos y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

«Ellos le juegan directo al objetivo que tenían en mente. Las otras personas no le importaban. Le siguieron cuando salieron del banco. No hace falta ser Policía para saber (que conocían la información sobre la operación bancaria que realizó) porque le pidieron el monto exacto”, expresó el jefe de Investigaciones de la Policia, comisario Cèsar Diarte a la emisora Ñandutì.

El mismo remarcó que si bien existen protocolos de seguridad para intentar frenar los episodios de atracos ligados a operaciones bancarias, los escenarios en donde se perpetran tienen flancos por donde se deslizan casos.

“Siempre hay que mantener cautela e ir acompañado de una persona. La gente del banco siempre pregunta la hora, día y monto que van a retirar pasando cierto monto. Conste que algunos se cuidan y van acompañados, pero al tener (los delincuentes) la información exacta, es difícil dudar de todo”, acotó Diarte.

En ámbito de la investigación, relevaron datos acerca de las personas que manejaban la información en torno al monto de dinero que se iba a extraer de la sede bancaria.

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