Espinoza, a quien el Frente Guasú define en un comunicado como periodista, docente universitario, activista de luchas estudiantiles y sindicales “reconocido por su honestidad y compromiso social”, fue detenido el viernes en el departamento de Alto Paraná (este, fronterizo con Brasil).

En su domicilio fueron hallados varios kilos de marihuana y panfletos del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo, al que el Gobierno responsabiliza de más de medio centenar de asesinatos y varios secuestros desde su fundación en 2008.

Pero Espinoza denunció al Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) que estas supuestas evidencias fueron ubicadas de forma fraudulenta en su vivienda, en un intento por criminalizar su militancia en el Partido Comunista Paraguayo (PCP).

Esta agrupación política tildó la detención de Espinoza de “terrorismo de Estado”, y detalló en un comunicado que su arresto se debe a que es pareja de una hermana de Magna Meza, buscada por las fuerzas de seguridad como presunta miembro de la guerrilla del EPP.

El PCP acusó a las autoridades paraguayas de actuar siguiendo las prácticas vigentes en la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), y pidió que los participantes en la detención de Espinoza sean investigados como parte del “operar mafioso del aparato policial en la Triple Frontera” entre Paraguay, Argentina y Brasil.

Otras organizaciones, como el Sindicato de Periodistas de Paraguay, la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay (Conamuri), así como organizaciones sociales de Argentina y Colombia, también emitieron comunicados para expresar su preocupación por la detención de Espinoza y denunciar la persecución contra él.

El EPP mantiene secuestrados a dos menonitas, uno de ellos menor de edad, y al suboficial de policía Edelio Morínigo, y se cree que opera en los departamentos norteños de Concepción, San Pedro y Amambay, zonas rurales que concentran a población empobrecida.

José Ocampos, actual titular de Capasa, explicó que el pasado jueves realizaron un inesperado arqueo en caja para constatar en físico un dinero que figuraba en el balance.

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Grande fue la sorpresa cuando exigieron a los responsables del área de Tesorería la llave de la caja fuerte y estos manifestaron que no la tenían en la oficina, sino en sus casas, por lo que, se retiraron para ir a buscarla.

Ante la llamativa demora de los funcionarios, se convocó a una escribana pública, auditoria, un cerrajero y a la propia Policía.

Ocampos comentó a la radio 1020 AM que, finalmente, en horas de la tardecita su pudo abrir la caja y descubrieron la inexistencia de 325 millones de guaraníes, solo encontraron 23.500 guaraníes. El hecho fue denunciado inmediatamente ante el Ministerio Público.

“Una sola persona era el encargado directo. Como se trata de un delito de acción penal pública, fruto de esto las investigaciones van a llegar a lo que todos presumimos y sabemos, que una sola persona no pudo ser participe de todo esto, confiamos en que todo se va a dilucidar”, expresó el titular de Capasa quien, además, agregó que hoy se devolvió el 60% del dinero.

Unos 200 millones de guaraníes fueron devueltos por un abogado, representante del encargado de Tesorería. Según expresó José Ocampos, se comprometieron, a través de una escritura pública, a devolver el resto del dinero la próxima semana.

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El agente fiscal Giovanni Grisetti, de la Sede 1 de Asunción, a cargo de la investigación, informó que el hombre hallado muerto, el pasado domingo 14 de abril; fue identificado como Luis Estigarribia Duarte, de 29 años.

El mismo es oriundo de la localidad Mbaracayú (Departamento de Alto Paraná), según reportes de la Policía Nacional.

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La representación fiscal, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a sus familiares y proceder a la entrega del cuerpo que permanece en la Morgue Judicial.

La vocera del Gobierno, Paula Carro, informó acerca de la primera reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) e indicó que el plan Hambre Cero es la máxima prioridad del presidente de la República.

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Adelantó que el proyecto pretende ser implementado en muchos distritos del país tras el receso de invierno, es decir, a partir de julio aproximadamente.

Actualmente, están ajustando todos los detalles para que pueda ser ejecutado tal como indica el plan en las instituciones públicas de los 22 municipios seleccionados por ser los más vulnerables del país.

En la reunión de hoy del CONAE, el Ejecutivo pidió acelerar la reglamentación de la Ley 7.264/24, que crea el programa “Hambre Cero en las Escuelas” y para la semana que viene está prevista una nueva reunión donde serán invitados los gobernadores.

La vocera Carro reiteró que los programas ejecutados con recursos del fondo ahora derogado no quedarán desfinanciados. Entre ellos se encuentran el de Arancel Cero, el fondo de Salud y recursos para proyectos de investigación y educación.

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