La iniciativa pretende romper con el concepto de integración entendido como participación de las personas con discapacidad y apunta a facilitar el aprendizaje con apoyos adecuados a cada problema.

“No podemos aplicar los mismos techos que el Ministerio establece para unos alumnos que para otros”, comentó Aguilera durante la presentación, en la que abogó por la “enseñanza diferenciada”.

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) reconoció que “el documento en sí no genera cambio”, por lo que ahora se debe profundizar en una “una sólida y sostenida capacitación” de los docentes, pero también de los familiares, para que el proyecto tenga sus resultados en el aula.

“No podemos seguir buscando calidad con los modelos que tenemos, con los modelos convencionales y que muchos están completamente desfasados”, agregó.

El programa comenzó a desarrollarse en octubre de 2016 en doce colegios de Paraguay, algunos de ellos centrados en la formación de alumnos con problemas visuales y auditivos, y se prolongará hasta diciembre de este año.

Las experiencias obtenidas en este periodo sirvieron al MEC, respaldado por la Fundación Saraki, dedicada a la integración de personas con discapacidad, por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid/Paraguay), y por la Secretaría Nacional de Deportes (SND), a expandir los resultados a otros centros.

El ministro de la SND, Víctor Pecci, destacó la importancia de incluir el deporte inclusivo en la formación académica porque “es un complemento indispensable para el éxito”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Saraki, Raúl Montiel, aseguró que un sistema educativo inclusivo beneficia a todo la sociedad.

“Cuanto más variados somos en las aulas, más aprendemos todos de todos”, manifestó durante su intervención.

El representante interino de Usaid Paraguay, Wayne Nilsestuen, manifestó estar “inmensamente feliz” por ve que un “Paraguay más inclusivo donde todos los niños pueden recibir una educación de calidad y desarrollar todo su potencial”.

En estos dos años, el programa experimental llegó a más de 2.000 alumnos, de los que 100 niños mostraban algún tipo de discapacidad.

Asimismo, también se formó a más de 200 docentes y técnicos y a más de 1.000 personas relacionadas con la coordinación y supervisión de los colegios en distintos departamentos del país.

Magalí Bazán comentó al canal GEN que, en noviembre del año pasado, desconocidos se habían comunicado con su esposo haciéndose pasar por empleados de la empresa Tigo. “Primero le llamaron de un número y luego le escribieron al WhatsApp de otro número”.

En aquel momento, le habían dicho que supuestamente fue adjudicado con un premio, por lo que le solicitaron algunos datos para cotejar su identidad. Gracias a ello, lograron acceder a su banca web del banco Itaú, entidad de la que la víctima es cliente.

A partir de ese momento, los delincuentes tuvieron posibilidad de hacer la solicitud de un préstamo por la suma de G. 28.300.000, sin que el titular de la cuenta haya dado su consentimiento, indicó la denunciante.

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Posteriormente, los estafadores bloquearon el número de la víctima para evitar que haga un nuevo contacto, a lo que Bazán decidió utilizar su número particular para volver a escribirles y reclamarles lo ocurrido.

Según relató, la persona que estaba del otro lado amenazó con “hacer lo mismo con su cuenta”, haciendo alusión a que supuestamente también intentarían acceder a sus datos para robarle dinero.

La mujer cuestiona el hecho de que los ciberdelincuentes pudieran solicitar el préstamo sin que el banco se haya contactado con el titular de la cuenta o hecho las verificaciones de rigor para este tipo de casos. “A él no le llamaron, ni siquiera le mandaron un correo, al entrar en su aplicación recién se dio cuenta”.

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En este caso, el monto total fue transferido en dos partes, a nombre de Natividad Nancy y Ever Hugo Rodríguez, respectivamente. “Cómo al banco no le llamó la atención que se hizo esa transacción y que automáticamente se transfirió el dinero a otras cuentas”, repudió.

Tras varios meses de este episodio, los afectados siguen sin tener ningún retorno por parte del banco Itaú, por lo que reclaman la falta de interés, así como el hecho de tener que encargarse de pagar mensualmente el préstamo, pese a no haber hecho la solicitud del mismo y no disponer de ese dinero.

#AlAire970 | 📞 Magali Bazán, denunciante

😮Hicieron un préstamo a través de la App del banco y no fue el titular: "Desde el año pasado nos dicen que nos darán una respuesta desde la entidad y nada".

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Un automóvil de la marca KIA, con chapa paraguaya CDV 798, colisionó frontalmente contra una motocicleta que resultó en la muerte del conductor.

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Los datos refieren que el automovilista perdió el control de su vehículo, invadió la pista contraria y se llevó por delante el biciclo que circulaba en sentido contrario. Había dos personas el auto, no obstante, los agentes del vecino país no brindaron más detalles sobre la identidad de las dos personas, pero se cree que serían paraguayos.

El accidente con derivación fatal se registró ayer de las 17:00 horas (16:00 de Paraguay), en las inmediaciones del acceso a la avenida República Argentina, zona céntrica de la mencionada ciudad brasileña. El fallecido fue identificado como Renivaldo Alves Pereira, quien era el conductor de la motocicleta.

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El agente fiscal Leonardo Cáceres, de la Unidad Regional de Capitán Bado, representó al Ministerio Público en el juicio oral en el que Elvio Ramón Quiñónez Bogado fue hallado culpable y condenado a 28 años de pena privativa de libertad por la comisión del hecho punible de feminicidio. El hombre tenía prohibición de acercarse a la víctima por una denuncia de violencia familiar.

Según los antecedentes de la causa, Quiñónez mató a su expareja en diciembre de 2020 en el distrito de Capitán Bado. El hombre había llegado a la vivienda de la mujer efectuando varios disparos que impactaron en la víctima que resultó con heridas. Ella ingresó a la casa para refugiarse, luego perdió fuerzas y cayó al suelo, donde falleció.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las juezas Librada Beatriz Peralta Céspedes, Marcelina Quintana de Acosta y Mirna Carolina Soto González.