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Exviceministro acusa: políticos, ministro y militares en armatráfico

El exviceministro de Seguridad, Javier Ibarra, denunció que su salida fue planeada porque estaba detrás de una red de tráfico importante de armas en nuestro país, donde estarían involucrados militares de la Dimabel y el ministro antidrogas Luis Rojas.

Javier Ibarra, exviceministro de Seguridad Interna, comentó a la 970 AM que existe gente muy poderosa detrás del robo que sufrió días atrás de sus armas. Agregó que los dos autores materiales del robo de sus armas pertenecen a red de tráfico que las comercializa en la frontera.

Denunció que esta mafia está integrada por “gente poderosa e influyente”. Así también, reveló que en la Dirección del Material Bélico (Dimabel) supuestamente operan impunemente los traficantes de armas, y que mediante su trabajo estaban llegando a conexiones directas con el crimen organizado. “Detectamos que había gente con fusiles que usaban nombres de abuelitos”, detalló.

Ibarra dijo que Paraguay posee 18 millones de armas importadas pero que solamente 8 millones están registradas. “Me hicieron la cama, fue la excusa perfecta”, lanzó Javier Ibarra al momento de lamentar que lo hayan sacado por ser víctima de tortoleros.

Además, comentó que le generó confusión la presencia de Luis Rojas en el Palacio, donde se reunió ayer miércoles con el presidente Horacio Cartes. “Todo es válido en este juego político”, sostuvo.

“Alguien que le molestaba mi trabajo (me mandó sacar). Me parece muy débil el argumento del robo. Soy agradecido también por la oportunidad que me dieron”, señaló.

Rememoró además la publicación del audio del narco Ezequiel de Souza, quien lo sindicó que formar parte de una rosca mafiosa. Ibarra se preguntó si alguien fue procesado y criticó que Rojas estaría protegiendo al “preso VIP”. “Estoy esperando que se liberen del caso para tomar las medidas pertinentes contra las personas que me sindicaron hechos delictivos”, dijo.

ENFRENTAMIENTO

Dicha grabación generó un enfrentamiento entre Rojas e Ibarra, porque el procesado De Souza afirmó que pagaba grandes sumas de dinero “al segundo de De Vargas”, que anteriormente era fiscal. Ante esto, Rojas acota: “Ibarra”.

Ibarra acusó en ese momento a Rojas de ser un desequilibrado y ambicioso que pretendía quedarse con el puesto de Ministro del Interior.

¿PIDIÓ MÁS SEGURIDAD?

“Se quitó de contexto mis expresiones, porque yo dije que iba a elevar mi seguridad. Hubo una mala intención de las personas al hacer un juego de palabras. Hay gente que tiene 38 custodios y yo me desprendo de eso y extremo mi seguridad, yo no le pido auxilio a la Comandancia”, aseguró con respecto al zócalo divulgado en las redes sociales.

Por otra parte, dijo que podría dedicarse a la abogacía ya que es especialista en Derecho Penal o que volvería al Ministerio Público como fiscal.

 

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Kua hũ (analfabetos) pululan en la comuna y la “directora ortografía” es cupo PLRA

Aunque Max Rejalaga (jefe de gabinete de la municipalidad de Asunción) declinó señalar el nombre del político que apadrinó a Martha Morán como “directora de un centro municipal”, la misma mujer confirmó que es Humberto Blasco, dirigente del PLRA y exministro de Justicia en la era de Fernando Lugo.

La polémica sobre el “nombramiento” sobrevino tras la incursión de Morán en sus cuentas de redes sociales, en donde exhibió el casi nulo manejo de la gramática española.

¿Cómo una persona con escaso recurso académico puede ocupar un alto cargo en la administración comunal al comando de Mario Ferreiro?, fue el interrogante que desató la
tormenta mediática.

Max Rejalaga, jefe de gabinete de la municipalidad asuncena, admitió que él firmó la solicitud (a pedido de un político) para el traslado de Morán (funcionaria del
Tribunal Electoral) a la comuna capitalina, pero rechazó “enfáticamente” que haya sido para ocupar un cargo de Dirección.

“Desmiento que esta persona haya sido designada en un cargo de dirección. Ella debía encargarse de aspectos tales como el relevamiento de reclamos ciudadanos, habida cuenta su capacidad de relacionamiento con las personas”, dijo Rejalaga a la 780 AM, al ser abordado sobre el tema.

El mismo indicó que el estudio de recursos humanos con que cuenta la municipalidad de la capital, revela hasta ahora, por un lado el alto índice de “kua hû” (analfabetos que firman con huellas dactilares); y por el otro, la existencia de mucha gente capaz que fue relegada con criterios arbitrarios, y que merecen promoción.

FUNCIONARIA DEL TSJE

Martha Morán es funcionaria permanente del TSJE recibe como remuneración mensual la suma de G. 3.579.800. En total, incluyendo subsidios por salud entre otros, la mujer cobra en la Justicia Electoral un salario equivalente a G. 4.734.413.

 

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Capilla del Monte: identifican a cabecillas que cobraban por las tierras

Los ocupantes del predio de Capilla del Monte pagaban un monto semanal por permanecer allí. La Fiscalía identificó a los cabecillas que lucraban con tierras privadas.

Fuente: Radio UNO

Luego del desalojo de las familias asentadas de manera ilegal en Capilla del Monte, San Lorenzo, se procede ahora a la investigación de los responsables de cobrar dinero, por ocupar una propiedad privada.

La fiscal Dora Nohl confirmó que se maneja la información de que las personas abonaban a terceros, que nada tenían que ver con el terreno, un importe ínfimo semanal además de una suma al momento de ingresar al lugar.

“Varían los datos oficiales pero existe un monto inicial que se abona como derecho a ingreso que ronda los 500.000 guaraníes más o menos y con posterioridad pagan un canon semanal de 10.0000 a 20.000 guaraníes”, comentó la fiscal en contacto con radio UNO.

Respecto a los nombres, Nohl indicó que hay una lista de identificados, entre ellos, en primer lugar, el abogado Raúl Marín y Manuel Sánchez, además de otros nombres.

La semana pasada fue aprehendido Ireneo Fleitas, tras ser sorprendido con dinero en mano. Se sospecha que los billetes eran producto de este cobro irregular. Fleitas también cumple prisión preventiva.

“La gravedad del hecho viene por el lucro que realizan estas personas aparte de haber una invasión de propiedad”, señaló la representante del Ministerio Público.

En cuanto a Marín, el mismo fue convocado ayer para la declaración indagatoria pero se abstuvo de prestarla. El hombre ya está imputado por instigación a la invasión y la fiscal pidió prisión preventiva para él.

 

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Irregularidades en MRA: concejal exige una auditoría

El concejal de Mariano Roque Alonso, Andrés Caballero (Participación Ciudadana), solicitó a la intendencia de la ciudad que inicie una auditoría externa de la Comuna, debido a las supuestas irregularidades dejadas por la administración de Heriberto Mármol.

Fuente: Radio UNO

El edil sostuvo que realizar una auditoria fue una de las promesas electorales, tanto de su sector político como de la intendenta actual Carolina Aranda (PLRA). Sin embargo hasta ahora no se inició ese proceso, o al menos, no se tiene conocimiento de la empresa que se encargará del trabajo

“Esa es mi preocupación, no tengo la mínima intención de quedarme pegado a hechos que se hayan cometidos irregularmente en la administración anterior”, expresó el concejal en contacto con la 650 AM.

Caballero no cree que la bancada azulgrana que se conformó en la Junta Mariano, denominada G8 (cuatro colorados y cuatro liberales), sea para apañar las faltas cometidas en la municipalidad.

“Espero que esa bancada se dé cuenta que no puede tapar el sol con un dedo”, sentenció. Según informes, existe un saldo negativo en la comuna superior a los G. 39.000.000.

 

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Aclaran por qué rajaron a conocida dirigente docente

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) señaló que se desvinculó a la conocida dirigente de los docentes, Blanca Ávalos, por sus reiteradas ausencias en su puesto de trabajo. Aclaró que desde el año 2014 ya no se pagaban las licencias gremiales y los sindicalistas no comunicaban de sus actividades a las autoridades.

Humberto Ayala, director de Relaciones Gremiales del MEC, comentó a la 650 AM que recibieron la nota de reconsideración sobre el caso de la destitución de la dirigente sindical Blanca Ávalos. Con esto, la ministra de Educación, Marta Lafuente, posee 15 días hábiles para expedirse sobre la cuestión planteada por los integrantes de la Organización de Trabajadores y Educadores del Paraguay (OTEP).

El funcionario explicó que la despedida contaba con una licencia sindical pagada hasta diciembre del año 2013. El Ministerio de Educación y Cultura liberaba a los docentes anteriormente para asistir a sus puestos de trabajo, pero desde el 2014 ya no se pagaban estas licencias gremiales. No obstante, desde septiembre de ese año, según contó Ayala, Blanca Ávalos siguió con su mismo régimen y periódicamente tuvo ausencia hasta el 2015.

Detalló que la cartera educativa destinaba 2 millones de dólares anuales a dirigentes sindicales por sus trabajos realizados, pero con la asunción de Marta Lafuente se cortó ese desembolso, al pillar que cientos de maestros no trabajaban y percibían sus salarios. “Todos los dirigentes sindicales tienen derecho a licencias sindicales cuando así lo requieran, pero las remuneraciones tienen que ser pagadas ahora por las organizaciones”, dijo.

“Si su organización o ella consideraba que eran importantes sus actividades, correspondía solicitar el permiso y que la organización se haga cargo de pagar la licencia”, señaló. Dijo que el MEC se vio obligado a tomar esta postura, porque reiteradamente se intentó conversar con la docente sobre la situación, pero no hubo respuestas.

El ente estatal sigue manteniendo relaciones normales con todos los sindicados, excepto con Otep, que, según Ayala, tiene directa relación con el grupo político Partido Paraguay Pyahurâ. “Su única reivindicación es que renuncie el presidente Horacio Cartes y que se forme la junta patriótica”, lanzó. El hombre lamentó que el relacionamiento con dicho gremio siempre es conflictivo, con cierres de calles frente a las viviendas de las autoridades del MEC y hostigando.

El argumento de Ávalos es que permanentemente tiene que asistir a movilizaciones, pero Ayala sostuvo que no recibieron en el MEC ninguna comunicación de la dirección del Trabajo sobre sus quejas y marchas. “Ellos realizaban huelgas directas sin participación de las autoridades y con ausencias”, dijo.

La mujer contaba con dos rubros por 260 horas cátedras. “Debido a esa situación, la directora de una escuela en Ypané le dio un puesto de secretaria, donde se encargaba de registrar el ingreso y salida de los docentes”, dijo.