La fiscal de la causa, Mónica Larroza, presentó imputación contra los cuatro agentes identificados como Cristhian Hilario Toledo Arroyo (oficial inspector), Edgar Francisco Antúnez Lezcano (suboficial mayor), Amancio Ugarte Insfrán (suboficial primero) y Edgar Rigoberto Arévalos Rojas (suboficial segundo). Los efectivos son investigados por perturbación de la paz pública.

La denuncia fue presentada por los miembros de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA), ubicado al costado de la supercarretera, que organizaron la fiesta típica en el predio.

Los denunciantes comentaron que los policías mantuvieron un altercado con jóvenes que participaron del festejo; posteriormente se dirigieron a sus vehículos, tomaron las ametralladoras que pertenecen a la institución policial y empezaron a disparar, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

Como pruebas, se recabaron fotografías y vídeos tomados por los agricultores, además se recuperaron dos balas, una que había impactado contra el techo del local, mientras que la segunda se encontró en el suelo.

La fiscal Mónica Larroza solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los agentes imputados, y de igual modo pidió 6 meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.

El Crio. José Luis Noguera Orrego, asignado a la jefatura policial del Ministerio Público, participó del evento “El PAcCto 2.0″ en Panamá, durante el cual, según la denuncia, acosó a una funcionaria de la delegación y hasta la manoseó.

Al respecto, el Ministerio Público comunicó que el comisario pertenece a los cuadros de la Policía Nacional, por lo tanto, la que debe brindar atención es la institución policial.

La Fiscalía reconoce que una nota “descriptiva” del hecho fue enviada el 18 de abril pasado al embajador de la Unión Europea y, posteriormente, de la UE al Ministerio Público, a través de Relaciones Exteriores.

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A esta notificación “se dio atención positiva el mismo día”, mediante la remisión de los antecedentes a la Comandancia de la Policía. Todo lo realizado fue nuevamente comunicado a la UE.

Ante esto, la Comandancia derivó el caso a la división de Asuntos Internos para la implementación de medidas legales. La Fiscalía anuncia que se mantendrá atenta a nuevas peticiones y a la propia denunciante.

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La víctima fue identificada como Jorge Manuel Medina, quien contaba con antecedentes por violencia familiar y robo agravado en el año 2018.

Medina se encontraba en el patio de su casa al momento en que irrumpieron dos hombres encapuchados a bordo de una motocicleta.

Intuyendo la intención de los extraños, el hombre corrió hacia su habitación, pero lo alcanzaron y comenzaron a realizar disparos con arma de fuego.

El asesinato se verificó a las 00:30 de hoy martes en 35 Proyectadas y Napoleón Ortigoza, del barrio San Ignacio de la capital. Los intervinientes levantaron algunas imágenes de circuitos de cámaras de la zona para intentar llegar hasta los criminales. Se estima que el crimen se encuadra dentro del esquema de “ajuste de cuentas” entre marginales, principalmente ligados al tráfico de estupefacientes.

Este nuevo episodio se verifica luego de varios meses de “paz” instaurada después del desmantelamiento del clan Rotela en la cárcel de Tacumbú, que desde el reclusorio controlan a episodios de sicariatos en barrios de bañados de Asunción. Si bien los casos criminales se redujeron drásticamente en la zona, las autoridades policiales sostienen que quedaron varios elementos dispersos de la pandilla Rotela.

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El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, habló del tercer desembolso de Taiwán para las viviendas destinadas a las parcialidades indígenas y explicó de qué manera se trabaja con las demás instituciones.

“Este es in trabajo integral en equipo. Antes se reducía a la distribución de tierra, pero para poder generar arraigo, se necesitan las viviendas. A nosotros nos aboca la provisión de una vivienda digna”, expresó Baruja, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Por su parte, el INDI se encarga de informar cuáles son las comunidades con mayor necesidad habitacional y en base a eso, se establece un parámetro de prioridades.

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Además, el diseño de las viviendas se realiza en base a las costumbres y a la cultura, conforme a los conceptos y criterios del INDI. Una vez aprobados, se procede a la ejecución.

“Es un abordaje integral, no es simplemente la construcción de vivienda, sino el entorno los accesos, los conceptos de educación, de salud, para que el arraigo se genere en estas comunidades”, indicó el ministro.

Todos los ministerios y secretarías, entre ellos, Niñez, están incluidos en la misión de que las comunidades indígenas permanezcan en sus tierras y no tengan la necesidad de deambular por la capital en busca de atención.

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