La agente fiscal Marta Sandoval imputó a Gilberto Samuel González Méndez e Isidro Ramón Carrera Britos como supuestos responsables del hecho punible de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. La representante solicitó al juzgado que se apliquen medidas alternativas a la prisión de los imputados.

Los citados suboficiales habrían agredido a los camarógrafos Cynthia Saldívar Martínez y Jaime Osvaldo Woitschach Giménez, de acuerdo con la denuncia formulada ante el Ministerio Público.

Según el escrito, los imputados habrían lanzado chorros de agua en forma directa e injustificada, desde un carro hidrante, contra la humanidad de los profesionales de prensa. Tanto los hoy imputados, que estaban al mando del carro “H3”, como las víctimas cumplían sus respectivas tareas asignadas, el día 31 de marzo frente al Congreso Nacional, cuando se generaron múltiples incidentes.

Según el documento fiscal, los camarógrafos cayeron al piso y aparentemente sufrieron lesiones en varias partes del cuerpo, como también sus respectivos equipos de trabajo. Una vez en el piso, las víctimas habrían recibido nuevamente los chorros de agua que provenían del mismo carro “H3”. El hecho se produjo alrededor de las 16:30 horas, frente a la sede del Parlamento.

Esta mañana se reportó el ataque de una jauría de perros en una vivienda ubicada sobre la calle Nicolás Arguello del barrio Gral. Pablo Rojas de Ciudad del Este.

La víctima de este suceso fue identificada como Vitorina Ferreira, de 72 años, de nacionalidad brasileña, quien sufrió serias lesiones tras ser mordida por varios canes.

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Según el informe, unos seis perros de la raza Bulldog atacaron a la mujer cuando la misma había cruzado cerca del lugar donde se encontraban alimentándose.

Posteriormente, fue socorrida por bomberos voluntarios y trasladada de urgencia hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este para recibir atención médica.

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El Dr. Federico Schrodel, director del citado centro asistencial, confirmó al canal C9N que la anciana sufrió heridas desgarrantes a causa de las mordidas, a tal punto de perder gran parte de la piel.

Asimismo, precisó que, a raíz del estado en que llegó, la mujer fue ingresada a quirófano para ser sometida a una cirugía de urgencia. Luego de su intervención, se tendrá un mejor panorama sobre su condición, añadió.

La agente fiscal Reinalda Palacios, de Pedro Juan Caballero, representó al Ministerio Público en el  juicio oral en la causa por doble feminicidio que resultó en la condena de Pablino Giménez Ledesma y su hijo José David Giménez Romero, hallados culpables por la muerte de Patrocinia Romero y Noelia Giménez Romero, madre e hija.

Pablino Giménez fue sentenciado a cumplir una pena de 29 años y 6 meses, y su hijo cómplice a 10 años de privación de libertad.

El hecho fue descubierto en el mes de noviembre del 2021, en el asentamiento “Soberanía” del barrio Defensores del Chaco de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Según los antecedentes del hecho, Pablino asesinó a su esposa e hija con la ayuda de su hijo José en el mes de agosto del 2021, pero fue no fue hasta noviembre cuando fueron encontrados los cuerpos en el interior de la vivienda.

En ese entonces, el padre confesó que mató a su esposa e hija “por mandato de Dios”, ya que ambas estaban “endemoniadas” y para cometer el atroz hecho, pidió ayuda a su hijo, quien sujetó del brazo a su propia madre para que la pudiera matar.

“Por orden de Jesús sacrifiqué a mi hija porque tenía muchos espíritus malignos. Reprendí al demonio y le tapé la boca “, había dicho Pablino a los medios de prensa.

Ambos cumplirán su pena en la penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Ana Aguirre, presidenta, Mirna Soto y Marcelina Quintana, como miembros.

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El documento promovido por la Fiscalía General del Estado es contra la resolución del Senado por la cual se derogan los documentos que aprobaron los desafueros de los legisladores Erico Galeano, Rafael Filizzola y Hernán Rivas.

El argumento que sustenta la acción de constitucionalidad es que, con la resolución aludida se desvirtuó el debido proceso paralizándolos, cuando en su momento ya se otorgaron los desafueros.

Esta interrupción tiene efecto constitucional en el artículo 137 de la Carta Magna, donde, se estipula que “carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuesto a lo establecido en esta Constitución”.

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Otro artículo mencionado es el 248, donde se establece que el funcionario solo puede realizar los actos estrictamente legislador, con prohibición absoluta de lo no admitido.

Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos integran la Sala Constitucional de la Corte que deberá expedirse sobre esta acción.

Respecto a Celeste Amarilla, el escrito menciona que el Senado se excedió en sus atribuciones al rechazar el oficio que comunicaba la situación judicial de la legisladora y al no examinar el mérito sumario como lo indica el artículo 191 de la Constitución.