Edwin Pauls, gobernador de Boquerón, indicó que las lluvias registradas la semana pasada fueron insuficientes. “El departamento está pasando por una situación bastante difícil. Si bien la sequía es cíclica, cada tanto llega, pero ahora el desafío es especial”, refirió a radio 970 AM.

Pauls dijo que hace siete meses que el Chaco paraguayo sufre la falta de precipitaciones, lo que ya significó una gran pérdida para productores agrícolas y ganaderos. La población sobrevive con la compra de bidones de agua, que representa un gasto extra.

Dijo que su administración asiste en lo que puede y urgió a los senadores que sancionen la ley para que la Secretaría de Emergencia Nacional también pueda ayudar. El texto aprobado por la Cámara Baja establece un monto de G. 15.000 millones para la SEN, dinero que servirá para la provisión de agua y alimentos. La emergencia también es para el departamento de Presidente Hayes. La media sanción necesita el ok de la Cámara Alta.

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Desde el Centro Educativo Arambé, ubicado en la ciudad de Luque, anunciaron el logro obtenido luego de una intensa campaña de recaudación de fondos.

Finalmente, lograron asegurar los recursos necesarios para cubrir los gastos y así poder participar del Mundial de Robótica, a realizarse este mes en la ciudad de Dallas, Texas (EE.UU.).

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Una comitiva de alumnos y docentes viajará la próxima semana a suelo norteamericano para ser partícipes, tal y como en años anteriores, de esta cita que congregará a otros estudiantes de diversos países del mundo.

Son 13 estudian­tes del Centro Educa­tivo Arambé los que representarán a Paraguay en el Mundial de Robótica, cada uno de los cuales requiere de un promedio de G. 17 millones para gastos de traslado, estadía y otros.

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Cabe recordar que la clasificación para el Mundial de Robótica, obtenida en diciembre del año pasado, se dio en las categorías de “VRC Middle School⁣” y “VRC High School”.

Para llegar a la meta, se organizaron una serie de actividades y eventos, incluyendo un Karu Guasu que se llevó a cabo el último fin de semana en el predio de la institución, ubicada en el barrio Brítez Cue de Luque.

Por 32 votos a favor y 26 en contra, Zully Vera derrotó a su contrincante de turno, Roberti González, decano de Economía, y fue nuevamente electa rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Tras conocerse los resultados, Vera declaró que espera acompañar la manifestación estudiantil prevista para esta tarde y sostuvo que todos los sectores deben ser escuchados.

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Respecto al decreto de reglamentación y blindaje del Arancel Cero firmado ayer por Santiago Peña, Vera consideró que se trata de una herramienta válida que dará tiempo para continuar la reivindicación de otros programas financiados por la ley del Fonacide.

Consultada acerca de qué haría para zanjar esta crisis estudiantil y el paro de actividades, contestó que mantendrán la fórmula del diálogo con los alumnos en conjunto con el Consejo Superior Universitario.

En cuanto a Gustavo Alfredo Acosta Toledo y Miguel Wenceslao Torres Ñumbay, candidatos a vicerrector, los resultados no están confirmados aun, debido a que se constató un solo voto de diferencia, con lo que, no se cumple el requisito estatutario de la mitad más uno de los votos para la confirmación en el cargo.

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Una auditoría interna del IPS, realizada en respuesta a denuncias de jubilados de la previsional, desembocó en una denuncia ante la Fiscalía contra los funcionarios Juan Emilio Cabañas Velázquez y Víctor Pablo Monges Rojas.

Para llegar a esta instancia, se procedió a la verificación de 25 solicitudes de préstamos presentadas en febrero y pendientes de aprobación.

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Los funcionarios del Departamento de Préstamos, según el informe, pidieron dinero a los jubilados a cambio de agilizar los créditos. Además, los certificados médicos no fueron emitidos por los doctores cuyas firmas figuran en los documentos, o al menos, los médicos niegan haber evaluado a los pacientes mencionados.

Durante las entrevistas hechas a dos de los jubilados denunciantes, ambos coincidieron en que recibieron la propuesta de agilización y de contactos con determinadas personas para obtener el dinero.

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Los antecedentes y datos recabados fueron remitidos a la Dirección Jurídica y posteriormente, con autorización del Consejo del IPS, se formuló denuncia contra los funcionarios mencionados.

Cohecho pasivo agravado y producción de documentos no auténticos, previstos en los artículos 301 y 246 del Código Penal son los hechos punibles denunciados.