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LGTBI anuncia presión a Corte para aceptar unión igualitaria y habrá 'guerra'

Para la organización LGTBI SomosGay, la Constitución Nacional no tiene ninguna limitación para legalizar el matrimonio igualitario en el país tras el fallo realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que ahora acudirá a la Corte Suprema de Justicia del Paraguay para impulsar el cumplimiento de la medida. El planteamiento que harán es que se convalide la unión civil de personas que fueron a casarse en el extranjero y que retornaron.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva en la cual pide a los Estados firmantes del Pacto de San José de Costa Rica, entre los que está Paraguay, a incorporar en su legislación la figura del Matrimonio Igualitario y promover acciones de protección destinadas a la inclusión y respeto de la identidad para las personas transexuales.

Al respecto, la organización Somosgay celebró la opinión del Tribunal y anunció la presentación de los casos a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, de manera a exigir el cumplimiento de las exigencias de la Corte Interamericana.

Asimismo, consideró que esta decisión no está contrapuesta con la Constitución Nacional, que desde el preámbulo reconoce a la igualdad como principio indispensable en toda la legislación paraguaya. “La Constitución Nacional de Paraguay no tiene ninguna limitación para legalizar el matrimonio igualitario en el país”, resalta la oenegé a través de un comunicado.

Es por esa situación que Somosgay exige que el Estado paraguayo, sin más demora, proceda a establecer los mecanismos administrativos para dar cumplimiento a estas recomendaciones y garantizar la plena igualdad ante la ley de toda su ciudadanía.

En charla con Hoy Digital, el dirigente por los derechos humanos Simón Cazal, quien contrajo matrimonio con Sergio López en Argentina, mencionó que llevarán a la Corte Suprema de Justicia dos casos principales: el suyo y el de la periodista Karen Ovando y la ilustradora Leda Sostoa.

El líder de Somosgay contó que la intención es luego ir al Registro Civil para que reconozcan sus uniones y las convalide, pero que atendiendo la situación en el país, esto de seguro será denegado. Ante ello, se iniciará el proceso para llegar a la Corte, para que esta sea quien dé su postura favorable o en contra a la petición. En el hipotético caso de darse lo segundo, ya recurrirán a la Corte Interamericana.

El activista indicó que el fallo de la CIDH le da un valor a la situación, por la jurisprudencia, ya que obligará al Estado a aceptar estas uniones. Además, la opinión consultiva establece una salida legal si es que hay problemas internos y sobre esto resalta que la Corte debe inscribir de manera transitoria los pedidos, según resaltó.

“Acá en el país hay mucha gente (del mismo sexo) que se casaron (afuera). Nosotros llevaremos a la justicia dos casos más mediáticos. Acá en Paraguay no hay sustento legal para que dos adultos quieran casarse”, indicó y acotó que luego de conseguir esta unión igualitaria desean trabajar la igualdad social.

Por otra parte Cazal expresó que también se verá el caso de las transexuales, las cuales deberían poder hacer un simple trámite administrativo para poder cambiar sus documentos de identidad. La activista Yren Rotela justamente logró cambiarse el nombre mediante una demanda realizada.

Esta decisión del grupo LGTBI ya desató opiniones de rechazo por parte de organizaciones denominadas Pro Familia, que apuntaron que realizarán acciones concretas para obstaculizar el plan que lanzan las agrupaciones que defienden el casamiento entre personas del mismo sexo.

 

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¿Por qué ahora reaparece el EPP?: “Es el mejor momento para golpear”

Carlos Capurro, experto en temas de seguridad, realizó una lectura sobre la aparición de vuelta del EPP, que es calificada por muchos como una cortina para desviar la atención de las situaciones que se están dando actualmente en el país.

“Mucho se lee siempre que cuando hay cuestiones complicadas para el gobierno de turno siempre aparece el EPP para “robar y desviar la atención pública”, escribió en su cuenta de Twitter. Y al respecto indicó, aclarando que no es ninguna defensa a nadie, que al racionalizar y ver desde el punto de vista de la contrainsurgencia no debe haber tanta “paranoia conspiraticia” en el asunto.

Sostuvo justamente que las acciones de los grupos insurgentes/terroristas son llevadas a cabo para buscar publicidad o notoriedad a sus acciones, intimidar a la población mostrando su fuerza y de lo que son capaces y debilitar al gobierno de turno.

“Es por ello que todas sus actuaciones son pensadas y calculadas hasta el más mínimo detalle. Sobre todo lo que hace al qué y al cuándo. Cuando la situación política de una sociedad está de por sí caldeada, existe mucha crispación social, o los gobiernos no pueden dar respuestas a las problemáticas que se le plantean muestra una imagen de debilidad. Es -estratégicamente hablando- el mejor momento para golpearlo”, planteó.

De esta manera, consideró que ese golpe magnifica la imagen de impotencia o de inutilidad de un gobierno. Además, todos los ojos de la opinión pública se encuentran enfocados en los gobernantes.

En charla con Hoy, Capurro resaltó que no es casualidad, sino que esta actuación de los epepistas se da en torno a una relativa debilidad del Gobierno, cuando está afrontando una crisis. “Está vulnerable, en ese momento, toda las miradas están dirigidas al gobierno, porque su objetivo es debilitar o derrocar al gobierno y entonces van a aprovechar eso”, dijo.

Sostuvo que ahora los integrantes del EPP aprovecharon el escándalo de la justicia, que se da en medio de una serie de condiciones que hacen que este caso sea más efectivo, con relación al impacto que podría generar.

En cuanto a la posible liberación de los secuestrados, tal como mencionan en sus panfletos, el experto en seguridad contó que con esto “muestran que el poder es de ellos, que la decisión pasa por ellos. La impronta es que ellos manejan la cancha, porque así también se debilita la figura del gobierno”, indicó.

Al referirle que muchos ciudadanos no consideran que exista propiamente un grupo de delincuentes, sino que es una creación de las autoridades, respondió que la duda siempre es natural en el ser humano, sin embargo, resaltó que el EPP es un fenómeno que abarca a cinco gobiernos anteriores, cuyas ideologías fueron diferentes, y el ataque se dio en todos, ya sea con menor o mayor intensidad.

En cuanto a que sería la mafia la que estaría detrás de toda la situación, Capurro mencionó que por un lado está la insurgencia que es netamente política y por el otro los crímenes organizados. El primero siempre reivindicó su mensaje político, pero esto tampoco elimina la posibilidad de una convergencia, que se podría dar -si es que ya no se está dando- cuando ambos grupos se unen para determinados grupos de trabajos, que son temporales. Por ejemplo, recordó el caso de las FARC cuando trabajaron para los narcos, lo que fue una alianza circunstancial para generar dinero.

 

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Imputan a hombre que habría abusado y matado a niña indígena

La fiscal Teresilde Fernández imputó a Leandro Iquetangoi Picanerai Chiqueno por abuso sexual en niños y homicidio doloso por someter y posteriormente matar a una niña de 12 años. El hombre había sido protegido por caciques quienes evitaron la entrega del presunto abusador a la Policía.

Además de la imputación, el Juzgado Penal de Garantías ordenó su prisión preventiva, según informa la Fiscalía en una nota de prensa.

Según el acta de imputación, el hecho habría ocurrido el 10 de enero, a las 20:00, a orillas del río Paraguay, en la comunidad indígena de la parcialidad Ayoreo denominada Punta, en Carmelo Peralta.

El Dr. Ronald Zelada Díaz diagnosticó como probable causa de muerte de la niña de 12 años, paro respiratorio por asfixia. Además confirmó que la víctima sufrió abuso sexual.

La Fiscalía sostiene que existen suficientes indicios y testigos sobre la supuesta participación del hoy imputado.

La fiscal solicitó la colaboración de especialistas de la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público, ya que tanto víctima como victimario son indígenas.

 

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Los obligaron a repartir víveres cuando Abraham ya estaba enterrado

Aproximadamente dos años llevaba enterrado el cuerpo de Abraham Fehr en la estancia San Eduardo. A pesar de esto, en marzo pasado la familia repartió víveres con la esperanza de volver a verlo, pero el EPP no hizo más que burlarse del dolor de los colonos.

Una de las familias más humilladas y pisoteadas por el EPP es sin duda la de los Fehr, que antes de conocer el terrible desenlace del colono, pasó por cuantiosas humillaciones bajo la promesa de liberación.

Desde el 8 de agosto del 2015, cuando criminales de la banda más asesina del país se llevaron a Abraham Fehr mientras él trabajaba en su estancia junto a sus hijos y algunos peones, comenzó un largo calvario cuyo desenlace fue el peor.

Los familiares nunca volvieron a ver a Abraham ni en fotografías, ya que los delincuentes no enviaron una sola prueba de vida, factor que siempre llamó la atención, sin embargo, sí solicitaron dinero y distribución de víveres a cambio de una liberación que nunca llegó.

El 18 de agosto del 2015, los padres de Abraham pagaron 500.000 dólares por el rescate sin intervención de las autoridades, que se mostraron sorprendidas al enterarse semanas más tarde.

En marzo del 2017, los familiares entregaron víveres a una comunidad indígena, tiempo en que según la autopsia, Abraham ya estaba muerto, pues los restos datan de dos años.

El 11 de diciembre es la fecha de cumpleaños de Abraham, y tanto en el 2015, como en el 2016 y el 2017 celebraron simbólicamente con una torta, guardando la ilusión de volver a verlo.

Durante todo este tiempo, los cuatro hijos de don Abraham preguntaron cuándo volverían a ver a su papá, y la respuesta llegó de la manera más cruel e inhumana ayer, con el panfleto que indicaba el lugar donde enterraron solamente los restos del colono y la posterior confirmación por parte de los familiares que lo reconocieron plenamente.

En 20 años el grupo armado creció notoriamente y mató de las maneras más crueles a más de 60 personas, incluyendo familiares suyos, policías, y trabajadores humildes. Desde entonces, a más de detenciones y algunas condenas a sus integrantes, no hubo un solo gobierno que haya logrado diezmarlos.

 

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Administradores y cajeros de Mario se "tragaron" casi G. 1.000 millones

La Municipalidad de Asunción presentó una denuncia sobre un faltante de G. 931 millones entre octubre 2016 y setiembre de 2017. El perjuicio fue causado por un esquema entre administradores con dinero recaudado por la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

La denuncia fue presentada este viernes ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público por los delitos de extracción y apropiación. Todo apunta a funcionarios dependientes de la Dirección de Recaudaciones, según un informe de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción de la Comuna.

El monto del perjuicio patrimonial determinado en concreto es de G. 931.008.151 en el periodo de octubre 2016 a setiembre 2017, durante la administración de Mario Ferreiro, según informa la Comuna.

La auditoría indica que una gran cantidad de planillas de rendición de cobro por infracciones de tránsito remitidas por la Dirección de la Policía Municipal, de la cual depende la Policía Municipal de Tránsito (PMT), no fueron acreditadas por el sistema de Recaudaciones.

Básicamente, los agentes de la PMT rindieron lo recepcionado en concepto de infracciones de tránsito, de grúa y otros servicios que ofrecen. Las sumas cobradas por los responsables de la PMT no fueron ingresadas al Sistema de Recaudaciones (Sirec) y, por consiguiente, tampoco a las arcas municipales. La denuncia apunta a los funcionarios que se desempeñan como cajeros.

Se identificó que algunos “cajeros” habrían procedido a la sustracción al no registrar como ingresos ciertos las planillas de rendición presentadas por la PMT.

Al consultar en la Base de Datos del Sistema de Recaudaciones se constató la existencia de planillas cuyas facturas expuestas en ellas no fueron acreditadas en el Sistema de Recaudaciones.

La denuncia fue presentada por el director de Anticorrupción, Diego Marcet y el director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, Juan Carlos Ramírez Montalbetti.