Tres indígenas del pueblo Enlhet del Chaco, uno de ellos con discapacidad física, obtuvieron medidas alternativas a la prisión mediante la intervención de tres direcciones especializadas del Ministerio de Justicia. Fueron beneficiados Antolin Ayala de 78 años, con dificultad para desplazarse (pierna derecha amputada), Erich Giménez de 74 años, y su hijo Rofino Giménez, de 45 años.

Los antecedentes refieren que los hombres fueron remitidos a la cárcel de Emboscada por orden de las juezas Blanca Gorostiaga, Mesalina Fernández y Alba María González, quienes dispusieron la prisión preventiva de los indígenas de la comunidad Paz del Chaco, de Presidente Hayes, procesados por la muerte de un menonita, hecho ocurrido hace cuatro años en el Chaco.

La Dirección de Seguimiento a la Situación Procesal se encargó de iniciar los trámites debido a que se logró demostrar que no se dio cumplimiento al debido proceso, ya que no se contó con la presencia de un técnico especialista indigenista.

LO QUE DICE LA LEY

Existe la prohibición expresa de dictar prisión preventiva para personas mayores de setenta años, conforme al art. 238 del Código Procesal Penal (CPP): “No se podrá decretar la prisión preventiva de las personas mayores de setenta años”. En el presente caso, dos de los encarcelados son ancianos, y en el caso de Antolín Ayala, a su avanzada edad (78) se suma su discapacidad física, lo que le imposibilita valerse de sí mismo.

Mientras que en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ley 234/93, de “Pueblos Indígenas y Tribales”, se dispone que cuando el procesado sea un indígena, “deberá darse preferencia a tipos de sanciones distintas del encarcelamiento” (art. 10.2). En otra parte, el mismo cuerpo legal dispone que “al aplicarse la legislación nacional a los pueblos indígenas deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”.

El Código Procesal Penal dispone un procedimiento especial para los hechos punibles relacionados a los pueblos indígenas, obligando a los Juzgados y Tribunales contar con una pericia socio-antropológica para determinadas resoluciones judiciales que puedan poner en riesgo el modo peculiar de vida de personas pertenecientes a pueblos indígenas, sobre todo si se afecta el derecho a la libertad.

Estas propuestas serán evaluadas y calificadas por el MUVH antes de que estén a disposición de la ciudadanía.

Durante la segunda fase de capacitaciones concluida hoy, inmobiliarios, fiscalizadores, tasadores y organismos de control aprendieron sobre los componentes para la formulación de costos y plantearon consultas sobre temas específicos. Al mismo tiempo, los profesionales se registraron en la plataforma www.cherogapora.gov.py y cumplieron los requerimientos establecidos por el MUVH.

“Hoy es un día especial porque cerramos oficialmente las capacitaciones. Estamos muy contentos con cómo se vinieron desarrollando. El Gobierno del Presidente Santiago Peña ha mostrado una apertura con la participación de diferentes cámaras y de la academia para generar un producto auténticamente paraguayo, en el que han participado diferentes instituciones”, expresó el ministro del MUVH durante el cierre de capacitación.

Che Róga Porã beneficiará a familias de todo el territorio nacional con ingresos de entre 1 hasta 4 salarios mínimos, las cuales podrán acceder a una vivienda propia de hasta G. 400.000.000 con financiación de hasta 30 años, a 6,5% de interés anual.

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con los familiares de una mujer, quien presuntamente se habría arrojado del 8° piso, de la sede central del Instituto de Previsión Social.

Fiscalía busca a familiares de una mujer fallecida en el IPS.

Se trata de Lorena Noelia Sosa Villalba. El cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial, según indicó la Fiscalía.

La familia puede acudir a la fiscalía barrial n.° 7, sito en Cap. Vicente Suárez 2290, del barrio Mburucuyá, contactarse al 290-309, o bien presentarse a la referida morgue.

La fiscal Belinda Bobadilla comentó que la intervención se realizó luego de la denuncia realizada por Transparencia donde informaban sobre supuestos pedidos de dinero para realizar la tramitación para beneficiar a particulares.

“Nos constituimos para realizar un registro del edificio con la autorización correspondiente. Estamos llevando a cabo registros en diferentes partes de la propiedad”, afirmó Bobadilla a la radio 680 AM.

Investigan posibles hechos punibles relacionados a campos comunales, dirigidos a personas de una comunidad determinada.

En tanto, desde el Indert se pronunciaron y expresaron su compromiso por transparentar los procesos y combatir la corrupción.

Instan a todos los beneficiarios a denunciar cualquier pedido de pago irregular para tramitar algún proceso de adquisición de tierra.