“Para el Ministerio de la Mujer esto es un grandísimo perjuicio, para mí que no se estudió bien”, expresó la ministra Ana María Baiardi en conversación con nuestra redacción. El pasado jueves 4 de agosto, la Cámara de Senadores decidió no acompañar el pedido Ejecutivo, que solicitaba la aprobación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de U$S 20 millones, para el financiamiento del “Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana”, a ser ejecutado por el Ministerio del Interior pero que en gran parte iba a beneficiar al Ministerio de la Mujer.

Baiardi indicó que los recursos del BID iban a ser destinados en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres paraguayas, que es considerada como inseguridad y va en aumento. Detalló que una parte del dinero pretendería ser empleada en una encuesta nacional, para tener la actualización de los casos. El último estudio se hizo en el 2013 y abarcó solo a cuatro ciudades.

Otra parte del préstamo se usaría en la puesta en marcha de un enlace directo (intranet) entre el sistema del fono ayuda de la Mujer 137 y el 911 de la Policía Nacional. La reeducación del agresor leve era también un punto a ser atendido con la plata del organismo internacional, así como las campañas de comunicación para definir nuevas masculinidades.

La ministra mencionó igualmente que los policías ya se formarían, desde la época de cadete, en cómo tratar casos de violencia y equidad de género. Sin embargo, ninguno de estos objetivos podrá ser cumplido luego del rechazo de los parlamentarios liderados por la senadora de la oposición, Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP).

“Esto no era una simple capacitación como quisieron instalar, esto apuntaba a una reducción de la violencia, a generar acciones para que generaciones futuras puedan romper el ciclo de violencia. Del 2011 al 2015 tuvimos un caso de feminicidio cada quince días, en lo que va del 2016 tenemos uno cada 11 días. No estamos viendo el problema, nos quedamos con el árbol y no vemos el bosque detrás de eso. A lo mejor no les gustó algo, pero ¿por qué rechazar? ¿por qué no decir ‘cambien esto’? si no estamos cerrados para eso”, lamentó.

Baiardi insistió que no se pueden hacer políticas públicas sin saber la realidad nacional. “El tema es grave y Paraguay no es la excepción. La violencia contra la mujer está tomando a nivel global grados que no tiene precedentes. Un estudio reveló que el mundo pierde al año 11% del PIB por violencia de todo tipo, de los cuales el 5,2% es por violencia contra la mujer. En este país por un estudio que hicimos el año pasado la empresa privada pierde 700 millones de dólares al año por la violencia intrafamiliar”, sentenció.

MINISTRO DE HACIENDA

Para el ministro de Hacienda, Santiago Peña, es “muy negativo” que el Senado haya rechazado un préstamo de US$ 20 millones del BID para un proyecto de seguridad ciudadana que incluía a la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Declaró que que el rechazo obedece a una cuestión política de crispación en el ambiente entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. Pidió a los parlamentarios que antepongan los intereses de la ciudadanía antes que los personales-partidarios.

En entrevista con la radio 650 AM, el juez Darío Báez señaló que la causa contra Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, “era muy simple”.

“Ambos terminaron condenados, con 4 años la señora Patricia y el señor José con 3 años y 9 meses, por el famoso caso de agua tónica de Petropar. Muy pocas veces tenemos tanta claridad desde el principio. El Ministerio Público creyó conveniente y presentó todo el argumento que existía, pero ya desde el principio era demasiado evidente que estas compras nunca se hicieron. Desde el principio era muy claro que nunca se realizaron estas compras y únicamente se utilizaron documentaciones para cumplir con lo que hace a las carpetas. Finalmente, es una compra disimulada con documentos”, señaló.

La condena se dio en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. Ese dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada con el único fin de cubrir una deuda que tenía el esposo de la titular de Petropar.

“Todo el tiempo estamos teniendo juicios de corrupción pública, pero este es mucho más ofensivo porque en ese momento de desesperación de cada paraguayo prácticamente, aprovecharon estas personas para poder pagar sus propias deudas”, cuestionó el magistrado.

Te puede interesar: Lucha de Marito por la ‘señora del agua tónica’ llegó a su fin: ¿irá de visita al Buen Pastor?

Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

La constitución de esta región en zona roja, de alta movilidad de agrupaciones narco, empujó al gobierno a definir una mayor presencia, permanente, en el departamento que está siendo azotado por una guerra de pandillas que disputan territorios para producción de marihuana, y de pistas clandestinas para trasporte de cocaína.

La idea general de la nueva estrategia de seguridad para Canindeyu, contempla el uso de unidades especializadas en combate, inteligencia y el uso de nuevas tecnologías de control y detección de actividades irregulares.

La gran extensión del departamento, amplias zonas boscosas, lo convirtieron en escenario ideal para operaciones de grupos criminales. Entre estos resaltan que existen seis bandas, dos de las cuales: la liderada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho, y la otra comandada por Benicio Silva, alias Silva hu, son las que disputan por la hegemonía.

En el caso del fugitivo Acosta, ahora se sabe que cuenta con el apoyo de una banda de sicarios, supuestamente liderada por Selva Portillo Rodas, alias ña Selva.

Te puede interesar: Expolicía es devorado por sus seis perros en Brasil

La parte delantera de una camioneta donde se encuentra el motor, ardió en llamas esta mañana, pero gracias a la rápida acción del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, se logró sofocar las llamas antes de que el rodado sea consumido completamente por el fuego.

Lea: Prensa brasileña revela intención de Lula en Itaipú

De acuerdo al informe policial, se trata de una camioneta de la Marca Ford modelo Escape de clor negro, chapa UAE 592, propiedad de María Elena Barrios (47), de nacionalidad argentina, domiciliada en el barrio San Roque de Ciudad del Este.

La afectada manifestó a los intervinientes que minutos antes del incidente dejó su vehículo estacionado, poco después el guardia del recinto le avisó que su rodado se incendiaba.

Rápidamente se dio aviso a los bomberos voluntarios que lograron evitar que el fuego consuma por completo el automóvil.

Por el momento se desconoce cómo se originó el incendio, por lo que se procederá a la revisión para encontrar la causa.

Lea más: Otorgan salida transitoria al asesino de Teresita Lichi