​El extranjero percibió una suma importante de dinero desde el 15 de agosto del 2008, fecha en que el exobispo de San Pedro asumía la Presidencia. Facturas de pago señalan que Lino Xavier Valencia Montes cobró 45 millones de guaraníes por trabajar cuatro meses, es decir, desde el 15 de agosto hasta diciembre del 2008.

Al año siguiente siguió percibiendo dinero del Estado, desde enero a junio, la suma de 10 millones de guaraníes, totalizando G. 60 millones. Sumando los dos montos, el español se embolsó unos 105 millones de guaraníes entre el 2008 y el 2009.

Para pagar al abogado hicieron figurar su contratación en una orden de compra de Yacyretá, donde registraban su labor como “servicio en el Gabinete de la Presidencia de la República”, que en época de Lugo estaba a cargo del ahora senador de Avanza País, Miguel Ángel López Perito.

Las facturas a las accedió nuestro medio llevan la firma del primer director paraguayo de la EBY en la era Lugo, el ingeniero Carlos Cardozo Florentín. (Ver documentos). El caso del Valencia Montes “saltó a luz” cuando se descubrió que sin trabajar percibía un jugoso salario como funcionario de la Justicia Electoral.

El extranjero fue nombrado en el TSJE en el 2012 con un sueldo de G. 6 millones y luego fue comisionado a la Cámara de Diputados en calidad de asesor, por pedido de la diputada de Avanza País, Karina Rodríguez. La dirigente de izquierda firmaba la planilla de asistencia de Lino Xavier mientras este se encontraba fuera del país.

Rodríguez, quien renunció a su banca para asumir como directora del Área Social de la Municipalidad de Asunción, intentó justificar la irregularidad manifestando que se trató de una “falla administrativa” y que no tendría problemas en devolver lo percibido por su asesor en dos meses (G. 12 millones).

Tanto la funcionaria municipal como el profesional español están a un paso de ser imputados por cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos falsos. La fiscal Nadine Portillo es la designada para atender este caso. La misma adelantó que en el transcurso de esta semana definirá si imputa a estas dos personas.

MARIO: “NO ES CUCO QUE COME NIÑOS”

Desde que este tema se instaló, el intendente de Asunción Mario Ferreiro defendió a Karina y Lino. Ayer, al cumplir un mes de gestión en la Comuna capitalina, indicó que no podía actuar de forma preventiva y destituir del cargo a la mujer sin que la Fiscalía se expida sobre la situación.

“Necesito esperar (…) entiendo la premura de los medios, la presión ciudadana pero me parece fundamental que cumplamos con los procesos. Vamos a esperar la imputación, que parece que va salir, y en base a eso voy a tomar la decisión”, declaró.

Respecto al español dijo que le asusta la manera en que lo involucran en toda la trama y pidió un poco de respeto. “Estamos por llegar a la conclusión que Valencia era el asesino de John y Robert Kennedy, me parece que hay un límite para todo, es profesional reconocido, no es un cuco que come niños de noche”, sentenció.

La imputada está identificada como Érika Melgarejo González (28), quien se encuentra privada de libertad y enfrenta cargos por los delitos de producción de riesgos comunes y amenaza de hecho punible.

El hecho ocurrió en una residencia donde funciona un consultorio odontológico ubicado en el kilómetro 5,5 del referido barrio de la capital del Alto Paraná, propiedad de la Dra. Myrian Vanesa Cabral González.

Según la investigación, la presunta autora llegó al lugar con un recipiente en mano que contenía combustible, tras cerciorarse de que nadie estaba dentro del local, derramó el líquido inflamable y le prendió fuego. Todo el movimiento de la sospechosa quedó registrado en la filmación del circuito cerrado del local.

La dueña del lugar, quien pudo observar a través de las grabaciones lo que estaba ocurriendo, acudió rápidamente hasta el sitio, donde fue agredida por la atacante, quien además la amenazó. La afectada alertó a los agentes policiales de la jurisdicción, quienes fueron al sitio y procedieron a la aprehensión de Melgarejo.

El asunto tendría como trasfondo una venganza contra los padres de la doctora Cabral, quienes tiempo atrás le habían alquilado una habitación a Melgarejo -que funciona al costado de la clínica odontológica- y luego la desalojaron por algunos problemas.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.