Ferreiro fue consultado sobre la pertinencia de la propaganda electoral en Asunción antes de hoy 19 de febrero, fecha en que inicia el período oficial establecido por la ley electoral.

Expresó a los medios de comunicación que existe una “mezcla de varios factores” ya que están los candidatos que dicen que su cartel no es propaganda porque no habla de listas o de candidaturas.

“Es una vieja picardía que ya conocemos todos: se pone la foto de un señor y se dice ‘queremos un Paraguay más lindo’. Ellos hacen interpretación de que eso todavía no es insinuación al voto”, expresó. El intendente añadió que allí debe entrar una consideración jurídica que “en este momento” no tiene “condiciones de explicar”.

Por otro lado, indicó que están los períodos de propaganda, que se inician hoy, y que generalmente se dan problemas en cuanto al respecto entre movimientos y partidos.

Sostuvo que acompañaron procesos de la Fiscalía de Delitos Electorales, que no se puede cubrir todo pero que siempre acatarán lo que dice la legislación.

En varios puntos de la ciudad se pueden observar mensajes referentes a la situación del país sobre un cartel que muestra un fondo naranja. La cartelería muestra propaganda política que forma parte de la campaña de la concertación Avancemos País que pertenece al bloque del intendente Ferreiro y que postula a su hermano Adolfo para la senaduría, al concejal Rodrigo Buongermini para la diputación por Capital, entre otros.

Además de permitir a su movimiento hacer propaganda a destiempo, el intendente utiliza un convenio entre la Municipalidad de Asunción y la empresa Prourbe para aprovechar los espacios disponibles para la Comuna y destinarlos al equipo político de Avancemos.

Los magistrados Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Darío Báez dieron lugar al pedido de la defensa del exlegislador y declararon la extinción de la acción.

La decisión fue tomada teniendo en cuenta la devolución del monto por el cual fue procesado y la reparación social.

Cabe recordar que Rivas fue procesado por estafa al Estado. Según las denuncias, colocó a tres de sus caseros como funcionarios de la Cámara de Diputados desde junio del 2016 hasta febrero del 2017, por un monto de G. 45 millones.

Según informan, el exdiputado devolvió en total G 47.000.000, una suma superior por la cual fue procesado en cuanto a intereses.

En el marco de la causa, Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco, caseros del diputado Tomás Rivas, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad con suspensión de ejecución de la condena y deberán reparar los daños causados al Estado paraguayo.

Los primeros estruendos se oyeron alrededor de las 15:20 de este miércoles, y siguieron por varios minutos en un escenario de tensión. Autoridades del reclusorio pidieron refuerzos ante lo que inicialmente se tiene como conato de motín.

La población penal de la penitenciaria de Pedro Juan Caballero está confirmada por una variada gama de miembros de agrupaciones criminales locales y extranjeras, principalmente brasileñas.

Tras el operativo Veneratio que desarticuló al clan Rotela de la cárcel de Tacumbu, hubo menester de una redistribución de reos en distintas cárceles del país. Fue así que el penal de la capital amambaiense recibió a elementos del clan Rotela, lo cual no dejo de instalar el temor de que se generen choques entre esa banda y elementos del del Primer Comando Capital, con fuerte presencia en la frontera.

Este estado de tensión que se reporta ahora desde la cárcel de Pedro Juan Caballero,, surge tras un anuncio hecho está mañana por autoridades penitenciaria de que se aborto está madrugada una fuga masiva del penal de Ciudad del Este. Allí detectaron un túnel por el que, según estimaciones, pudieron haber huiro alrededor de 400 reos del PCC que están internados en el área donde se construía el “agujero de escape”.

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La fiscal Cinthia Leiva Cardozo imputó por los hechos punibles de robo agravado con resultado de muerte o lesión grave a Roy Deyby Castillo Sánchez, de 38 años.

El hombre se encuentra acusado por el homicidio de María Dalina Galeano Galeano (18), quien falleció luego de ser baleada durante un asalto domiciliario ocurrido el pasado 2 de abril en la zona del Km 9 Acaray - fracción San Isidro de Ciudad del Este.

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En aquella ocasión, Castillo y otros dos cómplices habrían ingresado a la vivienda de la víctima con fines de robo. Durante un forcejeo, María Dalila recibió un disparo a la altura del pecho que acabó provocándole la muerte.

Por su parte, su hermano Blas Fernando Noguera (21) sufrió una herida cortante en la cabeza y un impacto de bala en el muslo izquierdo, aunque logró salir con vida del atraco.

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La fiscal del caso solicitó la aplicación de la prisión preventiva para Roy Castillo, quien actualmente se encuentra detenido. El mismo había abandonado la cárcel apenas hace tres meses, donde permaneció preso durante 17 años.

Los demás integrantes de la banda criminal que perpetró el asalto, identificados como Arsenio Sotelo Galeano, Mateo Gabriel Melgarejo Marín, Wilfrido Damián Fariña Peralta y Fernando David Guerrero Guerrero, aún siguen prófugos.