La cita, que sigue a la que tuvo lugar en la primera semana de agosto en la sede del grupo en la capital uruguaya, será a nivel de coordinadores y no de cancilleres, lo que implica que cualquier propuesta que se presente deberá ser elevada a los titulares de los ministerios de Relaciones Exteriores.

En la reunión de comienzos de agosto, participaron representantes de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, pero estuvo ausente Venezuela.

El encuentro de este martes está previsto para las 11H00 locales (14H00 GMT) en la sede del bloque en Montevideo, informaron fuentes diplomáticas a la AFP.

El Mercosur atraviesa una de sus peores crisis desde su fundación en 1991, solo equiparable a la que generó la suspensión de Paraguay en 2012 luego de un juicio parlamentario que destituyó al presidente de izquierda Fernando Lugo. Allí, en una cumbre presidencial incompleta, Uruguay, Argentina y Brasil resolvieron el ingreso de Venezuela como miembro pleno.

Por orden alfabético, en julio de 2016 Venezuela debía asumir la presidencia rotativa del grupo, desde donde coordinaría por seis meses la agenda del Mercosur. Pero Brasil, Paraguay y Argentina se oponen.

El canciller brasileño, José Serra, dijo lisa y llanamente la semana pasada que su país considera que “Venezuela vive bajo un régimen autoritario, no democrático” y argumentó que “un país que tiene presos políticos no puede ser un país democrático”.

“Venezuela no va a asumir el Mercosur, eso es seguro”, remató el ministro brasileño.

Paraguay de su lado, pidió a Venezuela que libere a los opositores presos y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de querer bloquear el Parlamento a través de la Justicia.

Argentina en tanto, quiere un gobierno colegiado del Mercosur hasta que asuma la presidencia en enero próximo. El presidente Mauricio Macri ha sido muy crítico de la situación de derechos humanos en Venezuela.

Uruguay en tanto, es el único socio que quiere que Caracas asuma la presidencia y acepta la decisión de Maduro, que se proclamó al frente del Mercosur una vez que Montevideo dejó la presidencia, aunque el resto de los socios no lo reconocen ni aceptan las decisiones que adopte.

Maduro acusó a Argentina, Brasil y Paraguay de formar “la triple alianza de torturadores de Suramérica”, dijo que el gobierno interino brasileño es “una dictadura impuesta”, tildó a Macri de “fracasado” y al gobierno de Horacio Cartes en Paraguay de “oligarquía (…) corrupta y narcotraficante”.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

Te puede interesar: Intervienen obra para supermercado ante intención de talar árboles del “Bosque San Vicente”

Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

Te puede interesar: Más de 200 quedaron sin luz, reclamaron y ‘ahí’ se enteraron que eran piratas eléctricos

Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

Leé también: Prosigue búsqueda de supuesta “monja” acusada de explotar a menores

Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

Te puede interesar: Más de 200 quedaron sin luz, reclamaron y ‘ahí’ se enteraron que eran piratas eléctricos

Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.