A través de un comunicado, el Clero del Norte (obispos, sacerdotes y diáconos de Concepción, Benjamin Aceval, San Pedro Apóstol y los vicariatos apostólico del Chaco y del Pilcomayo) exigió la derogación de la FTC y que se busque una solución más eficaz que garantice el respeto de la dignidad humana.

Los religiosos señalaron que la FTC atropella los Derechos Humanos e incluso se solidarizaron con las familias de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y otras víctimas de secuestro.

Al respecto, las Fuerzas Militares emitieron un comunicado en el cual lamentan las declaraciones en las que se utilizaron “expresiones nada felices que podrían inducir a la confusión de la ciudadanía, a criminalizar las acciones de la FTC y a victimizar a los terroristas que integran esta infame banda”.

“Las operaciones que realiza la FTC, se enmarcan en el pleno respeto a los DD.HH, a la protección de la población indefensa y a devolver la tranquilidad en esa hermosa zona del país”, señala el texto.

Expresa el organismo militar que existe cierta “atonía moral” que le permite creer a la población que la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el norte compete exclusivamente a la FTC y que los ciudadanos corrientes no tienen ningún deber que cumplir al respecto.

“Nada más injusto y equivocado. No sólo las FF.AA, la Policía Nacional y la SENAD, sino la nación entera, con todas sus fuerzas vivas, están en el deber de contribuir a extirpar la violencia homicida y criminal de nuestro suelo patrio”, sostiene.

Finalmente, expresa que la FTC prosigue con las operaciones que conlleven al éxito de la misión, sin pausa, día y noche, hasta cumplir con el objetivo supremo en la defensa de la democracia y libertad.

Agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD esta mañana encabezaron un operativo en el barrio San Miguel de la ciudad de Nanawa, como parte de la lucha contra el microtráfico.

Durante el procedimiento, que contó con el acompañamiento de la fiscal Norma Paredes, fue allanada una vivienda de la zona que funcionaba como foco de expendio de drogas al menudeo.

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Tras hacer la verificación del inmueble, los intervinientes lograron encontrar varios paquetes que totalizaron 341 gramos de cocaína, equivalentes a unas 700 dosis de la droga, además de 35 dosis de crack.

En el lugar fue detenido un hombre de nacionalidad argentina, de nombre Nelson Mario Rodriguez, de 31 años, oriundo de la vecina localidad de Clorinda. El mismo sería el responsable de la venta de drogas.

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El informe de la SENAD refiere que este extranjero surtía de estupefacientes tanto a ciudadanos paraguayos como argentinos, quienes cruzaban la frontera para adquirir la droga.

La fiscal interviniente dispuso la detención del extranjero y la incautación, junto con las drogas, de una motocicleta, un celular, balanza de precisión, entre otros elementos.

El informe policial refiere es que el accidente se registró ayer, en horas de la noche, sobre la avenida Monseñor Rodríguez casi Ruta PY07 de la mencionada ciudad.

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Se trata de un tractocamión de la marca Scania, modelo R124, color blanco, del año 1997, con semirremolque marca Guerra, conducido por Alberto Daniel Velaztiqui García (32).

Los agentes de la comisaría 7° se constituyeron en el lugar encontrando el camión de gran porte volcado y recostado hacia el lado izquierdo, con la carga esparcida sobre el asfalto.

El camionero relató a los intervinientes que circulaba sobre la avenida Monseñor Rodríguez en dirección este, y al llegar en la intercepción con la Ruta PY07, perdió el control del tractocamión, lo que ocasionó el vuelco.

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Silvio Corbeta, fiscal de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos, formuló acusación y solicitó juicio oral y público para Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube.

Roa fue acusado por cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

En cuanto al empresario Koube, la acusación es por lavado de dinero, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

El documento consta de 117 páginas y queda a cargo del Juzgado Penal de Garantías, que, una vez recibidas todas las pruebas, deberá fijar fecha para el inicio del juzgamiento.

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El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Según la pesquisa, Koube entregó el yate al exministro de Emergencia Nacional como para de una coima para ganar al menos 10 licitaciones entre los años 2018 y 2021 por una suma que ronda los G. 16.000.000.000.

El empresario y el exministro abdista se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos, la obtención de una embarcación AZ 42, valuada en USD 450.000 y sumas de dinero.

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