“Todavía por el momento no tenemos ninguna iniciativa, pero creo que de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos podría darse”, concretó Loizaga en una rueda de prensa en la sede de la Cancillería, en Asunción.

Señaló que también entra dentro de lo posible que se aplique a Venezuela mecanismos regionales como el “Protocolo de Asunción”, aunque recordó que el país caribeño no firmó ese documento, que sí fue rubricado por los otros cuatro miembros del Mercosur (Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay).

El protocolo es un acuerdo firmado en Asunción en 2005 para salvaguardar “la protección, promoción y garantía de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de todos las personas”.

El pasado sábado, Paraguay instó al Gobierno y a la Asamblea Nacional de Venezuela a atenerse al respeto de las instituciones y de los derechos humanos y recordó que existen mecanismos regionales para preservar la democracia en caso de una violación de las libertades.

En este sentido, Loizaga reiteró su “enorme preocupación” por la situación que se vive en Venezuela ante la posibilidad de que pueda derivar en hechos violentos que repercutan en la población.

“Por eso hemos hecho un llamado para que las partes, tanto Gobierno como Asamblea Nacional y otros actores políticos tomen conciencia de esa situación y que se inspiren en los principios democráticos de una convivencia política pacífica y ordenada, que es lo que todos queremos” señaló Loizaga.

El viernes pasado, en un comunicado conjunto, los Gobiernos de Argentina, Chile y Uruguay hicieron un llamado “urgente” a un “efectivo diálogo político” en Venezuela, envuelta en una crisis política y en una confrontación en ascenso entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición, que domina el Parlamento.

En el marco de la causa Aldo Cantero, Giovanni Grisetti y otros sobre prevaricato y persecución a inocentes, la representación de Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola, René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio, solicitó la reasignación del caso, actualmente en manos del fiscal Néstor Coronel.

La pesquisa inició luego de la difusión de las supuestas conversaciones de Whatsapp entre los fiscales que investigaban a Abdo y el abogado Pedro Ovelar, que desembocó en la apertura de la carpeta fiscal contra el expresidente y sus funcionarios por filtración de datos.

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El argumento de la solicitud de la reasignación de la causa es, de acuerdo al escrito, garantizar la objetividad de la investigación, ya que según alegan, no se hicieron las diligencias sugeridas como parte de la investigación.

Coronel se constituyó en las oficinas de sus colegas Cantero y Grissetti en busca de documentos y materiales relevantes que pudieran aportar al caso. Sin embargo, a partir de allí, no hubo ningún avance.

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Los paraguayos Ronald Javier Rojas Vargas y Edgar López Godoy, y el brasileño Kaique Santos Souza fueron detenidos este martes, como resultado de investigaciones y tareas de inteligencia puestas sobre un esquema de tráfico de cocaína.

La SENAD identificó y capturó a este grupo criminal que se desenvolvía en la distribución y acopio de paquetes de la sustancia. La intervención fue desplegada en el Barrio Obrero, de la citada ciudad, bajo coordinación del fiscal Celso Morales.

Los dos paraguayos y el brasileño disponían de unos 26 kilos de la droga en el momento en que las fuerzas ingresaban al recinto que ocupaban, de acuerdo con el reporte brindado.

Además, otros elementos incautados durante el operativo fueron una escopeta, una camioneta y dos automóviles.

Una mujer identificada como Adriana Bernal Godoy (26) formalizó una denuncia contra un pastor evangélico, a quien acusa de haber provocado un accidente que acabó perjudicándola.

Se trata de Jorge Aranda, quien, de acuerdo a la acusación, chocó contra el vehículo perteneciente a la denunciante, un Toyota modelo Vitz con chapa BEJ 860.

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El hecho se registró el pasado 3 de abril sobre las calles Benigno González casi Callejón Juventud, en el barrio Bella Vista de la ciudad de Luque. La denuncia posteriormente fue radicada en la Comisaría 3ª Central.

El pastor habría chocado con su camioneta de la marca Chevrolet modelo S-10 color blanco cuando el automóvil de Bernal se encontraba estacionado en la vía pública.

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Luego de ser identificado y confrontado, Aranda se había comprometido a reparar los daños del vehículo, aunque luego se desentendió de tal promesa, al punto de no responder los mensajes de la víctima.

En una serie de capturas de pantalla compartidas en Facebook, la mujer revela que el pastor evangélico ahora se niega a costear los gastos de reparación de su automóvil, el cual quedó sin retirar en un taller de chapería y pintura.