“Necesitamos la colaboración de todos. No podemos privilegiar el accionar de unos (de unas organizaciones regionales) y desacreditar el de otros por coincidencias o disidencias ideológicas”, afirmó el vicecanciller paraguayo en la Organización de Estados Americanos (OEA) en alusión a la preferencia de Venezuela por que sea la Unasur quien aborde su situación política y social.

El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, anunció este lunes que su país no participará el jueves en la reunión de cancilleres de la Unasur para tratar la situación del diálogo político venezolano en Quito, sede de la organización.

Su vicecanciller, Cabello Sarubbi, viajó hoy a Washington para dejar clara la posición de su país en la sesión convocada por iniciativa de Venezuela para que el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero explicara el estado de la mediación que encabeza junto a los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá) y bajo el auspicio de la Unasur.

El vicecanciller paraguayo confesó estar sorprendido de que Rodríguez Zapatero interviniera en la OEA antes que en la Unasur y pidió postergar la reunión de este jueves en Quito para que no coincida con el debate en la OEA sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, una medida que apoya su país.

Con la convocatoria de hoy, Venezuela se adelantó a la sesión convocada el día 23 para debatir si la OEA aplica su Carta Democrática al país caribeño, el instrumento jurídico al que recurrió el secretario general, Luis Almagro, para aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y que puede llevar a una misión de mediación (18 votos) o, en último término, a la suspensión de Venezuela del ente (24).

Unasur, alianza regional creada en 2011 con el impulso clave del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, anunció este sábado también para el día 23 una reunión de cancilleres con los tres expresidentes para “evaluar el avance del diálogo”.

El cruce de convocatorias es muy revelador del actual momento de pugna entre Venezuela y Almagro, pero también entre la OEA, la Unasur y los diferentes actores políticos que buscan un papel en la crisis del país caribeño.

Almagro, que como canciller uruguayo (2010-2015) participó en la misión de mediación de Unasur en Venezuela en 2014, ha propuesto sumar a la OEA y a más expresidentes a la iniciativa de diálogo en marcha.

En su informe sobre Venezuela, que presentará ante el Consejo el día 23, pide sumar a los exmandatarios “que han demostrado preocupación anterior por la situación venezolana” y cita a los españoles José María Aznar y Felipe González, al uruguayo Luis Alberto Lacalle, al colombiano Andrés Pastrana, al chileno Sebastián Piñera y al boliviano Jorge Quiroga.

Almagro pide además que todo diálogo en Venezuela incluya la convocatoria de un referendo revocatorio para este año, como reclama la oposición, y la liberación de los “presos políticos”.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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