Las noticias sobre casos de abusos sexuales en niños se publican en los medios de prensa a diario. Los casos pasan como “uno más” dentro de la agenda los temas diarios. A esta situación se suma el calvario que deben sufrir las víctimas y sus familiares que acuden a los tribunales pidiendo justicia. La morosidad judicial y la baja expectativa de pena son factores que contribuyen para que la mayoría de estos casos terminen en el ‘oparei’.

“Esta es una causa vieja que no está avanzando porque cada vez que se hará la audiencia se plantea un incidente“, explicó la fiscal de la causa, Sonia Mora, en comunicación con nuestro diario.

Pese a que hace 4 años que el caso sigue en tribunales, la pena por abuso sexual es de tan solo 3 años aunque podría ampliarse en caso de que se presenten agravantes.

“No tiene mucha expectativa de pena porque es un abuso sexual, pero tiene un agravante porque el denunciado es el papá; la expectativa es de 3 años, pero si es agravado puede ir hasta los 10 años“, precisó.

Alegando que la médica forense miente; que se debía tomar una nueva declaración a la menor en Cámara Gessel, pese a que la sicóloga recomendó que la menor de 4 años no narre nuevamente lo acontecido, y presentando recusaciones y apelaciones sucesivas, el proceso penal ya se dilató por 4 años.

La agente del Ministerio Público reconoció que ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que se suspendió la audiencia preliminar, pero estima que esta seria la sexta vez que se pospone.

IMPUNIDAD Y BAJAS CONDENAS

La activista por los derechos de la mujer, Mirtha Moragas, informó que ya se presentaron varias propuestas ante el Congreso para extender la pena en el caso de abuso sexual en menores, pero hasta ahora no se modificó el marco penal.

“La pena es muy baja especialmente en los casos que no hubo coito, generalmente se les resta importancia“, lamentó.

“Hace tiempo se viene debatiendo la necesidad de adecuar los marcos penales porque se supone que los años de pena se deben adecuar a la gravedad de los hechos (…) La mayoría de las víctimas no tiene recursos económicos para sostener y estar todo el tiempo en un proceso penal, la justicia pronta y barata no existe y eso facilita la impunidad en alguna manera“, sostuvo.

La activista sostiene que la deficiente aplicación de la ley, la negligencia de la Fiscalía y la morosidad judicial hace que muchos violadores sigan gozando de libertad e impunidad.

En los primeros 5 meses del año 2015 se recibieron 400 denuncias por casos de abuso sexual en niños, lo cual representan cerca de 3 casos por día. En vista de que la cifra solo hace referencia a los hechos que fueron denunciados ante el Ministerio Público, se estima que el número real de delitos sexuales contra niños es superior.

El Código Penal Paraguayo en su artículo 135, sobre abuso sexual en niños, expresa: “El que realizara actos sexuales con un niño o lo indujera a realizarlos en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él, o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros”, pena que puede incrementarse hasta 10 años de que lleguen al coito.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior a ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas las ocupantes del inmueble de manera irregular, y que estaban conectadas a la red eléctrica de manera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos sí encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos, serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que, no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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