El parlamentario presentó un proyecto de resolución que pide a la Comandancia, el listado de policías que custodian instituciones públicas y privadas, autoridades legalmente constituidas, exautoridades y efectivos policiales que tienen asignadas tareas administrativas.

“Es para saber cuánto del personal policial está haciendo de custodio, aquellos que son por vía judicial, por el cargo, la investidura, los empresarios, ganaderos, futbolistas, etc”, expresó Rodríguez en contacto con radio UNO.

A partir de la presentación la Comandancia tendrá un plazo de 15 días para responder, una vez que se apruebe el pedido.

Cuando se tengan los resultados en mano, el siguiente paso apunta a recomendar un reordenamiento y una mejor utilización de los recursos, a fin de que el estado deje de subsidiar a gente a la que le sobra capacidad económica para pagar su propia seguridad.

Precisamente la semana pasada se daban a conocer algunos nombres de la lista, en la que figura el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, quien dispone de nueve policías que le cuestan al estado 46 millones de guaraníes mensuales.

Por su parte, senador Robert Acevedo cuenta con 10 policías. El diputado Elio Cabral, siete guardias policiales (G. 29 millones). Misma cantidad posee el empresario Blas Reguera Riquelme. El parlamentario Enrique Antonio Buzarquis tiene cinco policías (G. 13 millones). La familia Domínguez Wilson-Smith cuenta con los servicios de siete policías (G. 27 millones) y el exsenador Miguel Carrizosa tiene cinco policías (G. 23 millones).

El empresario Elzear Salemma tiene seis policías (G. 11 millones), el gobernador Pedro González posee ocho policías (G. 28 millones), la empresaria Natalia Zuccolillo tiene dos agentes policiales a su cargo, y Gustavo Samaniego, consejero de Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tiene tres policías.

Por medio de una nota dirigida a su directora de Asuntos Internacionales, Tatiana García, el Ministerio Público de Paraguay hizo llegar su solicitud, la cual tendría la finalidad de facilitar y coordinar entrevistas presenciales con los investigadores, así como, con quienes esa Fiscalía General de la Nación considere útil para el avance del caso.

En el pedido se expresa, además, que el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, como titular del Ministerio Público “se encuentra particularmente interesado en el avance y conclusión exitosa de este caso, que no solo enluta a la sociedad paraguaya y colombiana, sino a quienes forman parte de los sectores de justicia y seguridad en todo el mundo”.

La propuesta es que las entrevistas sean entre el viernes 26 de abril y el jueves 2 de mayo, por la alta necesidad de adelantar y esclarecer el caso del asesinato de Marcelo Pecci.

Te puede interesar: Intervienen obra para supermercado ante intención de talar árboles del “Bosque San Vicente”

Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

Te puede interesar: Selva Hũ se dedica a vender ropas “Todo x 20 mil” y no a plantar marihuana, dice su abogado

Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

Lea también: Intervienen obra para supermercado ante intención de talar árboles del “Bosque San Vicente”

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

Te puede interesar: Intervienen obra para supermercado ante intención de talar árboles del “Bosque San Vicente”

Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.