El escrito solicita a la CIDH que ponga término a los “graves e irreparables daños” causados a los condenados debido a las “continuas y reiteradas violaciones a las garantías procesales cometidas en su contra”, según el documento presentado ante el órgano de derechos humanos.

Una de las abogadas de los condenados, Ximena López, explicó hoy a Efe que permanecen detenidos desde hace diez años, pese a que la sentencia contra ellos aún no ha quedado firme.

En 2012, los seis fueron sentenciados a 25 años de prisión y 10 años de medidas de seguridad, la pena máxima aplicable, con relación al secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, ocurrido en 2004, y también por asociación criminal.

Según López, en el juicio se produjeron numerosas irregularidades, sin que hubiera “argumentos sólidos” para sostener la acusación, ni se demostrara el nexo de los acusados con los hechos.

La sentencia fue recurrida en varias ocasiones, y en este momento el recurso se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia, de cuya decisión depende que la sentencia quede firme o sea anulada.

Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera, dirigentes campesinos, eran militantes del partido Patria Libre, al que la Fiscalía paraguaya acusó de planear el secuestro de Cubas.

Los seis fueron acusados de participar en una reunión en la que presuntamente se decidió el asesinato de Cubas, y posteriormente imputados por el homicidio y secuestro de la hija del expresidente.

El 2 de mayo de 2006, tres de los seis campesinos fueron arrestados en la sede del Comité para la Elegibilidad de los Refugiados (Cepare) de la ciudad de Buenos Aires, adonde habían acudido para solicitar asilo, mientras que otros fueron detenidos en sus viviendas, y un último cerca de su casa.

Todos ellos permanecieron recluidos en prisión en Argentina hasta diciembre de 2008, cuando fueron extraditados a Paraguay.

El juicio contra los seis comenzó en marzo de 2012, cuando los dirigentes llevaban ya cinco años y 10 meses en la cárcel, lo que excede a la pena mínima aplicable en los delitos que se les imputaban, que es de cinco años.

Según la legislación, las autoridades no pueden retener en prisión preventiva a una persona por un tiempo superior al de la pena mínima imputable por el delito por el que se le acusa, recordó López.

Cecilia Cubas tenía 31 años cuando fue secuestrada cerca de su residencia en San Lorenzo, por un grupo armado que interceptó a tiros su vehículo.

Su cadáver se halló cinco meses después en una fosa cavada en una vivienda de las afueras de Asunción y después de que su familia pagara 300.000 dólares por su liberación, a mediados de noviembre de 2004.

Las fuertes precipitaciones provocaron grandes raudales en varios puntos de la ciudad, especialmente, en la zona del arroyo San Juan donde hoy murieron dos mujeres arrastradas por el agua.

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Esta situación motivó a los ediles luqueños a declarar la ciudad en emergencia y determinar qué acciones tomar para ayudar a los pobladores afectados y prever que otra situación similar, no vuelva a ocurrir.

Para buscar una salida a los inconvenientes ocasionados por las intensas lluvias, la concejala Belén Maldonado planteó como primera medida, crear un Comité de Emergencia, lo cual fue aprobado por los demás miembros de la Junta.

Este comité estará conformado por dos representantes liberales y dos representantes colorados, quienes serán los encargados de determinar qué acciones tomar ante una crisis.

Luque fue golpeada este miércoles luego de que Sara Benítez (48) y su hija Nilda Lujan Barrios Benítez (19) murieron tras ser arrastradas por un raudal hasta un arroyo ubicado detrás del Club Valderrama.

En conferencia de prensa tras reunión entre representantes de gobernadores, intendentes y autoridades del Poder Ejecutivo, se dio anuncio de la reglamentación de la ley «Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo)”.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, comentó que la reglamentación establece el delineamiento general de la implementación de la alimentación escolar, aspectos legales y la intervención de las autoridades competentes.

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“Con esto arranca el gran desafío de llevar adelante esto. El objetivo va a ser empezar la provisión de la alimentación escolar a partir de los primeros días de agosto, después de las vacaciones de invierno”, sostuvo el ministro Rojas.

Señaló además que en una primera fase, la provisión se hará en 75 distritos de 7 departamentos con mayor prioridad, conforme a los indicadores de mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Anunció también que el llamado a licitación se estaría dando entre el 6 y 10 de mayo.

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Por su parte, el ministro de Educación, Luis Ramírez, manifestó que el objetivo es llegar con alimentos los 280 días de actividad escolar. “Es un día de mucha alegría para la educación paraguaya, para las escuelas y sobre todo para nuestras familias. Aquí hay un trabajo en conjunto en beneficio de nuestros niños”, indicó

“Sin alimentación, no puede haber aprendizaje. Hoy los que estamos en educación tenemos que estar muy felices. Es un día de celebración para todos”, subrayó Ramírez.

La muerte súbita se produjo sobre Tavyterã casi Avda. Fernando de la Mora, del barrio San Pablo de Asunción.

Al respecto, el agente fiscal Hernán Galeano, de la Fiscalía Barrial 1, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a los familiares del hombre.

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Tras las diligencias de la representación fiscal y de acuerdo al informe dactiloscópico, se trata de Lorenzo Samaniego Olivera, de 37 años, oriundo de la localidad de Ypané, cuyo cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial.

Para cualquier información, comunicarse a los teléfonos (021) 550 – 649 / 550 – 810 / 550 – 640, o bien al +595 981 507598, perteneciente a la morgue.