La fiscala de Luque, Cynthia Espínola, imputó por hecho punible de abuso sexual en niños y solicitó la prisión de David Alberto Arévalos Salvioni, quien fue detenido por la Policía Nacional en el momento que presuntamente estaba perpetrando el ilícito en el interior de su vehículo.

La agente dispuso además que el Departamento de Sicología del Poder Judicial practique los estudios psicológicos y psiquiátricos al imputado, como también el perfil psicológico sexual para seguir las investigaciones.

Los antecedentes refieren que el pasado 1 de octubre, los uniformados de la Comisaría 53 se percataron de la presencia de dos personas dentro de un auto que estaba estacionado en una calle oscura, con las luces y el motor apagados. Los agentes policiales encontraron en ese entonces a Arévalos sin sus ropas, al igual que un niño de 12 años.

Una auditoría interna del IPS, realizada en respuesta a denuncias de jubilados de la previsional, desembocó en una denuncia ante la Fiscalía contra los funcionarios Juan Emilio Cabañas Velázquez y Víctor Pablo Monges Rojas.

Para llegar a esta instancia, se procedió a la verificación de 25 solicitudes de préstamos presentadas en febrero y pendientes de aprobación.

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Los funcionarios del Departamento de Préstamos, según el informe, pidieron dinero a los jubilados a cambio de agilizar los créditos. Además, los certificados médicos no fueron emitidos por los doctores cuyas firmas figuran en los documentos, o al menos, los médicos niegan haber evaluado a los pacientes mencionados.

Durante las entrevistas hechas a dos de los jubilados denunciantes, ambos coincidieron en que recibieron la propuesta de agilización y de contactos con determinadas personas para obtener el dinero.

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Los antecedentes y datos recabados fueron remitidos a la Dirección Jurídica y posteriormente, con autorización del Consejo del IPS, se formuló denuncia contra los funcionarios mencionados.

Cohecho pasivo agravado y producción de documentos no auténticos, previstos en los artículos 301 y 246 del Código Penal son los hechos punibles denunciados.

Desde hace unas semanas, Ñeembucú se encuentra atravesando por una delicada situación a raíz de las inundaciones, como consecuencia de las últimas precipitaciones en la región.

Distritos como Laureles, Guazucuá, General Díaz y Tacuaras, además de la capital departamental Pilar, se ven afectados por el avance del agua, obligando a miles de pobladores a abandonar sus hogares.

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Según estimaciones, alrededor de 1.500 familias del departamento se vieron damnificadas por estas inundaciones, cifra que podría ir en aumento conforme avanzan los días.

Desde el Gobierno, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), gestionaron la asistencia a los damnificados en Ñeembucú mediante el envío de kits de alimentos y otros artículos.

El vicepresidente @AllianaPedro, informó que prosiguen las tareas de ayuda a las personas afectadas por las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias en varios distritos del Ñeembucú. Desde el inicio de los trabajos, la asistencia ya llegó a cerca de 1000 familias. pic.twitter.com/vR1q39U5WS

— Vicepresidencia de la República del Paraguay (@ViceParaguay) April 16, 2024

De igual manera, el Ministerio de Salud se encarga de coordinar la asistencia médica y la entrega de medicamentos a los pobladores, además de reforzar el stock de sueros antiofídicos.

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Por otra parte, se trabaja en el desagote y la liberación de cauces hídricos con maquinarias y personal del MOPC, el Comando de Ingeniería de las FF.AA. y funcionarios de otras instituciones.

Los trabajos se llevan a cabo de manera coordinada entre la SEN, la Gobernación de Ñeembucú y las municipalidades cuyos distritos se ven afectados por estas inundaciones.

Los cuatro que fueron detenidos y luego liberados por ser “refugiados” son María Rosa, Mirian y José Villalba Ayala, hermanos de Carmen Villalba. La otra es Tania Villalba Ayala, quien sería hija de Laura Villalba, presa en el Centro de Rehabilitación Social.

La “tarea” que realizaban desde sus residencias en el vecino paós, se basaba, por un lado, en la crianza de niños, hijos de los mismos, que luego eran repatriados al país, e insertados a la agrupación para iniciar carrera en la organización terrorista que tienen sitios de operaciones entre Concepción, Amambay y San Pedro. El modus operandi de los activistas de el EPP en Argentina, implicaba la documentación de los chicos como ciudadanos de ese país, en tanto que en Paraguay, se “agenciaban” para dotarles igualmente de nacionalidad paraguaya.

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El caso emblemático del uso de niños para sus objetivos terroristas, fue el que determinó que, en el 2020, las niñas Aurora y Liliana, fallecieran durante un enfrentamiento entre epepistas y la Fuerza de Tarea Conjunta. En esa ocasión, las dos menores, vestidas con uniforme militar, fueron utilizadas como escudos en la refriega, en donde fueron abatidas.

Otro episodio es el de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, Lichita, una niña de 14 años, hija de Carmen Villalba, supuestamente desaparecida, y de quien los epepistas utilizan su figura como presunta “victima” de las fuerzas de seguridad del Estado.