En charla con HOY Digital, el abogado Andrés Bernal indicó que junto a otros profesionales del derecho están preparando la apelación del caso, ya que la sentencia fue arbitraria y aberrante en cuanto a la excesiva condena y la violación de derechos constitucionales del procesado.

Explicó que recién asumió la defensa del policía tras la lectura de la condena, atendiendo de que el Tribunal de Sentencia no permitió al procesado hacer uso del derecho de contar con un abogado de su confianza. En ese sentido contó que Sanabria solicitó cambiar a su representante durante el juicio porque no confiaba en la estrategia procesal planteado por su defensor, pero los jueces no hicieron lugar a esta petición y determinaron que tome intervención la Inspectoría y se haga un sumario al letrado.

“Aquí hubo un tipo de presión. Es un derecho de toda persona contar con un abogado de su confianza. Entonces lo ocurrido produce la nulidad de todo el proceso”, subrayó.

El abogado resaltó que otro hecho que resaltó fue que a pedido a los jueces, la actuaria judicial omitió en el expediente y la sentencia el pedido de cambio de abogado que le fue rechazado al agente policial. “Eso produjo fricción en la lectura de la sentencia, y el doctor Alfredo Sosa (abogado inicial) reclamó que no se asintió en forma expresa en el juicio lo ocurrido”, dijo.

Sostuvo que tras esto, la funcionaria judicial retiró la sentencia para hacer unas modificaciones, incluyendo la solicitud de Sanabria, pero obviando otros datos importantes, como que fue llamado el personal de inspectoría y se abrió un sumario; situaciones que demuestran la completa negativa del tribunal de hacer lugar a lo requerido.

“Llama la atención estas irregularidades sin entrar a debatir el fondo de la cuestión. Decimos que no fueron aplicadas las normas correctamente en la valoración del hecho. No hay elementos suficientes para sostener la condena y tampoco los años. Nos llama la atención la gravedad de la condena, considerando que ocurren hechos más graves que reciben sanciones más leves”, mencionó.

Así también subrayó que no consideran correcto que al policía se lo condene por hacer su trabajo. Añadió que cuando existen disturbios, son los agentes antimotines quienes poseen la facultad de dispersar a los violentos, como el caso del ataque al Congreso Nacional. Lamentó así que esta condena trae un antecedente nefasto que desmoraliza a toda la Policía Nacional, al legalizar los actos violentos y condenar a un uniformado que hacía su labor.

No obstante, dejó en claro que con los pobres elementos presentados por la Fiscalía no se pudo demostrar fehacientemente la participación de su cliente en el disparo al legislador liberal que fue a atropellar la sede parlamentaria con la turba. “No debía darse una sanción porque no están claros los hechos y no está clara la responsabilidad”, acotó.

Bernal explicó que en este caso solamente se tomó como evidencia la declaración de otros oficiales, quienes también tenían escopetas y evidentemente no se iban a autoincriminar, y las imágenes de los videos captados por la prensa, que fueron analizados sin rigurosidad. “No es serio cuando no se tiene determinada cuál es la calidad profesional en el área de la persona que fiscalizó. Ese informe es lamentable. Se pidió un informe y no una pericia propiamente”, expresó. A esto se suma que la prueba realizada al arma del policía condenado salió negativa.

Al consultársele sobre si considera que hubo presión política, indicó que se puede notar que sí existió, al ser una cuestión muy mediática donde se pretende conseguir a un culpable. “Él es un eslabón para llegar a otras autoridades del poder público, porque se pretende vincular con otras causas ocurridas ese día”, puntualizó.

Los magistrados Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Darío Báez dieron lugar al pedido de la defensa del exlegislador y declararon la extinción de la acción.

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La decisión fue tomada teniendo en cuenta la devolución del monto por el cual el exlegislador de Ybycuí fue imputado y la reparación social.

Cabe recordar que Rivas fue procesado por estafa al Estado. Según las denuncias, colocó a tres de sus caseros como funcionarios de la Cámara de Diputados desde junio del 2016 hasta febrero del 2017, por un monto de G. 45 millones.

Según informan, el exdiputado devolvió en total G 47.000.000, una suma superior por la cual fue procesado en cuanto a intereses.

En el marco de la causa, Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco, caseros del diputado Tomás Rivas, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad con suspensión de ejecución de la condena y deberán reparar los daños causados al Estado paraguayo.

Los primeros estruendos se oyeron alrededor de las 15:20 de este miércoles, y siguieron por varios minutos en un escenario de tensión. Autoridades del reclusorio pidieron refuerzos ante lo que inicialmente se tiene como conato de motín.

La población penal de la penitenciaria de Pedro Juan Caballero está confirmada por una variada gama de miembros de agrupaciones criminales locales y extranjeras, principalmente brasileñas.

Tras el operativo Veneratio que desarticuló al clan Rotela de la cárcel de Tacumbu, hubo menester de una redistribución de reos en distintas cárceles del país. Fue así que el penal de la capital amambaiense recibió a elementos del clan Rotela, lo cual no dejo de instalar el temor de que se generen choques entre esa banda y elementos del del Primer Comando Capital, con fuerte presencia en la frontera.

Este estado de tensión que se reporta ahora desde la cárcel de Pedro Juan Caballero,, surge tras un anuncio hecho está mañana por autoridades penitenciaria de que se aborto está madrugada una fuga masiva del penal de Ciudad del Este. Allí detectaron un túnel por el que, según estimaciones, pudieron haber huiro alrededor de 400 reos del PCC que están internados en el área donde se construía el “agujero de escape”.

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La fiscal Cinthia Leiva Cardozo imputó por los hechos punibles de robo agravado con resultado de muerte o lesión grave a Roy Deyby Castillo Sánchez, de 38 años.

El hombre se encuentra acusado por el homicidio de María Dalina Galeano Galeano (18), quien falleció luego de ser baleada durante un asalto domiciliario ocurrido el pasado 2 de abril en la zona del Km 9 Acaray - fracción San Isidro de Ciudad del Este.

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En aquella ocasión, Castillo y otros dos cómplices habrían ingresado a la vivienda de la víctima con fines de robo. Durante un forcejeo, María Dalila recibió un disparo a la altura del pecho que acabó provocándole la muerte.

Por su parte, su hermano Blas Fernando Noguera (21) sufrió una herida cortante en la cabeza y un impacto de bala en el muslo izquierdo, aunque logró salir con vida del atraco.

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La fiscal del caso solicitó la aplicación de la prisión preventiva para Roy Castillo, quien actualmente se encuentra detenido. El mismo había abandonado la cárcel apenas hace tres meses, donde permaneció preso durante 17 años.

Los demás integrantes de la banda criminal que perpetró el asalto, identificados como Arsenio Sotelo Galeano, Mateo Gabriel Melgarejo Marín, Wilfrido Damián Fariña Peralta y Fernando David Guerrero Guerrero, aún siguen prófugos.