“Es contra la prisión ilegal e injusta que sufro, que a pesar de los reiterados pedidos legales el poder judicial se empeña en mantener”, aseveró Villalba en una carta enviada a la prensa desde el penal de Tacumbú en Asunción.

“Mi huelga es para volver a denunciar la ilegalidad total del proceso judicial del caso Curuguaty, que se montó para acusar a víctimas, luchadores, inocentes y no investigar a los verdaderos responsables”, añadió.

Villalba presentó el 18 de septiembre un recurso de hábeas corpus ante la Corte Suprema pidiendo su liberación, tras cumplir casi dos años en prisión preventiva, para que al menos le otorguen arresto domiciliario.

Según el comunicado de Villalba, el Habeas Corpus se presentó tras “siete meses de prisión totalmente ilegal”, y recordó que la Corte tenía 2 días para responder, pero aún no lo hizo.

En abril, después de finalizar una huelga de hambre de 58 días, un tribunal ordenó la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario para Villalba y otras cuatro personas acusadas de la masacre, en la que murieron seis policías y once campesinos en las cercanías de la localidad de Curuguaty (norte).

Sin embargo, el mismo día Villalba reingresó en la prisión de Tacumbú, debido a que el Juzgado de Garantías revocó la excarcelación al tener pendiente una acusación por delito de coacción ocurrido en 2008 durante una protesta campesina contra la fumigación supuestamente ilegal de un campo de soja.

“Hace más de dos años estoy injustamente preso por haber defendido con mis compañeros nuestras tierras. El poder judicial que solo defiende a los que tienen dinero y acusa a los pobres me trajo a la cárcel sin ni una sola prueba por el caso Curuguaty y ahora me mantiene encerrado ilegalmente por el caso Pindo”, dijo Villalba.

Su abogado, Gustavo Noguera, dijo a Efe que Villaba debería estar en arresto domiciliario debido a que el código penal paraguayo establece que la prisión preventiva no debe superar al equivalente a la pena mínima de la acusación, que en ese caso es de seis meses.

Según Noguera, la sentencia máxima por el delito imputado es de tres años y añadió que la ley establece que la prisión preventiva solo puede ser impuesta cuando los hechos superen penas de cinco años y se refieran a delitos que atenten contra la vida o integridad física de las personas.

La matanza de Curuguaty ocurrió en un enfrentamiento cuando la Policía desalojó de forma irregular a campesinos que habían ocupado una finca que querían que formara parte de la reforma agraria.

Los sucesos llevaron a la destitución una semana después por parte del Congreso del exobispo Lugo, tras un controvertido juicio político, y al nombramiento como presidente de Federico Franco, del Partido Liberal.

Los trece campesinos imputados enfrentan cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y diez de ellos también afrontan el cargo de intento de homicidio de los policías, mientras que no hay nadie imputado por la muerte de los once labriegos. El juicio contra ellos está marcado para el 17 de noviembre.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior a ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas las ocupantes del inmueble de manera irregular, y que estaban conectadas a la red eléctrica de manera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos sí encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos, serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que, no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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