Estos patios de comidas habitualmente son descampados entre las viviendas de los barrios donde, por un alquiler, los dueños de estos restaurantes sobre ruedas pueden estacionar cada día para vender sus productos.

Lomitos, asados, shushi, picadas de carne o hamburguesas suelen copar los menús de estos vehículos, que han ajustado sus carrocerías para poder introducir una plancha para cocinar, una pequeña nevera y una bombona de gas, a modo de cocina de bajo costo.

Lo sencillo del negocio es lo que lo hace lucrativo, por lo que su descontrolada proliferación en Asunción se ha convertido en un problema para las autoridades de la comuna ante la falta de normativa, ley u ordenanza que regule la salubridad, seguridad o habilitación de este tipo de emprendimiento.

La jefa del departamento de Salubridad de la Municipalidad, Carla Lacarrubba, explicó que la rápida aparición en los últimos dos o tres años de este tipo de restaurantes ha sido tal, que la ordenanza sobre locales gastronómicos se ha quedado obsoleta porque no contempla ningún tipo de medidas para ellos.

Por ese motivo, la Municipalidad y la Junta Municipal se afanan en aprobar cuanto antes una modificación de la ordenanza que introduzca la figura de estos patios de comidas y los “food trucks” o camiones de comida que los llenan cada día.

Lo que más preocupa a Lacarrubba es que tras las inspecciones de dos de estos estacionamientos, han podido constatar que en el ámbito sanitario “había irregularidades, no en todos, pero sobre todo en la manipulación y conservación de los alimentos” que utilizan para elaborar las comidas.

Además, la jefa de Salubridad explicó que, cuando salga la actualización de la ordenanza, los dueños de estos autos-cocinas tendrán también que cumplir con mínimos de higiene del personal, adecuación del suelo y paredes del vehículo, utilizar basureros con tapas o tener baños para ambos sexos, como cualquier local gastronómico.

Lacarrubba puntualizó que las camionetas o camiones de comida podrán seguir vendiendo sus productos porque “en general son aptos”, pero puntualizó que “tienen que cumplir la ordenanza” y los requisitos que esta marque.

Además, los lugares donde estos camiones de comida vendan también tendrán que ser adaptados como corresponde y cumplir los requisitos de cualquier otro restaurante, dijo a Efe el director de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, José María Segalés.

Segalés indicó que “la cosa está en un nivel preocupante” porque este tipo de negocio ha aumentado sin control durante el tiempo que la ordenanza ha estado desactualizada.

Los predios donde se crean los “food parks” son usualmente espacios privados en el interior de barrios residenciales, por lo que las nuevas medidas de la comuna de Asunción irán dirigidas a los dueños de estos lugares, afirmó Sagalés.

Añadió que los dueños del terreno cobran alquiler a los propietarios de las furgonetas que se congregan allí, por lo que deberán acondicionar los lugares para que existan aparcamientos para los consumidores, medidas contra incendios, murallas limítrofes, administración de basuras o desagües.

La Municipalidad, puntualizó Segalés, no pretende prohibir este tipo de negocios, sino regularlos.

Incluso señaló que hay un proyecto de rehabilitación del Parque Caballero, en el centro de Asunción, donde está prevista la creación de un patio de comidas con capacidad para ocho de estos camiones, en lo que será un ejemplo de este tipo de negocios de acuerdo a las nuevas normas que regirán cuando se actualice la ordenanza.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.