Luego de un extenso debate en la sesión ordinaria de la Cámara Alta ayer, los legisladores aprobaron con modificaciones el proyecto de ley que adopta normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los menores abusados sexualmente.

El artículo rechazado es el que establece las instituciones educativas incluyan como contenido, temas relacionados a la prevención sexual.

Otro de los puntos estipula que los servicios de salud tanto públicos como privados, tendrán la obligación de dar atención médica de urgencia a las víctimas de abuso sexual.

Las instituciones que se nieguen a acatar esta normativa se expondrán a ser sancionadas por el Ministerio de Salud Pública.

Este proyecto había sido aprobado el 4 de abril en Cámara Baja y ahora regresa a dicha instancia, donde se estudiarán el cambio introducido a la propuesta.

El planteamiento es obra de Rocío Casco y Karina Rodríguez, quienes habían presentado la propuesta ante el pleno.

Ante las diligencias realizadas por el Ministerio Público, representado por la agente fiscal de Ejecución, Celia Beckelman; la jueza de Ejecución Penal, Sandra Kirchhofer aplicó los alcances de la “pena unitaria”, sumando las sentencias definitivas por los hechos punibles atribuidos y acusados al líder del “Clan Rotela”, Armando Javier Rotela Ayala.

De esta manera, el líder del clan Rotela deberá compurgar una pena carcelaria de 23 años de cárcel, que compurgaría el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años. Es decir recién podrá salir en libertad en el año 2046.

La condena de 19 años de cárcel fue por posesión y tráfico de drogas aplicado por un Tribunal de Sentencia en fecha 17 de marzo del 2020. En tanto, la condena de 8 años de cárcel por posesión y comercialización de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego fue aplicado por un Tribunal de Paraguarí en fecha 7 de enero del 2021.

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Bajo un estricto régimen de seguridad está recluido Armando Javier Rotela, en una celda de 2x2 de la cárcel de Emboscada, sin compañía, controlado y vigilado por las autoridades.

Además el líder del clan Rotela está imputado por motín, asociación criminal y transgresión a la Ley de Armas, por el operativo Veneratio.

Las primeras intervenciones en San Lorenzo abarcaron parte de la ruta PY02 hasta el km 28, en Itauguá, prosiguiendo hoy en la Avda. Julia Miranda Cueto, zona del mercado municipal.

Hasta el momento, parte de dicha arteria ya fue reparada, entre la zona de los talleres del MOPC y la calle Coronel Romero, pero, la meta es reparar toda la vía hasta la Avda. del Agrónomo.

Cuando se terminen los trabajos en Julia Miranda Cueto, los equipos del MOPC se trasladarán hasta la Avda. Mariscal Estigarribia, que es su par binario, donde también se prevén las mismas actividades a lo largo del tramo comprendido entre curva Meyer y calle Hernandarias.

El MOPC destaca que estas labores se llevan a cabo con apoyo del municipio sanlorenzano, a fin de recuperar estas vías que son las más transitadas dentro del casco urbano, por lo que las hace más propensas al deterioro, y más aún después de las lluvias.

En tanto, se mejoraron algunas calles internas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM), en Asunción. Además del bacheo en sus alrededores, se procedió al mejoramiento de los accesos que ya se encontraban muy deteriorados, así como algunos camineros y un estacionamiento.

El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien participó de la reunión de dos horas con el canciller y el ministro de Minas y Energías de Brasil, confirmó que el esperado acuerdo está muy cerca.

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“Estuvimos ultimando los detalles para dar el anuncio la próxima semana, máximo la siguiente, de lo que es la tarifa para los próximos dos a tres años”, contó el titular del MIC.

El número será “bueno para ambos países”, bajo la filosofía de que juegan e el mismo equipo y que la cifra debe reflejar los intereses de los dos.

También determinará que Paraguay consiga los recursos necesarios para obras de infraestructura y programas para la gestión del actual Gobierno.

Además de la tarifa, también será incluido el acuerdo operativo con la ANDE para luego pasar a discutirla revisión del Anexo C, para el cual se busca una base que sirva para otros 50 años.

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