Nacionales

Pyrawebs: parlamentarios proyectan ley para espiar a toda la ciudadanía

El Congreso está a pasos de sancionar una ley que obligará a los prestadores de servicios de internet a recolectar y retener, por 12 meses, direcciones de IP y así obtener el "rastro" de cada paso que des mientras estás en internet. De aprobarse la normativa, el Estado podrá vigilar masivamente el movimiento en la web de todos los ciudadanos. Por ejemplo, se podrá rastrear quién se comunica con quién, por cuánto tiempo y desde dónde.

Fuente: Cinthia Mora (@cinthia_mora)

El proyecto de ley que establece la obligación de conservar datos de tráfico fue presentado por los senadores Arnaldo Giuzzio (PDP), Arnoldo Wiens (ANR), Fernando Silva Facetti (PLRA) y Robert Acevedo (PLRA). Cuenta con media sanción por parte de la Camara de Senadores y ahora se encuentra en debate en las comisiones de la Cámara de Diputados.

La normativa es cuestionada desde varios sectores de la sociedad civil debido a que violenta derechos fundamentales como la privacidad, la asociación y la libertad de expresión. Es costosa e invasiva y además crea un enorme potencial para el abuso por parte de instituciones estatales, señalan los detractores.

La retención obligatoria de datos de tráfico es espionaje masivo e inconstitucional según organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF). Katitza Rodriguez, especialista en privacidad de las comunicaciones de la oenegé, explicó que toda limitación de derechos debe darse conforme a criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Destacó la tendencia en otros países que han declarado la inconstitucionalidad de este tipo de leyes que amenazan la privacidad de las personas. Por su parte, Maricarmen Sequera de la organización TEDIC explicó que con esta ley todos seriamos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. “Todos los que estamos aquí seriamos sospechosos de algo hasta que se demuestre lo contrario. La fiscalía o el poder judicial tendrían acceso a todos nuestro datos”, advirtió.

Explican que si bien la norma dice que excluye el contenido, es una definición bastante ambigua ya que los metadatos (datos de los datos) pueden facilitar el comportamiento de la persona que está navegando en internet.

“Solo se conservarán los datos de tráfico y no el contenido de las comunicaciones electrónicas”, garantizando así el secreto de las comunicaciones de los usuarios, indicaron los senadores proyectistas.

El articulo 5 de la norma establece que las empresas proveedoras de servicios de internet deberán conservar por un plazo de 12 meses los datos de tráfico referentes a: la dirección de IP, origen y destino de la misma, hora y fecha de conexión y desconexión. Además, el nombre y domicilio del titular registrado al momento del establecimiento de la comunicación y los datos que faciliten la geolocalización (ubicación) y el equipo utilizado.

Estos datos que revelan el registro de actividad de un usuario de internet deberán estar a disposición del juzgado de garantías que realice el pedido en no más de 72 horas.

ESPIONAJE

Este tipo de leyes en otros países ha desatado episodios escandalosos de espionaje. En Polonia, los medios de comunicación informaron de casos en que los organismos de inteligencia utilizan los datos de tráfico para perseguir a periodistas que se negaron a revelar sus fuentes.

En Alemania, Deutsche Telekom utiliza ilegalmente datos de tráfico y de localización de telecomunicaciones para espiar a los ciudadanos, incluyendo a los periodistas críticos, gestores y líderes sindicales con el fin de tratar de encontrar fugas.

Otra arista señalada por los detractores de la ley es que la retención de los datos de “origen” y “destino” de las comunicaciones de los usuarios generaría un importante aumento en el costo de las empresas proveedoras de internet. Eso implica, ineludiblemente, un traslado de ese costo a los consumidores. Es decir, tener acceso a internet será aún más caro y menos accesible.

EL REGRESO DE LOS PYRAGUÉS

Los argumentos en contra de la normativa expresan además el temor al regreso de la práctica del “pyrague” (delator, espía) tan característica de épocas anteriores. El riesgo aumenta considerablemente ante la posibilidad de robos y divulgación a la que se expondrían dichos datos. ¿Cómo se evitaría que esos millones de datos no estén próximamente a la venta en páginas de clasificados?. ¿Cuáles son las garantías de que esos datos no sean manejados por manos inescrupulosas?.

Otro aspecto, de no menor importancia, es el órgano administrativo designado para el control del cumplimiento de la ley. En su articulo 10 el proyecto establece que será la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la encargada de verificar el cumplimiento, por parte de las proveedoras del servicio de internet, de la obligación establecida. Actualmente la proliferación de radios piratas en todo el país demuestra la incapacidad del ente contralor. ¿Cómo van controlar el cumplimiento de esta nueva ley?

“SIN ESA LEY NO PODEMOS INVESTIGAR”

El Ministerio Público es el principal propulsor de la aprobación de la ley. En el marco de una audiencia publica organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados los agentes fiscales de la Unidad de Delitos Informáticos expusieron los argumentos a favor de la aprobación de la ley.

Al respecto la fiscal Maria Teresa Aguirre destacó que la obtención de los registros de IP constituye un elemento fundamental para la persecución y sanción de delitos que se cometen a través de medios tecnológicos.“En Paraguay se registran tres denuncias por día de pornografía infantil”, reveló la agente del Ministerio Público.

Explicó que para investigar esas denuncias deben enviar vía exhorto judicial a las empresas como Facebook o Google. “Al obtener el IP tenemos que pedirle a una proveedora de servicio a quién pertenece esa dirección”. Ese trámite lleva un tiempo aproximado de 6 meses, en el mejor de los casos, ya que intervienen en el proceso varias instituciones.

La agente del Ministerio Público negó que el objetivo de ley sea realizar una vigilancia masiva. Señaló que solo servirá para investigar delitos en el ámbito penal, y no cuestiones civiles. La fiscalía no estará pendiente de todas las personas, solo de aquellas sospechadas o que ya cometieron hechos punibles, explicó. “No tenemos la tecnología ni la intención de hacer eso. Es una utopia”, declaró Aguirre.

Por su parte, el fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Informáticos de la fiscalía, Ariel Martinez, señaló que solo cuando se tengan indicios suficientes de la comision de hechos punibles enytrara a operar lo que se prevé en la ley. “Lo que esta ley busca es una excepción pero una excepción fundada”, argumentó.

Ante la consulta de porqué Paraguay recurre a un sistema de retención obligatoria cuando en otros países, como EE.UU, recurren a una figura menos invasiva como la preservación de datos de tráfico, en la que solo se solicita la preservación por un breve periodo de los IP de personas investigadas; el agente fiscal basó su argumento en la “realidad” del pais. “Acá la realidad es totalmente diferente y la única salida que tenemos en la retención de los datos de tráfico”, sentenció.

Otro de los argumentos esgrimidos por los agentes fiscales y sus asesores es que Paraguay ya cuenta con disposiciones legales que obligan a retener los datos de tráfico. El articulo 10 de ley de Comercio Electrónico ya obliga a la misma guarda de datos solamente a los efectos de las transacciones comerciales. Tambien la ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia incluye la interceptación de datos en tiempo real, permitida bajo ciertas condiciones.

ARCHIVO DEL TERROR 2.0

David Bogado, estudiante de la Universidad Católica y usuario del servicio de internet participó de la audiencia y cuestionó a las autoridades el objetivo de la ley. Aseveró que la tendencia en países europeos es revertir este tipo de legislaciones. “En Paraguay ¿nos uniríamos a Cuba, China, o Corea del Norte?”, se preguntó.

Bogado advirtió acerca de los peligros que generaría poner en manos del Estado un acceso brutal de información que afecte a todos los ciudadanos. “Si este proyecto está hecho en democracia y pretende controlar lo que transita por internet, ¿No seria un retroceso volver a la época de los pyragues (delatores) o en este caso ‘pyrawebs’?”

 

Nacionales

Por segunda vez se suspende preliminar para Ibáñez y sus caseros de oro

La audiencia preliminar para el diputado José María Ibáñez y sus caseros quedó suspendida. La diligencia para saber si los acusados enfrentan o no juicio oral debía realizarse ante el juez penal de garantías, Miguel Tadeo Fernández. El magistrado fijó otra audiencia para el 26 de diciembre a las 09.00.

Fuente: Radio UNO

La periodista de radio UNO, Noelia González, informó que la audiencia quedó suspendida a pedido de los abogados Édgar Melgarejo y Timoteo González.

El primero es defensor de la exjefa de Gabinete, María Liz Gutierrez. El profesional pidió la suspensión, argumentando una diligencia con el fiscal Édgar Sánchez.

El segundo es representante legal de los caseros Favio Gómez Chamorro, Viviana Falcón y Éver Falcón. Pidió la suspensión porque la audiencia le coincide con un juicio oral en Misiones.

Por su parte Cecilia Pérez, abogada de Lorena Plabst (esposa de Ibáñez), justificó la ausencia de su cliente. Indicó que la exmodelo tiene reposo absoluto, ya que su embarazo es de alto riesgo.

El diputado colorado José María Ibáñez reconoció que estafó al Estado porque pagó con dinero público a los trabajadores de su quinta de Areguá.

Los fiscales Liliana Alcaraz, Victoria Acuña y José Dos Santos imputaron al parlamentario, a su esposa, a los caseros y a su exjefa de Gabinete por los hechos de estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso y cobro indebido de honorarios.

El juez penal de garantías, Miguel Tadeo Fernández, fijó otra audiencia para después de Navidad (26 de diciembre) a las 09.00.

 

Nacionales

Hay consenso para aprobar Presupuesto de la Nación

El diputado colorado Óscar Tuma sostiene que existe consenso entre los líderes de bancadas, para aprobar el proyecto del Presupuesto General de la Nación.

Fuente: Radio UNO

El planteamiento del Poder Ejecutivo asciende a 62 billones de guaraníes de los cuales, 32,1 billones serán destinados a la administración central y 29,8 billones a las entidades descentralizadas.

El proyecto no contempla aumento salarial para los funcionarios y conforme a la ley de responsabilidad fiscal prevé un déficit del 1,5 % del Producto Interno Bruto.

Sin embargo, el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, estipula un incremento del gasto de 345.474 millones de guaraníes sobre lo que planteó el Ejecutivo.

Por su parte, el dictamen de Diputados sugiere incluir un bono alimenticio para el Poder Judicial, teniendo en cuenta que deberán cumplir las ocho horas laborales sin aumento salarial. Asimismo autorizan la creación de 140 cargos en el Ministerio Público y 140 en el Ministerio de la Defensa Pública.

“La idea es aprobar el trabajo que hizo la Comisión de Diputado, hay consenso entre los principales líderes de bancada para eso”, expresó el parlamentario Óscar Tuma en conversación con Radio UNO.

JUICIO POLÍTICO

Respecto al juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, consideró que no se trata simplemente del cambio de hombres, sino que se debe aprovechar el momento para una reforma judicial.

“Se debe trabajar entre los tres poderes del Estado, para conseguir la verdadera independencia del Poder Judicial”, concluyó Tuma.

 

Nacionales

Impacto mundial: jóvenes sobresalientes premiados vestirán "trajes Ibáñez"

Lo que al principio era una manifestación solitaria de repudio a los políticos corruptos, ahora "amenaza" en convertirse en el boom de la alta moda. Los trajes anti corrupción (sin bolsillos) de Sastrerías Robert, comenzó a recibir masivos pedidos de persosas e instituciones históricamente reivindicadoras de transparencia en el manejo de la cosa pública.

“A estas alturas tenemos cuarenta pedidos de los trajes sin bolsillos, de una institución y también de personas particulares. Esto nos llena de orgullo porque representa el deseo de la gente de combatir la corrupción”, explicó a HOY Roberto Espínola, propietario de la cadena de sastrerías Robert que ideó el novedoso traje.

El 28 de noviembre próximo, la Cámara Junior Internacional, realizará su acto anual de premiación a los jóvenes sobresalientes del año. En el mismo fueron invitados (y prometieron asistir) los presidentes de los tres poderes del Estado: Horacio Cartes (Ejecutivo), Blas Llano (Legislativo) y Raúl Torres Kirmser (Judicial).

Para ese evento, 18 de los 40 pedidos de trajes anticorrupción, son para participantes de la ceremonia que, de ese modo, manifestarán el creciente afán de muchos ciudadanos que, de algún modo, repudian la corrupción y los corruptos que ocupan altos cargos en la esfera pública.

Este episodio “en gestación” ya atravesó la frontera puramente local. El diario El País de España, en su edición digital de hoy, se hace eco de la llamativa manera de expresión de repudio que representa el traje ideado en Paraguay.

“Hace un mes Roberto Espinola contrató a una agencia de publicidad y pagó en el diario Última Hora un anuncio con la ‘nueva colección Ibáñez’, sin bolsillos. Desde entonces ha recibido 22 (N de R: actualizado: 40 trajes) encargos de traje más 18 procedentes de la Cámara Junior Internacional, asociación que premia a los jóvenes sobresalientes del año en un acto oficial. Ese acto se celebrará el próximo 28 de noviembre con la presencia del Paraguay y autoridades de los tres poderes del Estado. Los representantes de la Cámara asistirán vestidos con el traje Ibáñez”, refiere el artículo periodístico del mencionado medio español.

En conversación con nuestro medio, Roberto Espínola celebra la onda de transparencia que está circulando en todo el país. Señala al mismo tiempo que resulta positivo que, desde el propio Poder Ejecutivo se impulse el proyecto de transparentar todo lo que sea manejo de los bienes públicos.

“No todo debe ser crítica a los gobernantes, algo está cambiando en nuestro país, y para que eso se foralezca todos debemos poner algo de nuestra parte”, concluye el empresario.

 

Investigaciones

Clan Machado amasó G. 35 mil millones este año en licitaciones públicas

Los excomisarios hermanos Viviano y Vidal Machado propietarios de la empresa de seguridad Tapiti SRL ya se alzaron solo este año en concepto de licitaciones en Copaco, Ande, Ministerio de Justicia y la Secretaría de Turismo un total de G. 35 mil millones (unos US$ 8,7 millones). Algunos de los procesos fueron seriamente cuestionados. Firma cuenta con padrinos vinculados al poder.

Fuente: Jorge Torres Romero (@jtorresromero)

El 31 de octubre pasado, la Copaco S.A a cago de Rogelio Benitez decidió adjudicar una licitación para el servicio de seguridad a la empresa Tapiti SRL por unos US$ 2 millones. El año pasado, otra licitación relacionada a seguridad, también fue otorgada a Tapiti pese a que se violaron disposiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones y dejando de lado incluso recomendaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

En la reciente adjudicación, la Copaco debió aplicar un criterio establecido por Contrataciones Públicas en los casos de subasta electrónica a la baja referente al empate en las ofertas arrimadas en los lances.

La telefónica estatal manejada por el exministro del Interior, Rogelio Benítez valiéndose de una discordancia de su propio pliego de bases y condiciones, utilizó el criterio erróneo e ilegal para favorecer a la empresa de los excomisarios Machado.

Si bien existe un error en el pliego, estableciendo un factor de desempate que se aparta completamente de la normativa legal y del espíritu de la aplicación del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica, Copaco, en vez de rectificar su error, se ratificó en el mismo.

La modalidad de la subasta a la baja, desde su creación por decreto ha buscado lograr la mayor transparencia y economicidad a las compras públicas, estableciendo reglas que permitan determinar con absoluta claridad a la empresa ganadora del proceso.

En este sentido, Contrataciones dictó varias resoluciones, entre ellas figura el artículo 18 inc. c) ”...finalizada la presente fase termina la competencia del grupo subastado, quedando como vencedor el oferente que ingresó el último menor precio. En caso de igualdad de precios, queda como vencedor el que haya ingresado primero el mejor precio”

En este proceso, la firma SST fue la que ingresó primero el mejor precio y no Tapiti. Sin embargo, contrariamente y violando ésta regla de observancia obligatoria para las convocantes, Copaco estableció como factor de desempate el índice de liquidez de los oferentes.

Copaco debió utilizar el criterio de desempate correcto y previsto en la legislación que rige la Subasta Electrónica y subsanar así el error del pliego, caso contrario debe cancelar el proceso y realizar un nuevo llamado ajustándose a las disposiciones legales que rigen para esta modalidad.

Dos miembros del comité evaluador firmaron en disidencia, alegando que no se prestarían a este procedimiento.

CASO ANTERIOR

En noviembre del año pasado, la Copaco había adjudicado a la firma Tapiti SRL en forma irregular. Este proceso se protestó ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y solicitó que se vuelva a evaluar las ofertas a raíz de todas las falencias que encontraron en el proceso licitatorio. La firma planteó un recurso de reconsideración y volvió a perder ante Contrataciones, pero lo mismo le adjudicaron.

Uno de los principales cuestionamientos fue que la firma Tapiti no cumplió con un requisito exigido en el pliego de bases y condiciones, que solicitaba contar con un campo de tiro y/o adiestramiento para el personal de seguridad, lo cual se debe demostrar con la presentación de los documentos que acrediten que la empresa cuenta con un campo propio y/o con un contrato de alquiler del mismo, hecho que no fue demostrado por el oferente en cuestión.

OTRO CASO EN ANDE

En setiembre de este año, también se enunció la existencia de un supuesto tráfico de influencias por parte del excomisario Machado para que la empresa de su familia se quede con un contrato de US$ 7,5 millones en la ANDE por el servicio de seguridad. Finalmente, la empresa ganó la licitación.

Con la Ande ya tenía un contrato de G. 22.000 millones el año pasado, con el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, G. 1.003 millones; con el Ministerio Público, G. 1.796 millones y con el Ministerio de Hacienda, G. 704 millones. Todos adjudicados el año pasado.

En total esta empresa emplea más de 500 guardias de seguridad, según los contratos suscriptos con las citadas entidades estatales, distribuidos en horario diurno y nocturno, según la necesidad y los requerimientos de cada institución.

De acuerdo a las planillas de composición de precios presentados en las ofertas y que forman parte de los contratos suscriptos entre Tapiti y las citadas instituciones públicas, el salario propuesto por guardia en el turno diurno es de G. 2.487.358, y para los que prestan servicio en el turno nocturno G. 3.109.200.

Sin embargo, Tapiti SRL incurre en una gran evasión en cuanto a cargas sociales se refiere, puesto que solo declara el aporte obrero patronal por el salario mínimo vigente de G. 1.658.232 para la mayoría de los 588 funcionarios inscriptos en el seguro social, según la planilla de declaración jurada de salarios presentada en el Instituto de Previsión Social (IPS).

El incumplimiento de las leyes laborales, precisiones etc., según la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación señala que será causal de rescisión del contrato.

Hace unas semanas, la ANDE le adjudicó US$ 7,5 millones por el servicio de seguridad y vigilancia. A este llamado se presentaron seis empresas (SST, Guardían SA, Los Halcones, Tapití SRL, Prosegur Paraguay SA y Watchman SRL). De todas estas firmas sólo dos (Tapiti y SST) arrimaron ofertas para los ocho lotes requeridos en el pliego.

Según consta en el acta de apertura, la firma Tapiti SRL no cumplió con las exigencias laborales vigentes, ya que no provee los pagos a sus guardias por las horas que le corresponden trabajar, así como tampoco prevé el pago de impuestos al Estado.

Conforme establece el Código Laboral, esta empresa no cotiza el 28,16% que corresponde al aporte del IPS. Según sus cálculos no estarían previendo pago de las vacaciones y aguinaldos de sus guardias. Es decir, en las planillas arrimadas en la licitación no están calculados los beneficios que deben tener sus trabajadores según dispone el Codigo Laboral. Al obviar estos beneficios, aparece como que presento la oferta más conveniente, mientras lo hace en detrimento de los intereses de sus trabajadores.

Según versiones de los propios funcionarios de la ANDE, Machado invocó su relación de amistad con el comisario Arístides Cabral, actual jefe de la seguridad del Presidente de la República, Horacio Cartes.

NEGÓ VINCULOS

En setiembre pasado, Machado fue consultado en contacto con la 650 AM, sobre su vínculo con Cabral y negó que esté realizando algún tipo de lobby. “La empresa Tapití SRL es de mi hermano (el expolicía Vidal Machado). Hace más de diez años que está en el rubro de la seguridad privada. Yo no tengo acciones ahí. Yo trabajo como abogado y apoyo a la empresa en todo lo que sea jurídico, pero no administrativo”, declaró.

Calificó de “falsedad absoluta” la información que hace referencia a un supuesto lobby a favor de la empresa Tapití en la ANDE. “En el hipotético caso si hice eso, no voy a negar y le voy a decir: ’sí, estuve procurando para conseguir un trabajo para la empresa de mi hermano’. ¿Cuál sería el problema, cuál es el delito?”, señaló.

Machado reconoció ser amigo del comisario principal Arístides Cabral. “Nos conocemos y podemos decir que somos amigos, pero no tenemos un tratamiento muy fluido”, declaró.

DESTITUIDO POR LLAMATIVA LLAMADA EN CASO DROGA

Según publicaciones periodísticas del 23 de octubre de 2009, el comisario Viviano Machado había sido destituido de la Comandancia de la Policía Nacional luego de un incidente que protagonizó su hermano, el ex policía Vidal Machado, quien efectuó una llamada telefónica a un oficial para recriminarle por un decomiso de droga.

El oficial ocupó el lugar más importante dentro de la unidad al reemplazar al comisario Federico Acuña, primer comandante policial del gobierno de Fernando Lugo.

Machado tuvo que dejar su cargo por culpa de una llamada telefónica que hizo su hermano, el ex policía Vidal Machado, al comisario Ramón Salcedo, quien intervino en un decomiso de droga en la zona de Pioneros, en el Chaco.

El oficial que recibió la llamada es hermano de Edgar Salcedo, también comisario, quien perdió a su esposa y dos hijas en un incendio provocado que se desató en su casa. Se cree que la tragedia en lo de Edgar Salcedo, ubicada en Ñemby, está vinculada con este operativo.