Recuerdan precios de pasajes y piden denunciar sobrecosto

La Dinatran recordó los precios de los pasajes a Caacupé y pidió a la ciudadanía denunciar a las empresas cuyos choferes intenten cobrar demás.

De Asunción a Ypacaraí el precio es de G. 3.100, de Asunción a Caacupé G. 4.700, de Fernando de la Mora a Ypacaraí G. 2.500, de Fernando de la Mora a Caacupé G. 4.100, de San Lorenzo a Caacupé G. 3.700 y de Capiatá a Caacupé G. 3.000.

La directora de infraestructura de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Judith Ferreira, explicó que hoy estarán las 24 horas en la Terminal de Ómnibus de Asunción, donde recibirán denuncias de los pasajeros y también aplicarán las multas.

Además de la estación de buses, también se pueden reportar los sobrecostos al 58 21 62, así como vía app, Facebook y Twitter.

La sanción contemplada para los recargos de pasaje son de 10 jornales mínimos, es decir, 750.000 guaraníes, monto que puede variar por otro tipo de infracciones.

“Si se constata que la empresa realiza un viaje en circuito sin autorización, son 45 jornales”, comentó Ferreira en contacto con la Megacadena.

Hasta el momento la Dinatran expidió un total de 273 permisos a las firmas.

Caja de Préstamos: IPS denuncia a sus funcionarios por coimear y falsificar certificados

La propia administración de IPS denunció ante el Ministerio Público a funcionarios del Departamento de Préstamos, por cohecho pasivo agravado y producción de documentos no auténticos. Los delitos fueron cometidos en el trámite de las solicitudes de créditos y la emisión de certificados médicos falsos.

Una auditoría interna del IPS, realizada en respuesta a denuncias de jubilados de la previsional, desembocó en una denuncia ante la Fiscalía contra los funcionarios Juan Emilio Cabañas Velázquez y Víctor Pablo Monges Rojas.

Para llegar a esta instancia, se procedió a la verificación de 25 solicitudes de préstamos presentadas en febrero y pendientes de aprobación.

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Los funcionarios del Departamento de Préstamos, según el informe, pidieron dinero a los jubilados a cambio de agilizar los créditos. Además, los certificados médicos no fueron emitidos por los doctores cuyas firmas figuran en los documentos, o al menos, los médicos niegan haber evaluado a los pacientes mencionados.

Durante las entrevistas hechas a dos de los jubilados denunciantes, ambos coincidieron en que recibieron la propuesta de agilización y de contactos con determinadas personas para obtener el dinero.

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Los antecedentes y datos recabados fueron remitidos a la Dirección Jurídica y posteriormente, con autorización del Consejo del IPS, se formuló denuncia contra los funcionarios mencionados.

Cohecho pasivo agravado y producción de documentos no auténticos, previstos en los artículos 301 y 246 del Código Penal son los hechos punibles denunciados.

Prosigue asistencia a familias damnificadas por inundación en Ñeembucú

El Gobierno Nacional prosigue con la asistencia a los damnificados por la inundación que se registra en el departamento de Ñeembucú. Se estima que 1.500 familias se vieron afectadas.

Desde hace unas semanas, Ñeembucú se encuentra atravesando por una delicada situación a raíz de las inundaciones, como consecuencia de las últimas precipitaciones en la región.

Distritos como Laureles, Guazucuá, General Díaz y Tacuaras, además de la capital departamental Pilar, se ven afectados por el avance del agua, obligando a miles de pobladores a abandonar sus hogares.

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Según estimaciones, alrededor de 1.500 familias del departamento se vieron damnificadas por estas inundaciones, cifra que podría ir en aumento conforme avanzan los días.

Desde el Gobierno, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), gestionaron la asistencia a los damnificados en Ñeembucú mediante el envío de kits de alimentos y otros artículos.

De igual manera, el Ministerio de Salud se encarga de coordinar la asistencia médica y la entrega de medicamentos a los pobladores, además de reforzar el stock de sueros antiofídicos.

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Por otra parte, se trabaja en el desagote y la liberación de cauces hídricos con maquinarias y personal del MOPC, el Comando de Ingeniería de las FF.AA. y funcionarios de otras instituciones.

Los trabajos se llevan a cabo de manera coordinada entre la SEN, la Gobernación de Ñeembucú y las municipalidades cuyos distritos se ven afectados por estas inundaciones.

El ‘ala argentina’ del EPP y su tarea de criar y adiestrar niños para actos de terror en Paraguay

Mientras se aguarda la decisión argentina de despojar del estatus de refugiados a activistas del EPP, van saltando al tapete algunas de las prácticas de terror que los mismos ejecutaban, entre otras cosas, utilizando a niños, hijos de epepistas, para sumar soldados a la causa terrorista.


Los cuatro que fueron detenidos y luego liberados por ser “refugiados” son María Rosa, Mirian y José Villalba Ayala, hermanos de Carmen Villalba. La otra es Tania Villalba Ayala, quien sería hija de Laura Villalba, presa en el Centro de Rehabilitación Social.

La “tarea” que realizaban desde sus residencias en el vecino paós, se basaba, por un lado, en la crianza de niños, hijos de los mismos, que luego eran repatriados al país, e insertados a la agrupación para iniciar carrera en la organización terrorista que tienen sitios de operaciones entre Concepción, Amambay y San Pedro. El modus operandi de los activistas de el EPP en Argentina, implicaba la documentación de los chicos como ciudadanos de ese país, en tanto que en Paraguay, se “agenciaban” para dotarles igualmente de nacionalidad paraguaya.

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El caso emblemático del uso de niños para sus objetivos terroristas, fue el que determinó que, en el 2020, las niñas Aurora y Liliana, fallecieran durante un enfrentamiento entre epepistas y la Fuerza de Tarea Conjunta. En esa ocasión, las dos menores, vestidas con uniforme militar, fueron utilizadas como escudos en la refriega, en donde fueron abatidas.

Otro episodio es el de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, Lichita, una niña de 14 años, hija de Carmen Villalba, supuestamente desaparecida, y de quien los epepistas utilizan su figura como presunta “victima” de las fuerzas de seguridad del Estado.